EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A los miles de conductores sancionados por circular en la antigua Madrid Central y en los tramos de la ZBE anulados por el Tribunal Supremo.
- ¿Cuándo ocurre? El Supremo ha inadmitido el recurso del Ayuntamiento de Madrid y OCU ha reclamado esta misma semana la devolución de oficio de las multas.
- ¿Qué cambia hoy? La vía administrativa queda abierta: los sancionados pueden reclamar el importe y los puntos, aunque el Consistorio aún no ha dicho si devolverá sin que medie petición.
La anulación de la ZBE de Madrid obliga a revisar miles de multas impuestas en los últimos años, según la petición pública que OCU trasladó al Ayuntamiento este jueves. La organización de consumidores reclama que la devolución sea automática y no dependa de que cada conductor se entere y reclame por su cuenta.
El movimiento llega después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación presentado por el Consistorio contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tumbó parte de la ordenanza. La decisión deja firme la anulación y, con ella, la base jurídica que sostenía las sanciones en las zonas afectadas.
Qué multas quedan tocadas y por qué
La sentencia afecta al perímetro heredado de Madrid Central y a ampliaciones posteriores de la Zona de Bajas Emisiones que el TSJM consideró aprobadas sin los estudios e informes preceptivos. El Supremo no entra en el fondo, pero al inadmitir el recurso consolida la anulación dictada por el tribunal madrileño.
En la práctica, cada sanción impuesta al amparo de esas disposiciones anuladas pierde su cobertura legal. Hablamos de multas de 90 euros con pronto pago de 45, a las que se suman en algunos casos los puntos restados por reincidencia. OCU sostiene que la Administración tiene la obligación de revisar esos expedientes por iniciativa propia, sin esperar a que el sancionado lo pida.
El Ayuntamiento, por su parte, todavía no ha concretado su respuesta. Fuentes municipales consultadas por Merca2.es apuntan que el área de Movilidad estudia el alcance exacto de la inadmisión antes de fijar un criterio público. La calle dice otra cosa.
Cómo reclamar si te multaron en la ZBE anulada
Mientras llega una respuesta institucional, cualquier conductor sancionado puede iniciar el trámite. OCU ha publicado un modelo de escrito para presentar ante el Ayuntamiento pidiendo la devolución íntegra del importe abonado más los intereses legales desde la fecha del pago.
Los pasos básicos:
- Localizar el expediente sancionador (número de boletín, fecha y ubicación del control).
- Comprobar que la infracción corresponde a un tramo afectado por la sentencia.
- Presentar solicitud de revisión de oficio o, en su caso, recurso extraordinario por la vía del artículo 125 de la Ley 39/2015.
- Acompañar justificante de pago y, si procede, acreditación de los puntos retirados.
El silencio administrativo, recuerda la organización, juega a favor del sancionado en el plano económico pero no borra por sí solo la anotación del expediente. De ahí la insistencia en la devolución de oficio: una tramitación automática evitaría un colapso en el registro municipal y ahorraría al ciudadano un trámite que, admitámoslo, no todo el mundo va a hacer.
El precedente que el Ayuntamiento no puede ignorar
Observamos un patrón conocido. En 2019, cuando el Juzgado de lo Contencioso número 24 anuló de forma cautelar la moratoria de Madrid Central aprobada por el entonces equipo de Almeida, el Consistorio tuvo que rectificar en cuestión de días y reactivar los controles. Siete años después, la historia se repite al revés: ahora es el régimen sancionador el que pierde apoyo legal y es el propio Ayuntamiento el que se resiste a mover ficha.
La devolución de oficio no es un gesto de generosidad municipal: es la consecuencia natural de una sentencia firme que deja sin base legal miles de sanciones ya cobradas.
La comparación con Barcelona tampoco es menor. Cuando el TSJ de Cataluña anuló en 2022 la ZBE del área metropolitana, el Ayuntamiento barcelonés optó por mantener las sanciones ya firmes y revisar solo las recurridas en plazo, una solución que generó litigios en cascada durante meses. Madrid se expone al mismo escenario si opta por la pasividad.
Hay un riesgo añadido que conviene subrayar. El impacto económico para las arcas municipales puede superar los varios millones de euros si la devolución se generaliza, una cifra que en un presupuesto de 6.000 millones es asumible pero políticamente incómoda en año preelectoral. A eso se suma la percepción ciudadana: una ZBE que se vendió como herramienta ambiental y termina judicialmente rota es un flanco abierto para cualquier oposición.
El siguiente hito está marcado en el calendario municipal. La comisión de Movilidad tiene previsto abordar el encaje de la sentencia en su próxima sesión ordinaria de mayo, donde el equipo de gobierno deberá aclarar si abre un procedimiento de revisión masivo o deja la pelota en el tejado del conductor. Hasta entonces, el plazo para reclamar corre. Así, sin adornos.
