EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Las acusaciones populares, representadas por del PP, han solicitado al juez de la Audiencia Nacional que impute a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, a José Luis Ábalos y a Koldo García en el caso Plus Ultra. Ya lo había solicitado también la asociación Hazte Oír a las que se han unido recientemente cuando el caso ha llegado a la Audiencia el partido político Vox y la asociación Liberum
- ¿Quién está detrás? La acusación popular, y el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción.
- ¿Qué impacto tiene? La ofensiva judicial tensa la campaña electoral y obliga al PSOE a reforzar su argumentario de lawfare, mientras la causa avanza sin imputaciones firmes.
El Partido Popular (PP) aprovecha el caso Plus Ultra para dar un nuevo paso en su estrategia judicial contra el PSOE. La representación de la acusación popular que controla el grupo de Alberto Núñez Feijóo ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investigue a las dos hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. El escrito, registrado en la causa que analiza el rescate de la aerolínea Plus Ultra, alcanza también al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su ex asesor Koldo García, ambos en prisión.
La petición se apoya en los informes de la UDEF que sitúan a la empresa Whathefav -administrada por las hijas de Zapatero- como pieza clave en una supuesta red de tráfico de influencias. Según el sumario, la sociedad cobró más de 800.000 euros en cinco años por servicios que la policía considera carentes de «valor técnico» y que estarían vinculados al éxito del rescate millonario de Plus Ultra, aprobado por el Gobierno en plena pandemia.
Desde Ferraz se observa el movimiento con frialdad estratégica. Fuentes de la dirección federal subrayan que «el PP vuelve a convertir la justicia en un arma de campaña». El PSOE insiste en que no hay ningún imputado formal en la causa y recuerda que el propio Zapatero no ostenta cargo público desde 2011 y que las actividades de sus hijas son ajenas al partido.
La ofensiva judicial del PP y sus grietas argumentales
El PP construye su relato sobre dos supuestas «vías» de influencia: la vía Zapatero, que habría utilizado su ascendencia política para allanar el rescate, y la vía Ábalos, a través del exministro y su asesor. La acusación popular sostiene que las hijas del expresidente eran las administradoras de la sociedad que recibió los pagos presuntamente ilícitos y que cada una ingresó unos 200.000 euros en sus cuentas durante ese lustro.
Sin embargo, los socialistas contraatacan con dos argumentos. En primer lugar, subrayan que Ábalos ya está a la espera de sentencia en el Tribunal Supremo por otra causa y que su inclusión en este procedimiento sería redundante. Y, en segundo lugar, ponen el foco en el hecho de que el PP utilice la figura de la acusación popular, que está pensada para que particulares persigan delitos de interés público, para convertir un juzgado en un tribunal político.
«El PP tiene una mayoría parlamentaria sólida y podría haber impulsado una comisión de investigación; en lugar de eso, prefiere el atajo judicial que le permite mantener vivo el mensaje de corrupción sin necesidad de probar nada», ha asegurado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso antes de iniciarse la sesión de control. La formación de Feijóo, por su parte, defiende que se limita a ejercer sus derechos como parte perjudicada y que solo pide que se investigue.
Las claves del caso Plus Ultra y el papel de los socialistas
El rescate de Plus Ultra se aprobó en 2021 con un préstamo de 53 millones de euros de la SEPI para evitar la quiebra de la aerolínea. La UDEF ha señalado en sus informes que el expresidente Zapatero y su amigo Julio Martínez intervinieron ante el Gobierno para inclinar la decisión, y que a cambio habrían cobrado una comisión a través de la empresa de sus hijas. La investigación apunta también a un alto cargo de la SEPI, José Ángel Partearroyo, y a varios mediadores, aunque ninguno ha sido citado aún a declarar.
El PSOE insiste en que la operación fue legal, que fue dictaminada por los servicios técnicos del Estado y que salvó cientos de empleos. En privado, responsables del partido admiten que la causa «es un marrón reputacional», pero confían en que el juez no vea indicios suficientes y acabe archivando, como ocurrió con otros casos mediáticos que el PP utilizó durante la pasada legislatura.
La incógnita ahora es si el magistrado Calama aceptará alguna de las imputaciones solicitadas. Las fuentes jurídicas consultadas por este medio apuntan a que la decisión podría demorarse semanas, ya que el juez debe valorar también la situación procesal de los investigados por otros delitos, especialmente en el caso de Ábalos, que ya tiene una condena pendiente.
El Eje del Poder Socialista
La maniobra del PP, más que una amenaza judicial real, se interpreta en Ferraz como una operación política diseñada para erosionar al Gobierno de Pedro Sánchez en pleno año electoral. El PSOE lleva meses blindando su discurso sobre el «lawfare» y la instrumentalización de la justicia, y este caso le sirve para reforzar un argumentario que ya empleó durante las elecciones autonómicas y municipales.
En el plano interno, el caso Zapatero no genera las mismas fricciones que otros escándalos cercanos a la cúpula. El expresidente mantiene un perfil muy bajo y su círculo no interfiere en la dirección actual. De hecho, varios barones territoriales como Adrián Barbón o María Chivite han defendido públicamente que «la justicia no se debe usar para dirimir batallas electorales», y la Ejecutiva Federal ha evitado pronunciarse directamente, dejando la réplica en manos del grupo parlamentario y de los portavoces del Gobierno.
La lectura a medio plazo es menos optimista para el PP. Los sondejos internos del PSOE, a los que ha tenido acceso Moncloa.com, indican que la ciudadanía penaliza más la judicialización de la política que los propios casos de corrupción cuando no están acompañados de pruebas sólidas. De ahí que la formación de Feijóo haya optado por una estrategia de máximo ruido en los medios, pero sin asumir el coste de presentar una moción de censura ni pedir una comisión de investigación parlamentaria, que le obligaría a exponer sus cartas.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El PP utiliza la acusación popular para fabricar causas generales contra el PSOE en vísperas electorales; no hay imputados firmes y la justicia debe seguir su curso sin interferencias partidistas.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), aunque la respuesta oficial la ha canalizado Patxi López (portavoz del GPS en el Congreso).
- Próximo hito: El juez Calama deberá decidir si acepta las imputaciones en las próximas semanas; el PSOE confía en que el auto no inculpe a ningún cargo socialista.
