La Administración Trump ha activado este viernes un nuevo paquete de aranceles que oscilan entre el 10% y el 12,5% sobre productos de 60 economías, bajo el argumento de que esos países no aplican con suficiente rigor las prohibiciones contra el trabajo forzoso. Las tasas sustituyen al arancel global temporal del 10% que expiraba hoy y se aplican a más del 99% de las importaciones estadounidenses, según ha confirmado el Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Jamieson Greer.
Un arancel con justificación humanitaria y raíz comercial
La medida se fundamenta en una ley de comercio que Washington sostiene que lleva casi un siglo prohibiendo las importaciones producidas con trabajo forzoso. Greer argumentó que los socios comerciales de Estados Unidos deberían adoptar estandares similares y que los nuevos gravámenes corrigen “tanto un abuso de los derechos humanos como una práctica comercial distorsionadora”.
Sin embargo, los críticos ven en la iniciativa una fórmula para reconstruir el muro arancelario de Trump sobre una base legal más firme, después de que el Tribunal Supremo anulase los aranceles globales impuestos bajo poderes de emergencia. El impacto económico inmediato, en cualquier caso, es reducido: las nuevas tarifas apenas elevan el listón medio desde el 10% vigente, y productos como el petróleo, el gas, los fertilizantes, ciertos alimentos y los minerales críticos quedan exentos.
El alcance geográfico es total. Desde la UE hasta China, pasando por Australia, Brasil, Noruega y Japón, las 60 economías afectadas concentran la práctica totalidad de las compras exteriores de Estados Unidos. La Administración Trump ha precisado que quienes se hayan comprometido a prohibir las importaciones con trabajo forzoso se enfrentan al tipo reducido del 10%, mientras el resto asume el 12,5%.
Rechazo unánime de los socios y amenaza de ola de represalias
La respuesta internacional no se ha hecho esperar. La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, tachó de infundadas las acusaciones de Washington y recordó que el bloque ofrece más protección laboral que Estados Unidos. “Tenemos vacaciones pagadas y condiciones muy buenas para nuestros empleados, así que no está justificado”, declaró, subrayando además que las empresas europeas necesitan previsibilidad.
Australia calificó los aranceles de “injustificados”, Brasil acusó a Estados Unidos de instrumentalizar una causa de derechos humanos para imponer restricciones comerciales y Noruega afirmó que “no hay base” para las medidas. Japón defendió sus estándares laborales, mientras China rechazó las acusaciones y, de paso, los aranceles unilaterales. Pekín no descarta acciones ante la Organización Mundial del Comercio.
Washington ha encontrado en el trabajo forzoso un pretexto legal para perpetuar su proteccionismo sin provocar un choque inmediato en los precios.
El trasfondo energético añade otra capa de tensión. La UE arrastra precios elevados de la electricidad y una competitividad industrial debilitada desde que prescindió del gas ruso barato, contexto que Bruselas trata de gestionar sin abrir un nuevo frente con Washington. Sin embargo, fuentes comunitarias admiten que si la disputa escala, la respuesta coordinada será inevitable.
Equilibrio de Poder
La decisión de Trump supone un paso más en la estrategia de sustituir el multilateralismo comercial por acuerdos bilaterales coercitivos. En Washington, el Representante Greer defiende que la medida nivela el campo de juego, pero la realidad es que abre una brecha con Bruselas en un momento en que Occidente necesita cohesión frente a otras potencias. La UE, que ya lidia con una dependencia energética menguante y una industria en retroceso, ve cómo su principal aliado utiliza el comercio como herramienta de presión unilateral.
Para España, el impacto directo de estos aranceles es limitado en primera instancia, porque el diferencial respecto a la tasa anterior es mínimo y las exportaciones españolas de bienes industriales y agroalimentarios a Estados Unidos no han sufrido un golpe adicional significativo. Sin embargo, la amenaza latente de nuevos gravámenes por sobrecapacidad industrial —Washington investiga a 16 socios, incluida la UE— sí podría afectar a sectores clave como la automoción, la siderurgia o los componentes electrónicos. Moncloa sigue la evolución con preocupación, consciente de que un agravamiento de la guerra comercial encarecería las importaciones y pondría en riesgo la recuperación económica.
Moscú, pese a no ser blanco directo, explota la fisura atlántica para fortalecer sus lazos con Pekín y desviar la atención de las sanciones. Las cadenas de suministro globales, ya tensionadas, podrían resentirse si la disputa se generaliza.
El precedente histórico más cercano es la guerra arancelaria de 2018-2019, en la que la UE respondió con contramedidas a los aranceles al acero y al aluminio. Entonces, las exportaciones españolas cayeron un 12% en los sectores afectados. Ahora, la novedad es que el argumentario de Washington se viste de derechos humanos, lo que dificulta una réplica contundente sin parecer insensible. No obstante, el comercio mundial ya ha aprendido que detrás de las coartadas humanitarias suele esconderse un cálculo de poder.
La escalada dependerá de cómo reaccione Bruselas. Kallas ha puesto el foco en los compromisos cumplidos, pero si la Administración Trump persevera en la vía unilateral —y más aún si avanza la investigación por sobrecapacidad— la UE tendrá que decidir entre negociar cuotas o recurrir a la OMC. Mientras tanto, Pekín observa la división transatlántica como una oportunidad para afianzar sus propias cadenas de suministro. La próxima reunión del Consejo de Comercio UE-EEUU, prevista para septiembre, será un termómetro de la fractura. Si no hay avances, el otoño podría traer una nueva ronda de represalias. En el tablero global, el movimiento de Trump reconfigura los alineamientos comerciales tradicionales y obliga a la UE a revisar su autonomía estratégica.
