El mayor halcón comercial en décadas se ha convertido, paradójicamente, en el principal valedor de los chips que alimentan la inteligencia artificial china. La administración Trump, que llegó al poder prometiendo asfixiar a Pekín, ha ido levantando restricciones, restaurando accesos y autorizando ventas que la CIA considera una amenaza directa para la seguridad nacional. La explicación no está en una sola persona: es el choque frontal entre la geopolítica de la inteligencia y la cuenta de resultados de las grandes tecnológicas.
El pasado mes de junio, el gobierno cerró el acceso mundial a los modelos de vanguardia de Anthropic mediante una orden de control de exportaciones, y dieciocho días después dio marcha atrás. El motivo no fue un cambio de valoración del riesgo, sino la presión asfixiante de los directivos de Nvidia, Micron y Qualcomm, que en mayo acompañaron a Trump en su visita a Pekín para, literalmente, hacer lobby a favor del mercado chino. La escena resume el nuevo equilibrio de fuerzas: la Casa Blanca necesita a esas empresas para mantener la ventaja tecnológica, pero las empresas necesitan a China para mantener sus márgenes.
La dependencia es brutal. En 2025, casi la mitad de las ventas de Qualcomm fueron a compañías con sede en China. Nvidia, que no declara ingresos públicos por contratos gubernamentales, obtiene más de una quinta parte de su facturación del mercado chino. La administración ha descubierto que cualquier restricción sobre los semiconductores se traduce en una caída acumulada de 150.000 millones de dólares en la capitalización bursátil de las tecnológicas estadounidenses, según cálculos de la Reserva Federal, y en un incentivo inmediato para que los fabricantes chinos busquen proveedores locales.
La paradoja comercial que desarma al Pentágono
Los servicios de inteligencia llevan años clamando por cortafuegos más estrictos. La Annual Threat Assessment de la ODNI sitúa la transferencia de tecnología de doble uso como una de las principales amenazas a la seguridad nacional, y la CIA ha advertido en sesiones clasificadas del Comité de Inteligencia del Senado que los avances en IA de Pekín —entrenados con chips estadounidenses— están acortando la ventana de superioridad militar de Estados Unidos y sus aliados. Pero la política comercial va en dirección contraria, y a un ritmo errático que impide cualquier planificación industrial.
El último bandazo lo ilustra bien: la administración Biden había diseñado un sistema global de licencias que, en la práctica, cerraba las compuertas para el acceso remoto a chips a través de la nube. Trump lo desechó nada más llegar, y permitió que empresas chinas alquilaran potencia de cálculo equivalente a miles de millones de dólares en silicio de última generación. Cuando los analistas del ODNI protestaron, la respuesta fue otra sacudida: un cierre temporal de modelos, esta vez de Anthropic, que se revocó al comprobarse que la medida paralizaba los servicios en todo el planeta, no solo en China.
De la Guerra Fría a Wall Street: por qué los controles ya no funcionan
En 1960, el gobierno federal financiaba el 65 % del gasto en I+D del país y la NASA y el Pentágono eran los únicos compradores de semiconductores durante los primeros cuatro años de producción. Las empresas tecnológicas vivían del presupuesto público y no se atrevían a enfadar al mayor cliente de la historia. Hoy la proporción se ha invertido: en 2024, las empresas privadas pusieron el 75 % de los dólares de I+D, y las compras federales representan menos del 1 % de los ingresos de gigantes como Alphabet, Microsoft o Micron. El gobierno ha perdido toda capacidad de condicionar por la vía del presupuesto las decisiones comerciales de las compañías que deberían ser su cortafuegos.
El resultado es un impuesto invisible sobre la innovación. Los investigadores de la Fed han documentado que cada restricción reduce el tamaño del mercado al que las compañías pueden vender y, con ello, su incentivo para invertir en nueva tecnología. La paradoja es letal: la Casa Blanca castiga a las mismas empresas que necesitan para ganar la carrera tecnológica, y Pekín lo sabe. De hecho, la estrategia china consiste en en dejar que Washington se atasque en su propio vaivén normativo mientras absorbe, legalmente, todo el conocimiento que puede durante las fases de laxitud.
La política de exportación estadounidense se ha convertido en una montaña rusa que beneficia a Pekín: le da acceso intermitente a tecnología punta y desincentiva la inversión de las empresas que deberían frenarlo.
La solución, según un nuevo documento de trabajo del centro Lawfare, pasa por aparcar la nostalgia de la Guerra Fría y diseñar una política industrial de ambición equivalente al desafío. Se trata de emparejar controles de exportación estrictos con créditos fiscales compensatorios para las industrias afectadas. Si las empresas saben que el Tesoro aliviará el coste de las ventas perdidas, tendrán menos razones para sabotear los controles y el gobierno podrá mantenerlos sin dispararse en el pie.
No es una propuesta que guste a los halcones fiscales, y el argumento de que supone regar con dinero público a las compañías más ricas del planeta tiene fuerza. Pero sin una compensación explícita, el actual esquema se convierte en una carrera hacia el abismo: cada restricción que se impone genera tal presión política que acaba derogándose, dejando libre el camino para que el hardware más avanzado termine, antes o después, en los servidores del MSS chino o del Segundo Departamento del Estado Mayor.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Lo que está en juego no es solo la cuota de mercado de Nvidia. Me consta, por fuentes de la comunidad de inteligencia, que los informes clasificados que circulan por la OTAN sitúan la fuga tecnológica hacia China como el principal multiplicador de amenazas asimétricas para esta década. Estimo que la práctica totalidad de los documentos que sustentan las restricciones originales lleva la marca de ‘Top Secret’, y no es para menos: hablamos de la capacidad de un competidor sistémico para dotar a sus fuerzas armadas de sistemas de armas autónomos entrenados con datos robados a Occidente.
La lección amarga la conozco bien. Ya advertí en El quinto elemento que las infraestructuras críticas españolas —8.000— dependen de sistemas interconectados que cualquier Estado con suficiente inversión en ciberguerra puede atacar. El próximo 11S empezará con un clic sobre un modelo de IA entrenado con chips vendidos por la empresa que usted tiene en cartera. El caso Toshiba-Kongsberg de 1987 —cuando la compañía japonesa vendió a la Unión Soviética fresadoras de precisión para hélices submarinas, violando las reglas del COCOM— nos recuerda que las filtraciones tecnológicas tienen consecuencias geopolíticas que tardan décadas en repararse. La diferencia es que entonces Washington podía amenazar con sanciones devastadoras porque el gobierno era el principal cliente de Toshiba. Hoy, si sanciona a Nvidia, Pekín abre otra botella de vino.
El vector de amenaza, en la práctica, es una erosión de la ventaja tecnológica por presión comercial que alimenta un ciclo perverso. La agencia atacante —sin necesidad de desplegar un solo agente HUMINT— es la Dirección General de Equipamiento del Ejército Popular de Liberación, que se beneficia de cada chip que cruza legalmente la aduana durante las ventanas de laxitud. La defensora es la comunidad de inteligencia estadounidense, con la CIA y la NSA en primera línea, pero maniatadas por una Casa Blanca que cambia de criterio cada trimestre. Los terceros que miran con preocupación son los aliados de los Cinco Ojos y, muy en particular, el CNI, porque cada avance chino en fusión de sensores y análisis masivo de datos erosiona la capacidad de España para proteger sus propias redes.
Lo veo así: la única salida estable es un pacto industrial que reconozca que las empresas no pueden ser, al mismo tiempo, el cortafuegos de Occidente y las máximas beneficiarias del mercado chino. Si Washington no compensa el lucro cesante, el péndulo seguirá oscilando y Pekín seguirá ganando tiempo. Le aseguro que en la sede de la calle de los Hermanos Bécquer llevan meses monitorizando esta dinámica, porque España es un actor secundario pero relevante en la cadena de suministro de semiconductores, y cualquier disrupción nos afecta en el acto. La próxima reunión del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos —prevista para septiembre— puede ser el primer test de si la administración está dispuesta a cambiar el guion.
