EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Siete países de la UE, con España a la cabeza, han remitido un documento conjunto a Bruselas exigiendo que no se rebaje el objetivo de cero emisiones para los turismos nuevos en 2035. La Comisión Europea propuso en 2025 reducirlo al 90%.
- ¿Quién está detrás? El bloque lo integran España, Francia, Dinamarca, Portugal, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia. Alemania e Italia quedan fuera de esta alianza climática.
- ¿Qué impacto tiene? Para España, mantener el veto total es clave para preservar las inversiones en electrificación realizadas por Seat, Renault, Ford o la gigafactoría de baterías de Sagunto. Un retraso pondría en jaque miles de millones de euros comprometidos.
España ha tomado la iniciativa. Junto a otros seis Estados miembros, ha exigido a la Comisión Europea que mantenga intacta la prohibición de vender coches con motor de combustión a partir de 2035. En un documento difundido ayer y al que ha tenido acceso La Vanguardia, los gobiernos de Madrid, París, Copenhague, Lisboa, Luxemburgo, La Haya y Estocolmo advierten de que ‘socavar la integridad y la previsibilidad de este marco regulador sería un error estratégico’. La presión se produce mientras Bruselas debate su propuesta de rebajar el objetivo del 100 % de reducción de emisiones al 90 % para ese año, lo que permitiría que los híbridos enchufables, los motores alimentados con combustibles sintéticos o los sistemas de extensor de autonomía pudieran seguir comercializándose más allá de 2035.
La postura de España no es nueva. Ya en diciembre de 2025, cuando la Comisión abrió la puerta a esta flexibilización, el Gobierno de Pedro Sánchez se opuso frontalmente. Aquel movimiento, impulsado sobre todo por Alemania para abrir un resquicio a los combustibles sintéticos (e-fuels), contó con el apoyo inicial de Italia y varios países del Este, preocupados por la competitividad de sus plantas. Ahora, la alianza de siete países consolida un frente climático que intenta frenar lo que consideran un retroceso en la principal norma verde de la UE.
Un documento con sello español que marca línea roja
El texto, fechado el 8 de junio, insiste en que las inversiones realizadas en la transición eléctrica ‘están dando resultados significativos’ y que cualquier rebaja de los objetivos ‘sería un error estratégico’. Los siete firmantes aceptan que puedan existir ciertas flexibilidades para los fabricantes, pero advierten de que deben ser ‘estrictamente limitadas, condicionadas y cuidadosamente diseñadas’ para no diluir la señal de inversión hacia la electrificación. Entre las medidas que reclaman está reforzar las condiciones que faciliten el despegue del vehículo eléctrico: más puntos de recarga, incentivos a la demanda y el desarrollo del mercado de segunda mano, de modo que hogares y empresas tengan acceso real a una movilidad sin emisiones.
La letra concreta del documento no solo defiende el 100 % de reducción de emisiones, sino que exige que la revisión legislativa prevista para 2026 (la conocida como cláusula de revisión del Reglamento de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas) no sirva para abrir una ventana permanente a los motores de combustión. Según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica consultadas por Moncloa.com, ‘la industria española está lista para el cambio y su cadena de valor ya ha iniciado la transformación; rebajar la ambición sería desincentivar lo logrado’.
Por qué la Comisión coquetea con abrir la mano
La propuesta de la Comisión Europea, que deberá ser negociada entre el Consejo y el Parlamento Europeo, responde a un contexto de creciente nerviosismo industrial. La competencia china, la pérdida de cuota de mercado de los fabricantes europeos y las dificultades de la industria alemana para cambiar de rumbo han llevado a Berlín a pedir flexibilidad. La idea de pasar del 100 % al 90 % de reducción con compensaciones vía combustibles sintéticos o acero verde busca dar aire a una parte del sector que aún ve lejana la rentabilidad del eléctrico. Pero el bloque pro-electrificación teme que esa puerta acabe convirtiéndose en una demora encubierta de la transición.
Para España, el coste económico de un retraso sería mayúsculo. El país es el segundo productor europeo de automóviles y el primero de vehículos industriales. La gigafactoría de baterías de Sagunto (Valencia), impulsada por Volkswagen, y los proyectos de electrificación de las plantas de Martorell (Seat), Almussafes (Ford) o Vitoria (Mercedes) suman inversiones superiores a los 10 000 millones de euros en los últimos tres años. Si la señal regulatoria se debilita, advierte el sector en foros como Anfac, esos compromisos corren el riesgo de enfriarse. La ecuación es simple: sin un horizonte claro de prohibición, la rentabilidad futura de los eléctricos se difumina.
La flexibilidad sin límites diluye la señal de inversión que necesita la cadena industrial europea para apostar por el eléctrico sin miedo a sufrir desventajas competitivas.
El Eje del Poder Europeo
La geometría de este pulso es reveladora. Quedan fuera de la firma Alemania e Italia, las otras dos grandes locomotoras de la automoción europea. Alemania, con su histórica dependencia del motor de combustión y su apuesta por los e-fuels, sigue siendo la principal promotora de una flexibilización. Italia, por su parte, con una industria auxiliar muy centrada en el diésel y poca penetración del eléctrico, tampoco ha respaldado la misiva. Sin embargo, la lista de firmantes une a países que a menudo se sientan en mesas diferentes: España, Francia y Portugal, habituados a coordinar posiciones en materia industrial, pero también Países Bajos, Suecia y Dinamarca, que en otros debates (como el fiscal) se alinean con los frugales del norte. Esa amplitud confiere al documento una fuerza política que trasciende el eje norte-sur.
El precedente de las batallas legislativas sobre la norma Euro 7 o la propia inclusión de los e-fuels en el actual reglamento de CO2 de 2023 —cuando Alemania arrancó una concesión de última hora— demuestra que estas negociaciones suelen resolverse en los trílogos con monedas de cambio. Moncloa aspira a que la presidencia española de la UE en la segunda mitad de 2023 dejó un legado climático que ahora no se desmonte. La partida se jugará en el Parlamento Europeo, donde los grupos verdes y socialdemócratas defienden mantener el 100 %, y en el Consejo, donde la minoría de bloqueo la fijan cuatro Estados que sumen al menos el 35 % de la población de la UE. Si el bloque de los siete suma apoyos adicionales, la Comisión podría verse forzada a dar marcha atrás.
Lo que observamos es que, más allá de las emisiones, este debate define quién controla el relato industrial de la próxima década. España ha decidido que su futuro está en la electrificación y apuesta fuerte. La pregunta es si Bruselas estará a la altura de la apuesta o cederá a la presión de quienes aún no han soltado el motor térmico. La próxima cumbre medioambiental del Consejo, prevista para octubre, será el primer test real de esta guerra de posiciones.
