La Unión Europea da un paso más hacia la externalización del control migratorio. Cinco Estados miembros –Países Bajos, Dinamarca, Austria, Grecia y Alemania– han sellado una alianza informal para explorar la creación de un ‘centro de retorno’ extraterritorial, calcado del modelo que Italia ya aplica en Albania. El plan, aún en fase de diseño, comparte contactos diplomáticos y experiencia técnica para conseguir que un país tercero acepte acoger a migrantes en tránsito, a cambio de contrapartidas como visados o ventajas comerciales.
La ‘coalición de voluntarios’ para la deportación
La fórmula recuerda a la de la coalición para Ucrania, pero aquí no hay tanques ni tropas: se intercambian ideas y agendas diplomáticas. Los cinco países evitan revelar los candidatos a albergar las instalaciones, por miedo a que las negociaciones descarrilen. El ministro neerlandés de Migración, Bart van den Brink, ha asegurado que en otoño de 2026 esperan concretar el plan, mientras la primera ministra danesa, Mette Frederiksen –socialdemócrata y firme defensora de la externalización– fija el nacimiento del primer centro entre este año y 2027.
El respaldo político es amplio. En la última cumbre del Consejo Europeo, 19 países firmaron una carta pidiendo a la Comisión Europea que apoye financieramente esos centros con fondos comunitarios. «Lideraremos personalmente el camino para que nuestras visiones se hagan realidad», rezaba el texto, y alentaba a la Comisión a destinar recursos e invitar a Acnur y a la OIM a participar.
Esas aspiraciones cobran cuerpo gracias al reciente acuerdo entre el Consejo y la Eurocámara sobre el nuevo reglamento de retornos. La norma avala la creación de centros de detención en terceros países, como los que Italia impulsa en Albania. En el hemiciclo, la ultraderecha celebró la votación coreando «send them back», mientras la izquierda replicaba con «shame on you». La presidenta Metsola condenó los cánticos «agresivos» y prometió medidas para que no se repitan.
Los frenos legales y la oposición de París y Madrid
El Consejo de Europa, guardián de los derechos humanos, ha enviado cartas a los ministros de Migración de los cinco países para advertirles de que los centros de retorno plantean «riesgos considerables para los derechos humanos», incluidos malos tratos y detención arbitraria. Su comisario, Michael O’Flaherty, reclama cuatro salvaguardias: evaluación de riesgos previa, seguimiento riguroso, acuerdos jurídicamente vinculantes y escrutinio parlamentario y judicial.
Mientras Alemania o Italia no muestran reparos, España y Francia se oponen abiertamente. Pedro Sánchez calificó la iniciativa de «trampantojo que malgastará recursos», y Emmanuel Macron fue más lejos: «No he visto funcionar un centro de retorno en un tercer país». Ambos líderes rechazan tanto el pragmatismo como los principios, lo que sitúa a las dos mayores economías del sur y del oeste en un bloque minoritario frente a la marea de gobiernos conservadores.
Europa se juega más que un modelo migratorio: la creación de centros de deportación fuera de la UE redefine los principios del Estado de derecho y la cohesión interna, con España y Francia como última resistencia pragmática.
El Eje del Poder Europeo
La alianza de los cinco es, sobre todo, un síntoma del nuevo equilibrio político en la UE. La Eurocámara salida de las elecciones de 2024 está más escorada a la derecha, y 19 gobiernos comparten una visión restrictiva. La Comisión, de momento, se limita a señalar que «los próximos pasos están en manos de los Estados miembros», pero el contexto presupuestario lo dice todo: las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual incluyen un instrumento financiero para financiar centros de deportación en el extranjero. La derecha europea está a la ofensiva.
Para España, el dilema es doloroso. El Gobierno de Sánchez se opone frontalmente, pero la dinámica del Consejo reduce su margen: si 19 países piden fondos y la Comisión cede, Madrid puede quedar arrinconada en un debate que se resolverá por mayoría cualificada. Además, la presión migratoria en las costas españolas y en Canarias hace difícil mantener una posición de principios sin ofrecer alternativas. La paradoja es que Italia, con el modelo Albania, se ha convertido en referente de la nueva doctrina, mientras España pierde peso como voz moderada.
El precedente histórico más claro es la Declaración UE-Turquía de 2016, que también externalizó el control de flujos a cambio de dinero, pero sin ceder territorio soberano. Ahora, los centros en Albania o futuros emplazamientos van un paso más allá: implican la cesión de parte de la jurisdicción europea y abren un debate sobre hasta dónde puede llegar la externalización sin erosionar los valores fundacionales. El comisario O’Flaherty lo ha recordado: sin garantías jurídicas sólidas, la UE corre el riesgo de violar sus propios tratados.
A corto plazo, la presión aumentará en otoño, cuando los cinco países presenten un plan más concreto y la Comisión defina si destina fondos europeos a estos centros. España y Francia necesitarán aliados inesperados –quizá los países frugales, preocupados por el coste– para frenar una inercia que, hoy, parece imparable. Mientras tanto, el fantasma de un centro de deportación en suelo albanés, financiado con dinero comunitario, deja en el aire la pregunta de si la UE está dispuesta a pagar para no ver.
