La Mesa del Congreso ha recibido y dado trámite esta semana al suplicatorio (la solicitud que un tribunal envía a la Cámara para que suspenda la inmunidad de un parlamentario) del Tribunal Supremo contra el diputado de Sumar Félix Alonso, a quien quiere investigar por un presunto delito de prevaricación administrativa cometido cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona). Te cuento por qué el Supremo ha pedido el suplicatorio, cómo será el procedimiento parlamentario y qué plazos manejará el Congreso a partir de septiembre.
El escrito del alto tribunal llegó al Congreso el pasado 14 de julio, pero no ha sido hasta hoy, 26 de julio, cuando la Mesa, presidida por Francina Armengol, lo ha remitido a la Comisión del Estatuto del Diputado. Como julio y agosto son meses inhábiles, la comisión no comenzará a examinar el caso hasta el 1 de septiembre, según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press.
¿Por qué el Supremo quiere investigar al diputado?
El magistrado del Tribunal Supremo considera que existen indicios de que Alonso, durante su mandato como alcalde entre 2015 y 2023, habría recurrido a contratos menores para adjudicar servicios públicos sin sujetarse a la legislación de contratación pública. En concreto el auto señala que “se recurrió a la figura del contrato menor para realizar contratos sin sujetarse a la legislación específica en la materia”.
Félix Alonso ya prestó declaración voluntaria el pasado 15 de junio ante el Supremo, donde defendió la legalidad de las adjudicaciones y negó cualquier irregularidad. Un mes después, el tribunal elevó el suplicatorio al considerar que los hechos podrían constituir un delito de prevaricación administrativa.
Calendario y tramitación a partir de septiembre
La Comisión del Estatuto del Diputado —el órgano parlamentario que examina los suplicatorios— está presidida por el popular Manuel Cobo y cuenta con un representante de cada grupo. Todas sus reuniones son a puerta cerrada. A partir del 1 de septiembre dispondrá de 30 días hábiles para elaborar un dictamen, durante los cuales deberá escuchar al diputado afectado, que puede comparecer en persona o por escrito.
El voto final en el Pleno es secreto y sin disciplina de partido: cada diputado decide en conciencia, como ha sucedido en los 34 suplicatorios aprobados hasta ahora.
Una vez que la comisión emita su propuesta, el Pleno del Congreso será el que decida. La votación de los suplicatorios se celebra a puerta cerrada y en secreto: los diputados no están sujetos a consignas de voto y solo se hace público el resultado final. Si el Pleno autoriza la suspensión de la inmunidad, la presidenta Armengol lo comunicará al juez en un plazo de ocho días.
En caso de que el Congreso no se pronuncie en un plazo de sesenta días naturales —computables únicamente durante el periodo de sesiones— el suplicatorio se considerará denegado automáticamente.
El contexto: segundo suplicatorio de la legislatura y precedentes
El de Alonso es el segundo suplicatorio que tramita esta legislatura. El anterior fue el del exministro José Luis Ábalos, aprobado en enero de 2025, que acabó con una condena de 24 años de prisión por el ‘caso mascarillas’. Fuera de esta legislatura, destacan los suplicatorios concedidos contra la expresidenta de Junts Laura Borràs (condenada por fraccionar contratos) o el exportavoz Alberto Rodríguez, cuya condena por una patada a un policía le costó el escaño.
A lo largo de su historia, el Congreso ha aprobado 34 suplicatorios y ha rechazado 14. La última negativa data de 1988, en un litigio por derecho al honor del exministro José Barrionuevo. Entre los concedidos figuran los de diputados de Herri Batasuna por incidentes en la Casa de Juntas de Guernica o el del exministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? La Mesa del Congreso ha admitido a trámite el suplicatorio del Supremo contra Félix Alonso por presunta prevaricación.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El diputado de Sumar Félix Alonso, el Tribunal Supremo y la Comisión del Estatuto del Diputado.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La comisión estudiará el caso a partir del 1 de septiembre, con un plazo de 30 días para dictaminar antes de que vote el Pleno en secreto.
