El Govern ultima un plan piloto para desplegar Mossos de paisano en institutos catalanes ante el aumento de la conflictividad escolar. La medida, avanzada este jueves por medios catalanes y confirmada a Moncloa.com por fuentes del Departament d’Interior, arranca el próximo curso en una decena de centros seleccionados por su perfil de incidencias. Las familias y el profesorado ya han dicho que no.
La iniciativa, coordinada entre los Departaments d’Interior y d’Educació, sitúa a agentes sin uniformar en el interior y el entorno de los centros para detectar tráfico de drogas, peleas, intimidaciones y situaciones de acoso que escapan al radar de los equipos docentes. Se activará tras los consejos escolares del curso 2026-2027, según el calendario que maneja la Conselleria. La letra pequeña, sin embargo, la está escribiendo otro actor: la comunidad educativa, que lo rechaza de plano.
Qué contempla el plan piloto y dónde se aplicará
Los agentes actuarán de paisano, sin placa visible, y rotarán por centros de secundaria en zonas con registro alto de incidentes reportados a Mossos d’Esquadra durante los dos últimos cursos. Fuentes de Interior consultadas por esta redacción hablan de una decena de institutos en el arranque, repartidos entre el área metropolitana de Barcelona, el Vallès y alguna capital de demarcación. El despliegue se enmarca en la Oficina de Relacions amb la Comunitat y no sustituye la figura del agente tutor uniformado, que seguirá operativa.
El coste del piloto no se ha hecho público. Desde el Govern se insiste en que el programa no implica contratación nueva, sino reasignación de efectivos ya existentes. Ahí arranca parte del malestar: los sindicatos policiales preguntan de dónde se sacan esos agentes en un cuerpo con déficit crónico de plantilla, y las familias preguntan lo contrario, por qué se refuerza la vía policial mientras los educadores sociales siguen recortados.
La oposición frontal de Affac, profesorado y educadores
La Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes de Catalunya (Affac rechaza el plan y lo califica de solución equivocada al problema real). Su argumento es doble: la escuela no es un espacio policial y la conflictividad no se resuelve con vigilancia encubierta, sino con recursos humanos especializados. Los sindicatos docentes, con USTEC al frente, se han sumado al rechazo en las últimas horas.
El punto que más irrita al sector educativo es comparativo. Mientras se activa el despliegue de Mossos de paisano en institutos, la red de educadores sociales en centros de secundaria catalanes acumula recortes desde 2022. Según datos del Departament d’Educació recogidos en la última memoria, el número de educadores sociales en secundaria ha caído alrededor de un 12% en tres cursos, justo cuando los partes de incidencias subían. La ecuación no cuadra.
A eso se suma la inquietud legal. Juristas consultados por medios catalanes advierten que la presencia de agentes encubiertos en menores plantea dudas sobre protección de datos, cadena de custodia de testimonios y rol del centro educativo como intermediario. El Síndic de Greuges aún no se ha pronunciado formalmente, pero en esta redacción entendemos que la oficina seguirá de cerca el piloto.
Observamos un patrón que se repite en varias consellerias del Govern: se refuerza la respuesta policial mientras la red socioeducativa pierde efectivos, y luego se presenta como innovación lo que es, en realidad, un parche.
Por qué esta decisión coloca al Govern en una posición incómoda
El president Illa llega a este piloto con un flanco abierto. El PSC ha defendido durante toda la legislatura un discurso de refuerzo de la seguridad sin renunciar a la dimensión social, y la comunidad educativa catalana, tradicionalmente cercana a los comunes y a ERC, lee el plan como un giro hacia la securitización del aula. No es un detalle menor: los comunes sostienen al Govern en votaciones clave.
El precedente catalán más cercano es el programa de agentes tutores, activo desde hace más de una década, que sí cuenta con aval amplio porque los Mossos acuden uniformados, con horario predecible y función pedagógica. El salto al paisano cambia la naturaleza del vínculo. En Madrid, el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar de la Policía Nacional opera con agentes identificables; el modelo catalán que ahora se ensaya no tiene homólogo directo en el resto del Estado.
La lectura política es otra. Fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com apuntan que Junts va a tensar este debate, con el argumento de que el Govern improvisa en materia de orden público después de años criticando a los gobiernos anteriores por lo mismo. ERC, que copilotaba Educació hasta hace dos cursos, se encuentra en la posición incómoda de criticar un plan que afecta a una red que ellos mismos dejaron tocada. Nadie sale indemne.
El próximo pleno del Parlament incluirá preguntas sobre la materia, según confirman fuentes de la Mesa. Y los consejos escolares de los centros afectados tendrán la última palabra operativa antes del arranque en septiembre. Hasta entonces, mucho ruido y pocos detalles oficiales. El curso dirá.
