La Policía Nacional ha detenido a un hombre por sustraer 52 cámaras de vídeo del campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos, material valorado en más de 40.000 euros que el arrestado intentaba revender a través de plataformas de segunda mano en internet.
El caso, confirmado por la Jefatura Superior de Policía de Madrid y recogido por medios locales como Móstoles Hoy y Gacetín Madrid, destapa un agujero de seguridad en una de las instalaciones universitarias más grandes del sur de la región. Y plantea una pregunta incómoda para el equipo rectoral: cómo es posible que desaparezcan medio centenar de dispositivos sin que salten las alarmas.
Cómo se destapó el robo y qué se llevó el detenido
La investigación arrancó cuando el servicio técnico de la URJC detectó que varias cámaras de videovigilancia instaladas en espacios comunes del campus de Móstoles habían dejado de emitir señal. Al revisar físicamente los soportes, los técnicos comprobaron que los equipos habían sido arrancados de su ubicación. No faltaba una, ni dos: faltaban 52 cámaras de vídeo sustraídas en distintas zonas del campus de Fuenlabrada-Móstoles, según el balance facilitado por la Policía Nacional.
La denuncia la presentó la propia universidad. A partir de ahí, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial rastrearon los portales de compraventa online donde suelen aparecer este tipo de dispositivos reacondicionados. En uno de ellos localizaron varios lotes que coincidían en modelo, número de serie y estado con el material robado en la URJC.
El valor conjunto del material supera los 40.000 euros según la tasación aportada por la propia universidad, una cifra que eleva el caso a la categoría de robo con fuerza agravado por la cuantía. El detenido, cuyo nombre no ha trascendido por afectar al secreto de la instrucción, ha pasado a disposición judicial. La investigación sigue abierta para determinar si actuaba solo o contaba con acceso interno a las instalaciones.
Por qué el robo apunta a un fallo de protocolo en el campus
Aquí está el matiz. Una universidad pública del tamaño de la URJC, con más de 45.000 alumnos repartidos entre Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro, no pierde 52 cámaras por un descuido puntual. El volumen sustraído sugiere que el autor tuvo tiempo, conocimiento de las rutinas de mantenimiento y acceso a zonas técnicas. Los datos lo desmienten como hecho aislado.
En esta redacción hemos consultado el histórico de incidencias de seguridad en campus públicos madrileños y el patrón es recurrente: los robos de material tecnológico tienden a concentrarse en periodos vacacionales o de baja actividad lectiva, cuando la presencia de personal se reduce y los turnos de vigilancia se relajan. El caso de Móstoles no es el primero. En 2022, la Universidad Complutense denunció la desaparición de equipos informáticos en Somosaguas, y en 2024 la Autónoma reportó sustracciones de material de laboratorio en Cantoblanco.
La URJC, consultada por los medios que han avanzado el caso, no ha detallado si los hechos ocurrieron en una sola acción o si el detenido accedió al campus en distintas ocasiones. Tampoco ha precisado si las cámaras afectadas cubrían zonas sensibles como accesos a despachos, laboratorios o aparcamientos. La respuesta importa.
Perder 52 cámaras sin que salte un protocolo interno no es un robo: es un aviso de que el sistema de supervisión del campus tiene un punto ciego que alguien conocía bien.
Lo que debería cambiar a partir de ahora en la seguridad universitaria
Analizamos el episodio como un síntoma, no como una anécdota. La URJC tiene un plan director de seguridad aprobado en 2023 que, entre otras medidas, preveía la renovación del circuito cerrado de televisión en los cuatro campus. Dos años después, el robo de Móstoles revela que la implantación sobre el terreno no ha ido al ritmo anunciado.
El precedente más útil para entender el calibre del caso está en la Universidad de Barcelona, que en 2023 sufrió una sustracción similar en Pedralbes y respondió con un rediseño completo del sistema de acceso y un contrato externo de monitorización 24 horas. Madrid va por detrás en esta conversación. Cabe recordar que el presupuesto de seguridad de las universidades públicas madrileñas depende en buena medida de las transferencias de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, y que la partida para 2026 no contemplaba refuerzos específicos en videovigilancia.
La investigación policial sigue abierta. El próximo hito relevante será la comparecencia del detenido ante el juzgado de instrucción de Móstoles que asuma la causa, y la respuesta institucional que dé la URJC en el consejo de gobierno previsto para mayo, donde está previsto abordar el estado de los contratos de seguridad. Los vecinos del campus, el personal docente y los alumnos merecen una explicación que vaya más allá del comunicado de urgencia.
