La Advocacia de la Generalitat prepara un recurso contra el decreto de regularización migratoria aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, al entender que invade competencias autonómicas en materia lingüística. El movimiento, confirmado este viernes por fuentes del Govern consultadas por Moncloa.com, abre un nuevo frente jurídico entre Palau y Moncloa justo cuando la legislatura de Salvador Illa dependía de no incomodar a ERC ni dar aire a Junts en el terreno migratorio.
Dónde ve la Generalitat la invasión competencial
El nudo está en el articulado del decreto que fija requisitos lingüísticos para la regularización. En el Palau entienden que la competencia sobre el catalán es exclusiva de la Generalitat según el Estatut, y que un decreto estatal no puede establecer qué nivel de lengua acredita el arraigo en Catalunya. La Advocacia sostiene que el Estado ha legislado sobre materia reservada al autogobierno catalán, lo que justificaría el recurso ante los tribunales.
La tesis no es nueva. Hace apenas dos años, el Govern ya recurrió aspectos del reglamento de extranjería por motivos parecidos, y el Tribunal Constitucional ha marcado en distintas sentencias una frontera difusa entre inmigración —competencia estatal— y política lingüística y de integración —donde Catalunya reclama margen propio.
El cálculo político de Illa: ni Junts ni ERC pueden ganar esto
Lo que observamos es un movimiento defensivo más que ofensivo. Illa no puede permitirse que Junts monopolice el discurso de la defensa del catalán en un asunto tan sensible como la regularización de cientos de miles de personas. Recurrir el decreto es, en esta lectura, una forma de blindar el flanco nacionalista sin romper con Moncloa.
El president ha hablado con el ministerio correspondiente antes de autorizar el recurso, según apuntan fuentes del Govern, aún sin confirmación oficial. La coreografía habitual entre PSOE y PSC se mantiene: se discrepa en los tribunales, no en los micrófonos. Nadie en el Ejecutivo catalán habla de ruptura.
Y, sin embargo, el gesto no es menor. En las filas de Junts celebraban este viernes que el propio PSC acabe recurriendo un decreto firmado por Sánchez, mientras en ERC observan con prudencia: la regularización les importa, la defensa del catalán también, y la suma de ambas cosas les coloca en un punto incómodo.
La calle dice otra cosa. Las entidades que trabajan con migrantes en Catalunya llevan meses pidiendo que el decreto se aplique cuanto antes.
El Govern recurre un decreto de su socio natural para no regalarle a Junts la bandera del catalán, aun a costa de retrasar la regularización de miles de personas que ya cotizan en Catalunya.
Precedentes y lo que puede pasar en los tribunales
Analizamos este recurso en la línea de una doctrina ya conocida. En 2022, el Constitucional avaló parcialmente la posición catalana en materia de conocimiento lingüístico para acceso a la función pública, aunque matizó los criterios. En otros ámbitos —rotulación comercial, atención al consumidor— la Generalitat ha ganado batallas parciales frente al Estado. La cuestión migratoria, en cambio, es terreno menos explorado: el grueso de la competencia sigue siendo estatal por mandato constitucional (artículo 149.1.2ª), y los márgenes autonómicos aparecen solo en integración, acogida y servicios sociales.
La comparación con otras comunidades también importa. Ni el País Vasco ni Galicia han planteado un recurso equivalente pese a tener lenguas cooficiales, lo que deja a Catalunya sola en esta batalla jurídica. Esa soledad puede ser una fortaleza política interna —demuestra perfil propio— y una debilidad procesal —el Constitucional tiende a mirar con recelo las posiciones singulares.
En esta redacción entendemos que el recurso tiene más recorrido político que jurídico. Difícilmente la Advocacia conseguirá tumbar el decreto; sí puede lograr una interpretación matizada de los requisitos lingüísticos o, en el peor escenario, una desestimación que servirá igualmente para cubrir políticamente a Illa frente a sus flancos.
Queda por ver el timing. El plazo para presentar el recurso vence en las próximas semanas, y el Consell Executiu deberá dar su visto bueno formal antes de que la Advocacia lo registre. La bilateral Estado-Generalitat prevista para mayo se celebrará, previsiblemente, con este asunto encima de la mesa, aunque ninguna de las dos partes tiene interés en convertirlo en crisis abierta. Por ahora, nada.
El siguiente hito será la respuesta del Ministerio de Política Territorial, que dispone de un plazo para negociar antes de que el caso llegue a los tribunales. Si hay acuerdo, el recurso se retirará. Si no, estaremos ante el primer choque jurídico serio de esta etapa entre el Govern del PSC y el Gobierno del PSOE. El lunes se verá.
