- ¿A quién afecta? A 13 institutos de secundaria de las comarcas del Urgell y la Vall d’Aran, con unos 4.500 alumnos y sus claustros, además de las familias.
- ¿Cuándo ocurre? El piloto arranca este curso y se extenderá, si el Departament d’Interior lo valida, durante todo el curso 2026-2027.
- ¿Qué cambia hoy? Agentes de los Mossos d’Esquadra entrarán de paisano en los centros para tareas de prevención y acompañamiento, sin uniforme y sin funciones policiales convencionales.
La Generalitat ha puesto en marcha un plan piloto con Mossos de paisano en 13 institutos de Catalunya, concentrados en el Urgell y la Vall d’Aran, para tareas de prevención y acompañamiento a los equipos docentes. La medida, avanzada por El Món y confirmada después por otros medios, ha encendido las alarmas de buena parte de la comunidad educativa.
El Departament d’Interior lo presenta como una prueba acotada. Sindicatos de profesores, AMPAs y entidades del tercer sector lo ven de otra manera: como una policialización encubierta del espacio escolar. El debate, en todo caso, ya está servido.
Qué hace exactamente un Mosso de paisano dentro de un instituto
Según la información facilitada por el Govern, los agentes asignados no llevarán uniforme ni arma reglamentaria visible y no actuarán como figura de autoridad dentro del aula. Su papel será el de detectar dinámicas de riesgo antes de que escalen: consumo de drogas en el entorno del centro, conflictos vecinales que acaban reventando en los patios, situaciones de bullying que no llegan al radar de los equipos directivos.
El perfil es el de agentes con formación específica en mediación y en menores, adscritos a las áreas básicas policiales del territorio. No sustituyen a los educadores sociales. No sustituyen, tampoco, al programa de policia de proximitat que lleva años funcionando en Catalunya, aunque se solapen parcialmente.
La Generalitat insiste en que el piloto no implica vigilancia ordinaria ni identificación rutinaria de alumnos. Fuentes del Departament consultadas en las últimas horas lo resumen así: ‘el agente está para escuchar y avisar, no para patrullar pasillos’.
Por qué el Urgell y la Vall d’Aran, y por qué ahora
La elección de las dos comarcas no es casual. El Urgell arrastra un repunte de incidentes vinculados al consumo entre menores y la Vall d’Aran ha registrado episodios de conflictividad en centros que han llegado al Síndic de Greuges. En paralelo, los claustros llevan meses pidiendo apoyo externo ante situaciones que se les escapan. El contexto, además, es políticamente delicado.
El Govern de Salvador Illa cerró hace unos meses el paquete de refuerzo de la seguridad en entornos sensibles y prometió actuaciones específicas en el ámbito educativo. Este piloto es la primera traducción concreta de aquel anuncio. La factura, sin embargo, la está pagando el Departament d’Educació, que no ha ocultado sus reticencias internas.
La consejera de Educación ha evitado respaldar la medida con entusiasmo. En esta redacción entendemos que la iniciativa ha salido más de Interior que del propio Departament, y eso explica parte del ruido que ya ha provocado dentro del Govern.
La comunidad educativa se revuelve: ‘no somos una comisaría’
La reacción de los sindicatos ha sido inmediata. USTEC, CCOO Educació y la Intersindical han coincidido en un punto: el aula no es un espacio policial, y mezclar las dos funciones puede romper la relación de confianza que sostiene el trabajo docente. Varias AMPAs del Urgell han convocado asambleas informativas para esta semana.
La FaPaC, la federación más potente de familias de la escuela pública, ha pedido explicaciones por escrito al Departament d’Interior. Su argumento central es que ningún padre ha sido informado de qué datos se recogen, qué se hace con ellos y qué encaje tiene todo esto con la normativa de protección de menores.
A eso se suma la posición del Síndic de Greuges, que ha abierto una actuación de oficio para pedir el protocolo completo. Por ahora, no hay documento público.
Un agente de paisano en un instituto no es neutro: es una decisión política con consecuencias pedagógicas, y la Generalitat lo está presentando como un simple ajuste técnico.
Qué precedente hay y qué riesgo asume el Govern
Conviene mirar atrás. En 2018, la Generalitat impulsó un programa similar en tres centros del área metropolitana de Barcelona. Se desactivó al cabo de un curso por la resistencia frontal de los claustros y por la falta de indicadores claros de éxito. El informe interno de aquella evaluación, filtrado parcialmente entonces, hablaba de ‘baja aceptación’ y de ‘solapamiento con figuras ya existentes’. El piloto actual, por tanto, no parte de cero.
La comparación con otras comunidades tampoco ayuda. Madrid mantiene el Plan Director con agentes uniformados que acuden a charlas puntuales, no a una presencia continuada. Euskadi rechazó un modelo parecido en 2021. Lo que propone el Govern catalán es, en la práctica, un formato casi inédito en España.
Analizamos esta decisión como un movimiento de alto riesgo. Si funciona, Illa podrá presentar datos concretos en el próximo pleno monográfico del Parlament sobre seguridad, previsto para mayo. Si no funciona, o si estalla un incidente dentro de uno de los 13 centros, la factura política será considerable. El Departament d’Interior se juega credibilidad y el de Educació se juega la relación con los claustros, que es mucho decir en un curso marcado por las negociaciones del nuevo convenio docente.
La evaluación intermedia está prevista para octubre. Hasta entonces, el piloto seguirá adelante. Y la comunidad educativa, también, seguirá vigilando de cerca.
