El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado este domingo el Pla Cura para resolver los 128.000 casos atascados en dependencia en Catalunya, un anuncio escenificado en Món Sant Benet con un compromiso doble: pagar las ayudas en un plazo máximo de dos meses y medio y desatascar la lista de espera heredada. La presentación, lejos del Palau y en un entorno simbólico, marca el primer movimiento de calado social del Govern en lo que va de primavera.
Analizamos un movimiento que es a la vez gestión y política. Gestión, porque la cifra que cita Illa —128.000 personas pendientes de valoración o de prestación efectiva— es una herida abierta del sistema catalán de dependencia desde hace al menos tres legislaturas. Política, porque el president necesita exhibir resultados tangibles ante una mayoría parlamentaria que sostiene su gobierno con costuras visibles.
El cálculo no es casual. Según fuentes del Govern consultadas por esta redacción, el Departament de Drets Socials llevaba meses preparando un plan de choque que se ha acelerado tras los últimos datos del IDESCAT y los informes internos sobre tiempos medios de resolución, que en algunas comarcas de Lleida y Tarragona superan los catorce meses entre la solicitud y el primer pago efectivo. Esa cifra, comparada con la media estatal, sitúa a Catalunya por debajo de comunidades como Castilla y León o el País Vasco en eficiencia administrativa de la dependencia.
El president ha querido fijar dos compromisos medibles: resolver los expedientes en un máximo de dos meses y medio y abordar el grueso de los 128.000 casos durante esta legislatura. La promesa es ambiciosa. Recordemos que el plan anterior, impulsado por el Govern de ERC, ya prometía reducir tiempos y se quedó a medio camino, según reconoció el propio Síndic de Greuges en su última memoria anual.
La incomodidad de los socios y la lectura desde Moncloa
El Pla Cura llega en un momento delicado para la geometría parlamentaria. ERC, que sostiene la investidura de Illa, ha recibido el anuncio con tibieza pública y reservas en privado: en la formación republicana entienden que el president se apropia de un diagnóstico que su Govern había puesto sobre la mesa años atrás. Junts, desde la oposición, ha acusado al PSC de vender como nuevo un problema estructural mal gestionado por todos, incluido el propio tripartito.
La lectura desde el Gobierno central es otra. La dependencia es competencia compartida, y cada euro adicional que la Generalitat ponga sobre la mesa es un euro menos de presión política sobre el Ministerio de Derechos Sociales. Para Moncloa, que Illa active un plan propio sin esperar a la negociación bilateral de financiación es una buena noticia tácita, aunque nadie en el Palau de la Moncloa lo dirá en público.
En esta redacción detectamos, además, un detalle que no ha pasado desapercibido entre los consellers: el plan se ha presentado fuera de Barcelona, en el Bages, una comarca que no es feudo natural del PSC. El gesto territorial es deliberado.
Los riesgos del calendario y el precedente que pesa
El bloque de análisis pasa por aquí. La promesa de resolver en dos meses y medio choca con una realidad operativa que ningún Govern ha logrado revertir desde la aprobación de la Llei de la Dependència. La estructura administrativa catalana —con valoraciones que dependen de equipos comarcales, derivaciones a servicios sociales municipales y un sistema informático que arrastra problemas conocidos— no se transforma con un anuncio.
El precedente más reciente es elocuente. Cuando el Govern de Pere Aragonès anunció en 2023 una inyección extraordinaria para reducir listas, los tiempos medios bajaron durante seis meses y volvieron a subir en cuanto la presión presupuestaria se relajó. El reto del Pla Cura es no repetir ese patrón, y eso exige refuerzo estructural de plantillas, no solo dinero puntual.
Hay otro factor que conviene anotar. El plan tendrá que pasar por el Parlament en forma de partida presupuestaria reforzada, y ahí ERC tiene capacidad de condicionar. La tramitación parlamentaria de los próximos presupuestos será el verdadero examen. Si Illa no consigue blindar las cifras del Pla Cura en el debate de mayo, el anuncio de Món Sant Benet quedará como una declaración de intenciones más.
La calle dice otra cosa. Las familias que llevan meses esperando una valoración no van a juzgar el plan por el discurso del president, sino por la fecha en la que reciban el primer ingreso. Ahí se juega Illa la credibilidad social de la legislatura. El próximo Consell Executiu deberá concretar el calendario de despliegue y la dotación exacta. Hasta entonces, prudencia.
