EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PP ha vuelto a posponer en el Senado, con su mayoría absoluta, la renovación del Tribunal Constitucional hasta el 30 de septiembre, alegando una solicitud del Parlamento de Cantabria por su festividad de la Virgen de la Bien Aparecida.
- ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo y el grupo popular en la Cámara alta, que llevan medio año bloqueando la elección de cuatro magistrados, entre ellos el presidente Cándido Conde-Pumpido.
- ¿Qué impacto tiene? El Constitucional sigue funcionando con magistrados en funciones y el PP persigue retrasar el pacto con el Gobierno para evitar críticas de Vox y, a largo plazo, espera poder elegir los nuevos jueces sin el PSOE si amplía su mayoría en las próximas generales.
El Senado ha decidido alargar un mes más el bloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional. La Mesa de la Cámara, controlada por el PP, ha aprobado una nueva prórroga hasta el 30 de septiembre con los votos en contra del PSOE. El motivo formal es una petición del Parlamento de Cantabria, que alegó que su actividad plenaria no arranca hasta después de la fiesta autonómica de la Virgen de la Bien Aparecida, el 15 de septiembre. Pero en Moncloa.com analizamos el movimiento como un nuevo capítulo de una estrategia de desgaste institucional que el PP viene practicando desde hace meses.
La decisión, recogida en el acta de la Mesa del Senado del 12 de mayo, amplía el plazo de presentación de candidaturas por sexta vez desde que expirara el mandato de los cuatro magistrados que correspondía renovar a la Cámara alta en diciembre de 2025. Con este retraso, el bloqueo acumula ya más de medio año y el Tribunal Constitucional continúa con una composición desactualizada: cuatro de sus doce miembros –entre ellos el presidente, Cándido Conde-Pumpido– siguen en funciones sin que el Senado haya formalizado su relevo.
De elecciones autonómicas a una virgen: las excusas del bloqueo
El PP ha ido enlazando justificaciones para dilatar el proceso. Primero fueron las elecciones autonómicas en Extremadura (diciembre de 2025), luego las de Aragón (febrero de 2026), Castilla y León (marzo) y Andalucía (mayo). Cada comicio dio lugar a una prórroga, pese a que el Senado bien podría haber tramitado las candidaturas de aquellas comunidades que sí habían cumplido –como el Parlamento Vasco, que aprobó sus nominaciones el 30 de abril–. Ahora, la excusa es el calendario festivo de Cantabria y la petición de su asamblea, que el PP instrumentaliza para aplazar la votación hasta después del verano.
La realidad política que subyace, y que altos cargos populares han admitido en privado, es otra. Alberto Núñez Feijóo no quiere pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez la renovación del órgano que el PP acusa de estar “asaltado por el sanchismo”. Hacerlo le supondría un coste ante el electorado de Vox, especialmente durante el largo ciclo electoral de la primera mitad del año. Además, los populares alimentan la expectativa de que unas futuras elecciones generales les den la mayoría de tres quintos en el Senado –son 159 escaños y ahora tienen 143– y poder así elegir a los cuatro nuevos magistrados sin contar con el PSOE.
Un TC en funciones y una mayoría progresista en juego
El órgano de garantías, presidido por Conde-Pumpido, mantiene actualmente una mayoría progresista de siete magistrados frente a una minoría conservadora de cinco. El bloqueo afecta a un tercio del tribunal –el que corresponde al Senado– y, si el PP consiguiera en algún momento imponer sus candidatos en solitario, podría volcar el equilibrio ideológico del TC. Los cuatro puestos a renovar son todos de perfil progresista según el reparto vigente, por lo que una eventual sustitución sin acuerdo dejaría al tribunal en manos de una mayoría conservadora.
La llave no está en Cantabria ni en los calendarios electorales, sino en la negativa del PP a pactar con un Ejecutivo al que llama ‘la mafia’ sin ofrecer alternativa.
El pasado marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, compareció en el Senado para denunciar que el PP “incumple la Constitución” al no renovar “en plazo” el tribunal, y ofreció al grupo popular sentarse a negociar esa misma tarde. El ofrecimiento fue ignorado, y desde el Ejecutivo confirman que la voluntad de diálogo sigue sin respuesta. Bolaños ha recordado, además, que el PP ya sometió al Consejo General del Poder Judicial a un bloqueo de casi cinco años, lo que revela un patrón de obstrucción institucional cuando la derecha pierde influencia.
El Eje del Poder Socialista
El PSOE ha pasado del fastidio a la acción parlamentaria. Los representantes socialistas en la Mesa del Senado dejaron constancia de su rechazo y de la falta de justificación real de la prórroga, señalando que el Parlamento de Cantabria tuvo semanas de margen antes del verano para cumplir con su obligación. Ferraz da por amortizada la posibilidad de que Feijóo pacte en este ciclo y prepara un discurso de contraste de cara a las elecciones generales: el PP bloquea las instituciones mientras el Gobierno gobierna y respeta el marco constitucional.
En el plano autonómico, el bloqueo tiene un costado territorial relevante. Comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra, ven cómo las decisiones del TC quedan en suspenso o se dictan con un tribunal en precario, lo que afecta a la seguridad jurídica de sus políticas sociales y medioambientales. Mientras tanto, las federaciones socialistas de esos territorios trasladan a la dirección federal la urgencia de una renovación que dé estabilidad al órgano.
La lectura estratégica es clara: el PP ha convertido la renovación del TC en una moneda de cambio para animar a su electorado con la promesa de un tribunal conservador en el futuro. Pero la jugada tiene un riesgo a medio plazo: si el bloqueo se prolonga hasta las generales, el PSOE podrá exhibir el incumplimiento constitucional del PP como prueba del bloqueo a la gobernanza del país, una línea argumental que ya está calando en los discursos de Sánchez y Montero.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: “La derecha antepone su interés partidista a la Constitución y al correcto funcionamiento de las instituciones”.
- Protagonista: Félix Bolaños (ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes).
- Próximo hito: El plazo de presentación de candidaturas concluye el 30 de septiembre, fecha a partir de la cual el Senado deberá votar la renovación.
