La Generalitat prorroga por un año más la regulación de precios del alquiler y la extiende a un total de 302 municipios catalanes. La medida, que incorpora 53 localidades y excluye a 22 donde la tensión ha remitido, mantiene el control de rentas en zonas donde residen 6,1 millones de personas, pese a que la población afectada es menor que en 2024 porque ciudades como Lleida, Reus o Granollers salen del listado.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presentado este martes la tercera declaración de zonas de mercado residencial tensionado desde que, en 2024, la Generalitat activase por primera vez el mecanismo previsto en la ley estatal de vivienda. La renovación afecta a los 118 municipios que ya estaban en la primera declaración y que siguen cumpliendo los requisitos, al tiempo que se suman nuevas localidades hasta ahora no sujetas a límites de renta.
El baile de municipios: 53 entran, 22 salen y la paradoja de Lleida
En total, el Departament de Territori ha depurado el listado: 22 municipios que sumaban 634.171 habitantes abandonan la regulación porque su mercado ha mejorado los indicadores. Entre ellos figuran Lleida, Reus, Granollers, Mollet del Vallès, Tortosa, Figueres o Banyoles. Son, en su mayoría, ciudades de tamaño medio donde la presión de la demanda ha cedido lo suficiente como para dejar de considerarse zonas tensionadas. Sorprende la salida de Lleida, capital de provincia, después de dos años de contención de precios que, según el Govern, han logrado su objetivo.
En sentido contrario, 53 localidades con una población conjunta de 255.751 personas se incorporan a la tercera declaración. El Govern las incluye tras detectar que ahora cumplen las condiciones de tensión en compraventa o alquiler. Destacan Martorell, Vila-seca, Sant Andreu de la Barca, Torrefarrera, Agramunt, Cardona o Llagostera, entre otras. El nuevo mapa del alquiler topado dibuja un equilibrio territorial: Barcelona y el área metropolitana se mantienen, mientras el interior agrega pequeños núcleos donde los precios se han disparado recientemente.
Paneque defiende el tope como herramienta de contención
Sílvia Paneque ha defendido que «el mecanismo del tope de precios del alquiler funciona a la hora de contener el alza». Ha argumentado que la salida de municipios del listado prueba que la regulación allí ha cumplido su objetivo. La población global en zonas con renta limitada pasa de unos 7 millones en las dos primeras declaraciones a 6,1 millones en esta tercera, una reducción que, según la consellera, demuestra que la medida se ajusta dinámicamente.
La contención de precios se mantiene donde la tensión persiste, pero la salida de ciudades como Lleida prueba que la regulación no es estática.
Prórroga anual y fecha de caducidad en 2027
La normativa estatal obliga a revisar cada año los municipios incluidos y a renovar la declaración antes de que expire en marzo de 2027. Fuentes del Departament confirman que el análisis se repetirá en 2027 y subrayan que los contratos de alquiler en vigor mantienen las condiciones incluso si el municipio sale posteriormente del listado. Para los inquilinos en zonas reguladas, el mecanismo establece que los nuevos contratos no pueden superar la renta del último contrato en los cinco años previos, actualizada según el índice de referencia. Los grandes tenedores, además, están sujetos al índice de precios estatal.
La decisión llega en un contexto de debate político sobre la eficacia de los topes. Aunque la Generalitat exhibe los municipios que salen como prueba de éxito, los críticos señalan que la reducción de población cubierta en 900.000 personas revela más una reasignación de esfuerzos que un alivio real en el mercado del alquiler. En cualquier caso, el Govern dispone de margen para mantener la intervención mientras el Parlament y los ayuntamientos evalúan los resultados.
