El panorama político español se encamina hacia un choque frontal en las Cortes Generales. El Partido Popular ha decidido mover ficha de manera estratégica para forzar un escenario que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intentado evitar sistemáticamente durante toda la legislatura: el debate parlamentario sobre la gestión del dinero público.
Mediante una ofensiva institucional de calado, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que llevará la Cuenta General del Estado al Congreso de los Diputados, una medida que obligará de forma ineludible a los socios parlamentarios del bloque de investidura a retratarse y pronunciarse sobre la deriva económica y financiera del país.
Esta iniciativa parlamentaria, presentada por la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal, en declaraciones a los medios, busca romper el muro de opacidad que, según los populares, rodea a la gestión de Moncloa.
El Partido Popular ha solicitado formalmente la convocatoria urgente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. El objetivo es que se presente de inmediato el Informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024, un documento técnico que, en esta ocasión, adquirirá una relevancia política sin precedentes.
El control parlamentario frente a la ausencia de presupuestos
La maniobra del principal partido de la oposición responde a una anomalía democrática que Gamarra ha denunciado con contundencia. Será la primera vez en lo que va de legislatura en la que el Parlamento tendrá la oportunidad real de evaluar la política presupuestaria del Gobierno, centrada específicamente en la fiscalización de cómo se ha gastado cada euro.
Hasta la fecha, el Ejecutivo ha esquivado la presentación de nuevas cuentas públicas, optando por la prórroga constante de los presupuestos anteriores. Para la dirigente popular, este proceder no es una casualidad técnica, sino una estrategia política consciente.
Según Gamarra, «el sanchismo se caracteriza por la degeneración democrática y la pérdida de calidad democrática en nuestro país», situando la política presupuestaria como uno de los ejemplos más lacerantes de esta situación. El diagnóstico del PP es claro: el Gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado la prórroga presupuestaria como un escudo para evitar que las Cortes desarrollen su labor fundamental de control.
Esta falta de iniciativa legislativa en materia económica responde, a juicio de los populares, a la debilidad de un Ejecutivo que «consiguió una investidura, pero no un apoyo de gobernabilidad». Ante esta parálisis, la formación conservadora defiende que es imperativo que el Parlamento recupere su función constitucional, ya que las Cortes son las únicas competentes para validar o rechazar el rumbo económico de la nación.
La fiscalización de las argucias y modificaciones contables
La presentación de la Cuenta General del Estado de 2024 no solo pondrá sobre la mesa cifras, sino también los métodos utilizados por el Ministerio de Hacienda para gestionar los fondos en ausencia de un marco presupuestario actualizado.
Cuca Gamarra ha puesto el foco en las que denomina como «argucias» del Gobierno, consistentes en modificaciones presupuestarias constantes que ya han sido señaladas por el propio Tribunal de Cuentas. El PP acusa al gabinete de Sánchez de intentar «someter» al Parlamento al hurtarle el debate sobre las prioridades de gasto y la asignación de recursos públicos.
El desafío lanzado por el Partido Popular tiene un destinatario directo: los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno. Al llevar este informe a debate, los socios de Sánchez no podrán ponerse de perfil. Gamarra ha sido taxativa al recordar que, dado que «Sánchez no nos permitió debatir y aprobar un Presupuesto, ahora tenemos la oportunidad de fiscalizarle y de respaldar o no su política, a través del gasto».
Esta votación se convertirá, de facto, en una moción de confianza sobre la gestión económica del sanchismo, obligando a partidos como Sumar, ERC, Junts o PNV a validar una ejecución presupuestaria que, según el PP, adolece de rigor y transparencia.
La urgencia de mantener el alivio fiscal a las familias
Paralelamente a la ofensiva en el Congreso, el área económica del Partido Popular, encabezada por Alberto Nadal, ha puesto el grito en el cielo ante lo que consideran una nueva agresión al bolsillo de los ciudadanos.
El foco de preocupación se centra en el anuncio del Gobierno de eliminar, a partir del 1 de junio, la rebaja del IVA sobre la electricidad y el gas. Nadal ha recordado que esta medida fue una exigencia original del PP para paliar los efectos de la inflación y que su vigencia es más necesaria que nunca.
Desde el Partido Popular consideran que esta rebaja fiscal es «esencial» y sostienen que «debe permanecer y prolongarse si la situación de incremento de precios del petróleo y de inestabilidad continúa». La retirada de estos incentivos en un momento de incertidumbre energética internacional supone, para los populares, una falta de sensibilidad social por parte de un Gobierno que presume de progresista mientras la presión fiscal sobre los servicios básicos asfixia a las rentas medias y bajas. Nadal advierte de que el incremento del IVA supondrá un nuevo varapalo para el poder adquisitivo de los españoles, que ya se encuentra seriamente erosionado.
La sombra de los fondos europeos y el riesgo de pobreza
La crítica económica del PP va mucho más allá de la política fiscal inmediata. Alberto Nadal ha expresado una «preocupación creciente» que ya empieza a resonar en las instituciones europeas respecto a las «actividades presupuestarias» de España.
Uno de los puntos más críticos señalados por el vicesecretario de Economía es la deficiente ejecución de los fondos europeos Next Generation. Nadal ha alertado de que «existen cerca de 60.000 millones de euros que aún no han sido ejecutados y que están en riesgo», lo que califica como una oportunidad perdida histórica para modernizar el tejido productivo del país.
España se sitúa, según los datos manejados por el PP, como uno de los países que menos provecho ha sacado a estas transferencias comunitarias para impulsar la inversión y la productividad. El resultado de este «descontrol» de las cuentas públicas y de la que Nadal define como una «ingeniería presupuestaria y contable creciente» es una realidad social alarmante. España ostenta el triste récord de ser el país de la Unión Europea con más familias con hijos en riesgo de pobreza.
Ante esta situación, el Partido Popular reclama con urgencia un «cambio completo de la política económica» que priorice el gasto público de manera eficiente, fomente la competitividad y establezca un marco fiscal que, lejos de ser un obstáculo, sirva para aliviar de forma efectiva la situación de vulnerabilidad que atraviesan millones de hogares españoles.
