Una ZBE con más exenciones que restricciones
La nueva ordenanza de movilidad de Alcorcón, aprobada este miércoles en pleno y consultable en la web del Ayuntamiento de Alcorcón, veta únicamente el acceso de vehículos sin distintivo ambiental que no estén empadronados en el municipio. La concejal de Transición Ecológica, Trinidad Castillo, aseguró que la medida «solo afecta al 2,5% del parque circulante total» y que se sustenta en estudios técnicos de movilidad, calidad del aire y ruido.
Sin embargo, las puertas están abiertas de par en par para quien quiera saltarse el veto. Cualquier conductor que alegue una visita a un familiar, una cita médica o un trámite de negocios podrá circular libremente por el perímetro de la ZBE, que abarca casi todo el casco urbano y los barrios residenciales. La mayoría de los vehículos sin distintivo ambiental tiene prohibido el acceso, pero la ordenanza contempla tantos supuestos que, en la práctica, apenas restringe la circulación.
Los residentes de Alcorcón quedan completamente exentos: pueden acceder y estacionar con cualquier tipo de vehículo, lo que reduce aún más el impacto real de la zona. La entrada en vigor está prevista para 2030, y el gobierno municipal ha anunciado líneas de ayudas para la transición energética, con subvenciones para instalaciones fotovoltaicas, calderas y vehículos eléctricos.
El pulso político: PP y Vox contra un gobierno que defiende el «2,5%»
La ordenanza salió adelante gracias al voto de calidad de la alcaldesa Candelaria Testa, tras un empate en el pleno que evidenció la fractura en la corporación. El portavoz de Vox, Pedro Moreno, acusó al gobierno de impulsar «ingeniería social» que castiga a trabajadores, autónomos y familias con vehículos antiguos, y exigió la retirada completa de la ordenanza.
El edil del PP Luis Saceda reconoció que la ley obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con una ZBE para mantener determinadas ayudas y fondos europeos, pero criticó el modelo por considerarlo «restrictivo» y perjudicial para el comercio. «Tanto en cuanto la ley sea modificada, nosotros, estando en el Gobierno, suprimiremos la zona de bajas emisiones», advirtió.
Desde el equipo de gobierno, Trinidad Castillo negó que la ordenanza abra la puerta a un futuro estacionamiento regulado y acusó al PP de «alarmar a los vecinos» con interpretaciones «falsas». La tensión no es nueva: a finales de 2025 el Ayuntamiento tuvo que anular sus propios acuerdos previos para corregir errores en la tramitación, tras la presión de Vox, que presentó 16 votos particulares denunciando que la norma era «nula de pleno derecho».
La ZBE de Alcorcón, tal como está diseñada, es un escaparate vacío: cuesta tres millones y prohíbe lo que ya casi nadie conduce.
Madrid capital ya lo vivió: lecciones de una ZBE con dientes y otra sin ellos
El caso de Alcorcón recuerda a los debates que en su día rodearon a Madrid Central, la zona de bajas emisiones de la capital, aunque con una diferencia de calado: en Madrid las restricciones fueron mucho más ambiciosas desde el principio —con multas de hasta 90 euros y un sistema de cámaras que recaudó millones—, mientras que aquí la ordenanza parece diseñada para cumplir con la ley sin generar fricción política. Alcorcón, segunda ciudad más poblada del corredor sur tras la capital, necesita la ZBE para no perder los fondos europeos del Plan de Recuperación, lo que explica la urgencia pese a las críticas.
Otros grandes municipios de la región, como Móstoles o Fuenlabrada, están implantando o estudiando sus propias ZBE, y en todos ellos las exenciones para residentes y trabajadores son un punto de tensión recurrente. En el sur de Madrid, donde la dependencia del vehículo privado es elevada, cualquier restricción despierta recelos. Pero la solución de Alcorcón, que técnicamente es una ZBE pero prácticamente no veta a nadie, corre el riesgo de ser percibida como un gasto innecesario.
Los tres millones de euros invertidos cubrirán la señalización, los sistemas de control y la campaña informativa. Pero si en 2030 un gobierno del PP cumple su promesa de suprimir la ZBE —algo que depende de un cambio legislativo estatal—, toda la infraestructura podría quedar obsoleta sin haber llegado a aplicarse con rigor.
Mientras, los vecinos de Alcorcón seguirán circulando como hasta ahora, con la única diferencia de de que el Ayuntamiento habrá gastado una cantidad considerable en un perímetro que, de facto, no cambia nada.
