Moscú ha dado un paso más en su pulso con el flanco oriental de la OTAN. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajárova, anunció este domingo que Rusia demandará a Letonia, Lituania y Estonia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU por la ‘discriminación sistemática’ contra las minorías rusohablantes. La decisión pone fin a la fase prejudicial del litigio y abre un nuevo capítulo de tensión diplomática en el Báltico.
El Kremlin lleva años denunciando lo que considera una violación flagrante de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965. Zajárova acusó a los tres países de ‘negarse a negociar y reaccionar de forma no constructiva’ a las quejas rusas. Sin embargo, el recurso a La Haya no busca tanto una condena judicial —la CIJ carece de mecanismos coercitivos y cualquier resolución puede ser bloqueada en el Consejo de Seguridad por el veto de los miembros permanentes— como construir un relato de agravio.
¿Por qué ahora? La CIJ como nuevo frente de presión
Rusia reactiva la vía judicial en un momento de máxima tensión con los aliados de la OTAN en el Báltico. La portavoz rusa vinculó la demanda a la reciente ‘purga de disidentes’ que, según Moscú, Letonia está llevando a cabo en su espacio informativo ‘bajo el pretexto de combatir la propaganda rusa’. También mencionó las restricciones abiertas de derechos a la población ‘no titular’ en Estonia. Los tres Gobiernos bálticos han tachado las acusaciones de ‘completamente infundadas’ y las enmarcan en una ‘campaña de mentiras y desinformación’.
La CIJ, con sede en La Haya, solo dirime disputas entre Estados. Rusia no ha presentado aún la demanda formal, pero el anuncio de Zajárova sugiere que el expediente está prácticamente cerrado. Para los analistas, la elección del foro no es casual: al llevar el caso a un tribunal internacional, Moscú pretende dotar de legitimidad a su narrativa de víctima y erosionar la cohesión de la Alianza Atlántica.
Políticas lingüísticas y ciudadanía: lo que irrita al Kremlin
Desde que se independizaron de la Unión Soviética en 1991, las tres repúblicas han trabajado para eliminar el ruso de la vida pública, un proceso que se aceleró en 2022 tras la escalada del conflicto en Ucrania. Letonia ha impuesto la enseñanza exclusiva en letón y eliminará el ruso como segunda lengua en las escuelas. Estonia, por su parte, ha restringido el acceso a medios en ruso y el pasado año enmendó la Constitución para retirar el derecho al voto en las elecciones locales a ciudadanos rusos y bielorrusos, una medida que afecta a buena parte de los 60.000 residentes con ‘ciudadanía indeterminada’.
En Letonia, 175.000 personas —el 9% de la población— están clasificadas como no ciudadanas. No pueden votar en elecciones nacionales ni ocupar determinados empleos públicos. Para Moscú, estas cifras son la prueba de una ‘discriminación sistemática’ que viola la convención de 1965. Los bálticos replican que las políticas lingüísticas responden a la necesidad de reforzar la identidad nacional y la seguridad ante una potencia que ha instrumentalizado a las minorías rusohablantes en Georgia, Crimea y el Donbás.
La mayoría de los rusohablantes en el Báltico ha experimentado, según encuestas independientes, un deterioro en su percepción de inclusión durante la última década. Pero la lectura de Moscú omite que muchos de esos ciudadanos eligen libremente el pasaporte letón o estonio y que las reformas no han provocado protestas masivas.
La demanda ante la CIJ es un paso calculado: no busca una sentencia favorable, sino sembrar la duda sobre la legitimidad de las políticas bálticas ante la opinión pública internacional.
Equilibrio de Poder
El movimiento ruso tensa aún más la cuerda en el flanco oriental de la OTAN. Washington, bajo una administración Trump centrada en el Indo-Pacífico y con una visión transaccional de las alianzas, podría ver el litigio como un asunto europeo que no compromete el Artículo 5. La UE, en cambio, respaldará previsiblemente a los bálticos; ya lo hizo en 2024 cuando Bruselas calificó de ‘inaceptables’ las presiones de Moscú contra Tallin. La dinámica reproduce el patrón de los últimos años: Rusia explota las grietas entre los aliados mientras la OTAN intenta mantener la unidad.
Para España, el impacto no es remoto. Nuestro país lidera desde 2022 el batallón multinacional de la OTAN en Letonia dentro del marco de la Presencia Avanzada Reforzada. Cualquier escalada en el Báltico afecta directamente a los militares españoles desplegados. Además, la demanda ante la Corte Internacional de Justicia puede alimentar narrativas de desestabilización en otras zonas con minorías rusoparlantes, abriendo un flanco de presión híbrida que Moncloa y el CNI siguen con atención.
A medio plazo, el recurso a la CIJ consolida un peligroso marco argumental. Moscú ya utilizó la ‘protección de los rusohablantes’ como coartada para intervenir en Georgia en 2008 y para la anexión de Crimea en 2014. Que ahora acuda a un tribunal internacional —aunque no espere un fallo ejecutivo— le permite dar apariencia de legalidad a futuras acciones. La próxima ventana de riesgo serán las maniobras militares rusas Zapad previstas para septiembre de este año, que suelen ir acompañadas de un pico en la retórica contra el Báltico. Habrá que observar si la demanda prospera formalmente y cómo reacciona la Alianza en la cumbre de la OTAN de julio en Vilna.
