EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron este lunes un acuerdo político para un nuevo reglamento que endurece las expulsiones de inmigrantes irregulares y permite crear centros de retorno en terceros países.
- ¿Quién está detrás? La Comisión Europea propuso el texto en marzo de 2025, y el ponente Malik Azmani (Renew, Países Bajos) lo ha pilotado hasta el pacto con los Estados miembros.
- ¿Qué impacto tiene? Los veintisiete Estados deberán aplicar la norma en un plazo de 12 meses tras su publicación. España podría abrir acuerdos bilaterales con países como Marruecos o Senegal para derivar allí las devoluciones.
El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron a última hora del lunes un principio de acuerdo para la nueva regulación de retorno de ciudadanos de terceros países en situación irregular. El Reglamento de Retorno —que sustituye a la directiva de 2008— viene cargado de medidas coercitivas, entre ellas la obligación de cooperar con las autoridades, períodos de internamiento de hasta dos años y, sobre todo, la posibilidad de que los Estados miembros firmen acuerdos bilaterales para derivar a los expulsados a centros situados fuera de la Unión.
Según el comunicado de la Comisión Europea, la tasa de retorno apenas alcanza el 27 % con las normas actuales. El nuevo instrumento aspira a elevar esa cifra simplificando los procedimientos, recortando plazos y endureciendo las consecuencias para quienes no abandonan voluntariamente el territorio comunitario. Pero, además de la eficacia, introduce una figura inédita: los llamados return hubs o centros de retorno en terceros países, que ya habían sido anticipados en las propuestas de la Comisión y que ahora reciben el respaldo político para su puesta en marcha.
Obligación de cooperar, detención ampliada y órdenes europeas de retorno
El texto pactado convierte la cooperación del migrante con las autoridades nacionales en un deber legal. Cuando un Estado miembro emite una decisión de retorno, la persona afectada deberá salir del país de inmediato o en el plazo que se le conceda. Si no coopera, existe riesgo de fuga o plantea una amenaza para la seguridad, las autoridades podrán acordar internamientos de hasta 24 meses, ampliables otros seis si cambian las circunstancias. Estas medidas, no obstante, exigen un control judicial o administrativo y pueden ser sustituidas por fianzas o vigilancia electrónica.
Además, el reglamento contempla que la decisión de retorno se traduzca en una “orden europea de retorno”, accesible a través del Sistema de Información Schengen. De esta manera, un Estado podrá reconocer y ejecutar la decisión emitida por otro, evitando que el migrante eluda la expulsión trasladándose de país. La Comisión evaluará en dos años si este mecanismo funciona o si será necesario imponer un reconocimiento obligatorio en toda la UE.
La detención se aplicará también, con carácter de último recurso y por el menor tiempo posible, a menores no acompañados y a familias con niños, siempre que se respete el interés superior del menor. La inclusión de estos colectivos ha sido uno de los puntos más criticados por las organizaciones de derechos humanos, que ven en la medida un retroceso frente al enfoque de protección de la normativa anterior.
Los centros de retorno en el extranjero: exigencia política y líneas rojas
La gran novedad del acuerdo reside en los centros de retorno (return hubs). Cualquier Estado miembro podrá negociar con un país tercero un acuerdo para derivar a los expulsados a instalaciones situadas fuera de las fronteras comunitarias. Los menores no acompañados quedan excluidos expresamente de esta posibilidad. Los acuerdos solo serán admisibles si el tercer país respeta los derechos humanos, el principio de no devolución y el resto de obligaciones internacionales. Los gobiernos, además, deberán informar a la Comisión y al resto de Estados antes de ponerlos en marcha.
La figura recuerda al polémico modelo de Ruanda propuesto por el Reino Unido o al acuerdo entre Italia y Albania, aunque con anclajes jurídicos comunitarios. Para España, la medida abre la puerta a negociar con países del Magreb y del África subsahariana —como Marruecos, Senegal o Mauritania— la creación de este tipo de centros, algo que hasta ahora solo se ha planteado en clave de cooperación al desarrollo y retorno voluntario. La aceptación por parte de esos gobiernos será la clave de bóveda de un sistema que, sin la colaboración de terceros Estados, se quedará en papel mojado.
La eficacia del reglamento dependerá de que Rabat, Dakar o Nuakchot acepten albergar centros que hoy por hoy ningún país quiere ni siquiera negociar.
El Eje del Poder Europeo
El pacto es hijo legítimo del giro restrictivo que las capitales europeas han imprimido a la política migratoria desde 2023. Países como los Países Bajos, Hungría, Italia o Austria llevaban meses presionando para que el Pacto Migratorio de 2024 se completara con un endurecimiento de las expulsiones. La negociación ha sido pilotada por el ponente liberal Malik Azmani, un neerlandés que conoce bien el escepticismo del electorado de su país hacia la inmigración. El texto que sale del trílogo es un compromiso que, sin llegar a la dureza que pedía la ultraderecha, satisface a los gobiernos más exigentes sin perder el paraguas de los derechos fundamentales.
Para España, el equilibrio es distinto. La presión migratoria en Canarias y en las ciudades autónomas ha colocado el control de las llegadas como una prioridad absoluta del Gobierno, que ahora dispone de un nuevo marco legal para acelerar los retornos. Sin embargo, la economía española sigue necesitando mano de obra extranjera en sectores como la agricultura o los cuidados, lo que sitúa a Moncloa ante la difícil tesitura de endurecer las expulsiones sin cerrar las vías de migración regular. A corto plazo, el Ejecutivo puede exhibir el acuerdo como un éxito de la diplomacia europea que responde a una demanda de sus socios del sur, pero el coste reputacional frente a las ONG y el riesgo de que los return hubs se conviertan en centros de detención encubierta serán un lastre difícil de gestionar.
La UE se ha dotado de una herramienta que modifica el tablero migratorio sin precedentes desde la crisis de 2015. Como ya ocurrió con el mecanismo de condicionalidad o con el certificado digital covid, la validación práctica no la dará Bruselas, sino la capacidad de los Estados miembros para construir, literal y políticamente, esos centros. Mientras tanto, el Parlamento Europeo y el Consejo deberán ratificar formalmente el texto en las próximas semanas para que entre en vigor, con algunas disposiciones de aplicación inmediata y otras diferidas doce meses. La pelota está ahora en el tejado de las cancillerías.
