EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los suizos han rechazado en referéndum la iniciativa de la UDC que pretendía limitar la población a 10 millones y restringir la inmigración, incluida la procedente de la UE.
- ¿Quién está detrás? El partido ultraderechista Unión Democrática de Centro (UDC) impulsó en solitario este texto. Todos los demás partidos y la patronal hicieron campaña en contra.
- ¿Qué impacto tiene? El voto salva el Acuerdo de Libre Circulación de Personas con la UE, del que dependen sectores clave en Suiza y la presencia de trabajadores españoles.
La Suiza que dice ‘no’ a los globos sonda ultranacionalistas ha vuelto a imponerse. Este domingo, el 55 % de los votantes rechazó la iniciativa ‘No a una Suiza de diez millones’, un texto impulsado en solitario por la UDC que pretendía congelar de facto el crecimiento demográfico antes de 2050 –y, de paso, laminar la libre circulación de personas con la Unión Europea. Los resultados preliminares, con un margen de error de ±3 puntos porcentuales, confirman que la mayoría de los cantones ha respaldado a la alianza entre socialistas, liberales y empresarios que alertaban de un choque frontal con Bruselas.
La iniciativa iba mucho más allá de un número: buscaba activar automáticamente medidas de control migratorio –incluido el fin del acuerdo bilateral con la UE– si la población suiza alcanzaba los 9,5 millones de habitantes antes de 2050. El país, que en 2002 contaba con 7,3 millones de residentes, roza hoy los 9,1 millones. De ese incremento, cerca del 80 % corresponde a la inmigración neta, un dato que el partido de la UDC había convertido en su principal munición electoral. Pero el mensaje caló esta vez menos de lo esperado.
La campaña del ‘no’ logró imponer el relato del riesgo económico: sin el Acuerdo de Libre Circulación de Personas, Suiza habría visto cómo sus hospitales, sus obras y sus restaurantes perdían de un día para otro la mano de obra extranjera que los sostiene. Sobre todo, habría dinamitado el entramado de acuerdos bilaterales con la UE que permiten a la banca, la industria farmacéutica y las tecnológicas suizas contratar a especialistas altamente cualificados del bloque comunitario. La patronal helvética y hasta los sindicatos cerraron filas: una rareza política que explica la victoria del statu quo.
Un referéndum que desnuda el malestar migratorio suizo
El resultado no apaga, sin embargo, el debate de fondo. Suiza experimenta uno de los crecimientos demográficos más rápidos de Europa Occidental, y la sensación de saturación en servicios públicos y en el mercado inmobiliario es real. Los alquileres figuran entre los más caros del continente, y en los cantones fronterizos –Ginebra, Vaud, Basilea– la población extranjera supera el 40 %, muy por encima de la media nacional del 27 %. Los partidos que han liderado la campaña contra la iniciativa reconocen que la ciudadanía está harta de la presión inmobiliaria y de la saturación del asilo, pero insisten en que la respuesta no puede ser unilateral: implicaría reventar los acuerdos con la UE y dejar a Suiza al margen del mercado único que tanto le importa.
La UDC ya intentó en 2014 una jugada similar con la iniciativa ‘Contra la inmigración masiva’, que entonces se aprobó por un estrecho margen y obligó a Berna a negociar una cláusula de salvaguardia con Bruselas. Aquel precedente demostró que el voto antimigratorio puede ganar, pero también que los costes de aplicarlo desconectan a Suiza de su principal socio comercial. Hoy, la alarma económica ha pesado más: el 55 % de los suizos ha preferido no jugar con fuego.
El ‘Sí’ habría convertido a Suiza en un país fuera del circuito comunitario, con efectos inmediatos sobre los trabajadores españoles que sostienen sus sectores clave.
En España, la inquietud era palpable. Más de 30 000 españoles trabajan legalmente en Suiza, una cifra que se duplica si se cuentan los miles de profesionales altamente cualificados que cada año se desplazan al país alpino para cubrir vacantes en banca, salud y construcción. Para los empresarios suizos contratar talento español sin trabas es una ventaja competitiva que el referéndum ha preservado, al menos de momento. La libre circulación de personas entre la UE y la Confederación Helvética sigue intacta.
El Eje del Poder Europeo
Bruselas respira aliviada. No es solo que un ‘Sí’ hubiera descarrilado las relaciones bilaterales con uno de los socios económicos más cercanos al bloque: habría abierto un nuevo frente migratorio en el corazón de Europa, justo cuando la UE intenta cerrar con los cantones suizos un nuevo acuerdo de cooperación institucional. La Comisión Europea, a través de su portavoz, ha valorado el resultado como una señal de estabilidad, pero en Berlaymont no se engañan: cada referéndum suizo sobre inmigración tensa la cuerda y evidencia que la extrema derecha puede plantear batalla donde el consenso europeo parece más sólido. Los discursos de la UDC, centrados en el miedo al foráneo y al colapso de los servicios, son idénticos a los que ya emplean partidos como Vox en España, el FPÖ en Austria o Agrupación Nacional en Francia. Suiza no está aislada; es un termómetro.
El pulso entre los ejes europeos se lee con nitidez. Los países del norte y los frugales –Países Bajos, Dinamarca, Austria– han seguido el referéndum con lupa, porque varios de ellos comparten las mismas ansiedades demográficas y coquetean con restricciones unilaterales que pondrían a prueba la libre circulación intracomunitaria. En cambio, los Estados del sur, incluida España, aplauden el resultado: el mantenimiento del statu quo suizo consolida el mercado laboral europeo que tanto beneficia a los profesionales cualificados de la periferia. No obstante, la oposición en Madrid ya ha utilizado el auge de la UDC para reprochar al Gobierno su política migratoria, y ese eco podría retumbar en futuras citas electorales.
De fondo, la lectura estratégica es otra: la UE necesita a Suiza como socio comercial de primer orden –más de 250 000 millones de euros en intercambios anuales– y como laboratorio de gobernanza para países que, sin formar parte del club, dependen del mercado único. El ‘No’ de hoy aplaza una crisis, pero no elimina la desconfianza que anida en los cantones rurales ni la presión inflacionista que la inmigración sigue generando. El verdadero reto será convertir este malestar en políticas de vivienda y cohesión que no rompan las reglas de libre circulación. Algo similar, por cierto, a lo que empieza a pedir también la política española en un contexto de tensión por los alquileres. Sobre el alambre, pero sin caerse.
