EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Junta de Extremadura mantendrá la Ley de Cooperación de 2023, pero reducirá la partida de la AEXCID en un 92%, de 9 millones a menos de 1 millón de euros en 2026.
- ¿Quién está detrás? El director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández (Vox), confirmó en la Asamblea que la ley no se derogará, pero se incumplirá porque no figura en el acuerdo de gobierno con el PP.
- ¿Qué impacto tiene? El recorte supone la práctica desaparición de las ayudas a la cooperación internacional en la región, denunciado por el PSOE como desmantelamiento, y podría eliminar unos 200 empleos cualificados.
La Junta de Extremadura recorta la cooperación un 92%, de 9 millones a menos de 1, con una ley que exige aumentarla. El ajuste presupuestario para 2026 deja a la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID) con menos de un millón de euros, frente a los más de nueve del ejercicio anterior. Y todo ello sin tocar una sola coma del texto legal que obliga a elevar esa partida hasta alcanzar el 0,7% del presupuesto regional en 2030.
La paradoja la ha verbalizado el propio director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández, en la comisión parlamentaria correspondiente. El representante de Vox admitió que la derogación de la norma no forma parte del pacto sellado con el PP de María Guardiola, por lo que el Ejecutivo autonómico no la modificará. “No se derogará, pero no se cumplirá”, vino a decir. La ley de 2023, aprobada por unanimidad cuando la extrema derecha aún no tenía escaños en la Asamblea de Extremadura, queda así como un cascarón sin contenido financiero.
Un recorte del 92% sin tocar la ley
La reducción es drástica. De nueve millones a menos de uno supone, en la práctica, vaciar la capacidad de intervención de la AEXCID. Fernández defendió el tijeretazo con un argumentario ideológico poco habitual en una comisión técnica. Las ayudas al desarrollo, sostuvo, generan “duplicidad” con las comunidades autónomas y deberían ser competencia exclusiva del Estado. Además, consideró “difícil de justificar” que Extremadura —una de las regiones con menor renta en España— figurara entre las que más presupuesto destinaban a cooperación.
El alto cargo de Vox fue más allá y calificó las políticas de cooperación de “moralmente reprobables”, al entender que empeoran la situación de los países receptores y generan dependencia. Las “millonadas” invertidas desde los años cincuenta no habrían servido de nada, en su opinión, mientras el Sudeste Asiático progresaba sin esas ayudas. “Chiringuitos”, los llamó. La conclusión de la Junta es que los recursos de los extremeños deben quedarse dentro de la comunidad, ya que la solidaridad internacional ya se financia vía presupuestos del Estado.
Reacciones: el PSOE denuncia desmantelamiento
Desde la oposición, el diputado socialista Alfonso Beltrán recordó que el propio Estatuto de Autonomía obliga a Extremadura a trabajar en favor de la cooperación. Defendió que estas partidas promueven la democracia, la educación y la sanidad en las zonas más vulnerables, y lamentó que se niegue la ayuda a otros países cuando la región ha sido históricamente tierra de emigración. La pérdida de unos 200 empleos cualificados para jóvenes extremeños fue otro de los datos que puso sobre la mesa Beltrán, quien tildó la postura de Vox de “xenofobia y racismo” y la atribuyó a “odio y rechazo” hacia el diferente.
Mientras, el director general evitó concretar los próximos pasos presupuestarios, aunque avanzó que “muy pronto” se conocerán las primeras medidas de desregulación y simplificación administrativa que el Ejecutivo quiere aplicar también a los servicios sociales de atención básica. Fernández alegó que su equipo apenas lleva un mes en el cargo y que el trabajo técnico es complejo, pero aseguró que el objetivo no es eliminar normas de forma indiscriminada ni debilitar garantías jurídicas.
La cooperación extremeña se reduce a la mínima expresión mientras la ley que la blinda sigue en vigor.
El Pulso Territorial
Extremadura se enfrenta a un choque normativo sin precedentes en su historia autonómica reciente. La ley de cooperación permanece intacta, pero sin dotación económica para materializarla. El Ejecutivo de coalición PP–Vox apuesta por desmantelar la política social heredada sin derogar las normas que la sustentan, una estrategia que puede sentar un peligroso precedente en la región. La comparativa con otras comunidades que cubrimos en esta publicación muestra que, mientras autonomías como Castilla-La Mancha o Aragón mantienen sus partidas de cooperación en torno al 0,3% de su presupuesto, Extremadura pasa del 0,2% a prácticamente el 0% en un solo ejercicio. El choque está servido: los sindicatos del sector estudian ya una posible impugnación por incumplimiento de la norma autonómica, y el PSOE ha anunciado que llevará el asunto a la Asamblea de Extremadura. Lo que viene ahora será, muy probablemente, un tira y afloja jurídico y político que pondrá a prueba la solidez de la coalición extremeña.
Ficha Autonómica
- El caso: La Junta mantiene la ley de cooperación de 2023, pero recorta el presupuesto de la AEXCID un 92%.
- Datos importantes: Inversión pasa de 9 millones en 2025 a menos de 1 millón en 2026; la ley fija el 0,7% del presupuesto para 2030.
- Resumen: Vox admite que no se derogará la norma, pero se incumplirá. La oposición denuncia desmantelamiento y pérdida de empleos cualificados.
