Vox y el Partido Popular han sellado un pacto de gobierno en Castilla y León que recupera la ‘prioridad nacional’ en el acceso a prestaciones sociales y apuesta por la colaboración público-privada en la lucha contra los incendios. El acuerdo, presentado tras cerca de 90 días de negociación, reproduce el modelo de los ejecutivos de coalición de Extremadura y Aragón y confirma a Vox como socio preferente del PP en las comunidades autónomas.
Las claves del pacto: prioridad nacional, desregulación y control migratorio
El documento, que se extiende a lo largo de 62 páginas y recoge 324 medidas agrupadas en 19 ejes, sitúa la ‘prioridad nacional’ como principio rector de las políticas sociales. Según fuentes del partido, la medida persigue que los castellano-leoneses sean los primeros beneficiarios de las ayudas públicas, en línea con la doctrina de Vox de que los recursos del Estado deben proteger a los nacionales antes que a los extranjeros. La redacción del acuerdo es explícita: “No más menores extranjeros no acompañados (MENAS). Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central”.
Vox asume tres consejerías en el nuevo Gobierno autonómico, una de ellas de nueva creación: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, con competencias en inmigración, juventud y cooperación al desarrollo. La formación de Santiago Abascal se reserva también Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental —aunque sin la gestión de incendios, que recae en el PP—, y Cultura, Turismo y Deporte, cartera que ocupará el nuevo vicepresidente, Carlos Pollán.
En materia de inmigración, el texto incluye la verificación de la edad de los extranjeros que alegan minoría, la supresión de subvenciones a entidades que favorezcan la “inmigración ilegal” y la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos. La hoja de ruta se completa con una reducción de las asignaciones a los sindicatos en un 50%, asunto que ya generó litigios tras el anterior pacto de 2022, y con el compromiso de incrementar la colaboración público-privada para la limpieza y repoblación de los bosques, alejándose de un operativo 100% público.
El pacto consolida el ideario de Vox en el corazón de Castilla y León y exporta a la comunidad la fórmula que ya funciona en Aragón y Extremadura.
El presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido las exigencias de Vox con un argumento demográfico: “Estamos por encima de nuestra capacidad, tenemos 130 plazas y 186 menores no acompañados en estos momentos”. La sintonía entre ambas formaciones se ha traducido en una investidura programada para el pasado 9 de junio, que devuelve al PP a la presidencia de la Junta con un ejecutivo de coalición formado por dos vicepresidencias y diez consejerías.
Impacto y reacciones: sindicatos y oposición, en guardia
Los sindicatos han mostrado su malestar. El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha tachado de “falso problema” el discurso migratorio de Vox en uno de los territorios más despoblados de la Unión Europea. La reducción de fondos sindicales es otro punto caliente: UGT ha recordado que la justicia ya obligó a la Junta a revertir una medida similar en 2022 y advierte de nuevos litigios. Las asociaciones de bomberos forestales, por su parte, critican que el modelo mixto de prevención de incendios frena el camino hacia un operativo íntegramente público, después de que en el último verano ardieran cerca de 172.000 hectáreas en la comunidad.
El pacto, sin embargo, esquiva esta vez las referencias a la violencia de género, los derechos LGTBIQ+ o el aborto que sí figuran en el programa nacional de Vox. En 2022 el acuerdo sí incluyó medidas antiabortistas y el anuncio de una ley de violencia intrafamiliar que nunca prosperó. Ahora, el silencio sobre esos asuntos parece fruto de la voluntad de ambas partes de blindar la estabilidad, aunque desde las organizaciones feministas se teme que la omisión permita recortes por la vía presupuestaria.
La estrategia de Vox: consolidar el modelo para marcar al PP
La lectura estratégica que hace Vox es inequívoca. Tras el precedente de Aragón y Extremadura, Castilla y León se convierte en el tercer laboratorio donde las tesis del partido sobre inmigración, fiscalidad y soberanía social se convierten en política efectiva. El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ya ha reaccionado en redes sociales calificando de “magnífico acuerdo” lo firmado y advirtiendo de que “Andalucía no puede ser menos”. Ese guiño no es casual: la dirección nacional quiere extender el modelo de presión al PP en todas las plazas electorales.
Para Vox, el pacto de Castilla y León sirve además como contrapunto a la lógica de bloques del Congreso. Mientras en Madrid el Gobierno de Pedro Sánchez depende de socios que compiten por el voto inmigrante, en las autonomías el PP se ve empujado a asumir medidas que blindan al español frente a la política de fronteras abiertas. La vicepresidencia para Pollán y la cartera de Desregulación son un mensaje: Vox no solo condiciona las investiduras, sino que diseña las políticas que luego el PP ejecuta. A la espera de nuevas citas electorales, la formación de Abascal ha conseguido lo que buscaba: un PP que asume su agenda como propia.
