El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) adjudicará este verano el mayor contrato de gestión del agua de España, valorado en 1.078 millones de euros. Seis empresas y UTEs compiten por un servicio que marcará el mapa hídrico de Cataluña durante los próximos 25 años, con una inversión cercana a 170 millones y un canon anual de dos millones al ente metropolitano.
Ocho municipios y 25 años de servicio
La licitación, convocada en enero, abarca los municipios de Cervelló, Corbera de Llobregat La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana. Todos ellos operaban hasta ahora con concesiones dispersas y en muchos casos caducadas. El adjudicatario deberá ejecutar una inversión de 170 millones de euros para renovar infraestructuras, especialmente urgentes en Cervelló, La Palma y Corbera, donde se pierde el 50% del agua por fugas. Además, pagará un canon anual de dos millones de euros, revisable cada año, durante los 25 años de vigencia del contrato. La decisión también puede influir en las tarifas futuras, ya que el gestor deberá equilibrar la rentabilidad de la inversión con la sensibilidad social en un área donde el precio del agua ha sido tradicionalmente contenido.
El sector, paralizado hasta el veredicto
El macrocontrato del AMB actúa como un tapón en el mercado del agua nacional. Las negociaciones corporativas, los movimientos de cartera y las posibles alianzas están congeladas desde que se abrió el proceso. Ninguna empresa quiere comprometerse con una nueva estructura de negocio sin saber quién controlará el suministro metropolitano durante una generación.
Los seis gigantes en liza
Agbar, filial de Veolia, parte como favorita. El grupo francés, bajo la dirección de Daniel Tugues, ya controla el 83% de los municipios del AMB a través de Aigües de Barcelona, la empresa mixta que abastece a cerca de tres millones de vecinos. La propia Estelle Brachlianoff, consejera delegada de Veolia, aseguró recientemente en una conferencia en Londres que habían presentado ‘una oferta muy buena’.
El principal rival es Aqualia, la filial de agua de FCC participada también por el fondo australiano IFM Investors, que se presenta en alianza con Global Omnium bajo la denominación Aiguamet. La UTE reúne a dos operadores con presencia en el territorio: Aqualia ya gestiona Molins de Rei y Sant Andreu de la Barca, y Global Omnium opera en La Palma de Cervelló. Aqualia factura unos 250 millones anuales en Cataluña y presta servicio a más de 3,3 millones de personas en 241 municipios. Sacyr Agua compite en solitario. La UTE de Facsa, GS Inima y Constructora de Calaf aporta un perfil más local, mientras que Gestagua, controlada por el grupo francés Saur, e Indaqua, primer operador privado de agua en Portugal, junto a su filial Hidrogestión —participada por Vinci—, completan la terna de aspirantes.
La decisión final, sin embargo, no depende solo del músculo empresarial. La mesa de contratación la preside Miquel Comino (PSC), pero el peso político recae en Antonio Balmón, alcalde de Cornellà y hombre fuerte del AMB. Se espera que el Consell Metropolità resuelva en la sesión de julio o, si los plazos se alargan, en septiembre. Una vez adjudicado, el sector da por seguros los recursos judiciales.
La decisión sobre el agua metropolitana es, en realidad, un pulso entre el poder económico de las grandes concesionarias y la influencia política del socialismo metropolitano.
Balmón, el hombre que inclinará la balanza
Más allá de las cifras y las ofertas técnicas, el megacontrato es un asunto de peso político. Antonio Balmón, presidente del AMB y alcalde de Cornellà, concentra una influencia que trasciende lo institucional. Su respaldo es determinante en cualquier decisión estratégica del área metropolitana. En juego está no solo quién gestiona el agua, sino cómo se reparte el poder entre los dos grandes polos socialistas: Barcelona ciudad y el cinturón metropolitano.
El control de Veolia sobre el 83% de los municipios del AMB es una posición de dominio que, si se refuerza con este megacontrato, consolidaría un monopolio de facto sobre el agua metropolitana. Balmón sabe que adjudicar a Agbar sería continuista, pero también más fácil desde el punto de vista operativo. La alternativa, premiar a un competidor como Aqualia, introduciría un elemento de competencia que cambiaría el statu quo, pero exigiría un mayor esfuerzo de integración. El resultado tendrá ondas expansivas en toda la industria nacional, ya que confirmará la fortaleza del modelo metropolitano de gestión público-privada. Ya en 2021, la renovación de la concesión de Aigües de Barcelona puso a prueba las tensiones internas del PSC, aunque se resolvió sin fracturas. Ahora, con un contrato de mucho mayor calado, el margen de error es nulo.
El Consell Metropolità de julio será la primera oportunidad de medir el pulso de los aspirantes. Lo que ocurra en ese pleno definirá el mapa del agua catalán para la próxima generación.
