La investigación judicial sobre Begoña Gómez da un paso decisivo. El juez Juan Carlos Peinado ha acordado la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno y ha decretado varias medidas cautelares para garantizar su disponibilidad durante el proceso. Entre ellas, el magistrado ordena la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer en sede judicial cada quince días.
La resolución supone un punto de inflexión en una de las causas con mayor impacto político de los últimos años. El instructor considera que existen elementos suficientes para que los hechos investigados sean analizados por un tribunal, poniendo así fin a la fase de instrucción y dando paso al procedimiento de enjuiciamiento.
Junto a Begoña Gómez, el juez también sienta en el banquillo a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa vinculada a la actividad de la esposa del jefe del Ejecutivo, y al empresario Juan Carlos Barrabés, cuya relación profesional con distintos proyectos ha estado bajo el foco de la investigación desde el inicio del procedimiento.

El juez impone medidas cautelares para evitar un posible riesgo de fuga
En el auto, el magistrado acuerda medidas cautelares de carácter personal que obligarán a Begoña Gómez a permanecer en España mientras se desarrolla el procedimiento judicial. La retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país son decisiones que buscan asegurar que la acusada permanezca a disposición de la Justicia durante todas las fases del proceso.
Además, deberá acudir al juzgado cada quince días para firmar, una obligación habitual en procedimientos penales cuando el órgano judicial considera necesario garantizar la presencia del investigado sin recurrir a medidas más gravosas.
Con esta decisión, la causa abandona definitivamente la fase de investigación. Será ahora el tribunal encargado del juicio el que determine, tras la práctica de las pruebas y la celebración de las vistas, si existe responsabilidad penal por los hechos atribuidos a los acusados.
Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés también irán a juicio
La resolución del juez no afecta únicamente a la esposa del presidente del Gobierno. El auto también dirige el juicio oral contra Cristina Álvarez, asesora en el Palacio de la Moncloa que ha estado vinculada a diversas gestiones relacionadas con la actividad profesional de Begoña Gómez.
Asimismo, el empresario Juan Carlos Barrabés deberá responder ante el tribunal. Su nombre ha aparecido de forma recurrente durante la investigación por su relación con proyectos y contratos analizados por el juzgado. Ambos compartirán banquillo con Begoña Gómez cuando se celebre el juicio.
La apertura del juicio oral no implica una condena, sino que refleja que el instructor entiende que existen indicios suficientes para que los hechos sean valorados por un tribunal independiente, donde las acusaciones y las defensas expondrán sus argumentos antes de que se dicte sentencia.

Una causa con enorme repercusión política
La investigación contra Begoña Gómez ha monopolizado buena parte de la actualidad política y judicial desde que se conoció su apertura. La condición de esposa del presidente del Gobierno ha situado el procedimiento bajo una intensa atención mediática y ha provocado un constante enfrentamiento entre Gobierno y oposición acerca del alcance de la causa.
La decisión adoptada por el juez Juan Carlos Peinado supone uno de los hitos más relevantes del procedimiento, al considerar concluida la investigación y abrir la puerta a la celebración del juicio. A partir de ahora, el proceso entra en una nueva fase en la que será el tribunal competente el encargado de analizar toda la documentación incorporada durante la instrucción, escuchar a los acusados, testigos y peritos y valorar las pruebas aportadas por las distintas partes.
Mientras tanto, Begoña Gómez deberá cumplir estrictamente las medidas cautelares impuestas por el magistrado. La retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y las comparecencias quincenales permanecerán vigentes hasta que el órgano judicial decida modificarlas o hasta la celebración del juicio, un proceso que vuelve a situar a la esposa del presidente del Gobierno en el centro de la actualidad política y judicial española.
