La Audiencia de Valencia ha reabierto este lunes la investigación contra el exconseller del PP Rafael Blasco por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado al caso Azud, al considerar que los hechos no han prescrito como sostenía el juez instructor. La Sección Tercera ha estimado el recurso de la Fiscalía y ordena nuevas diligencias para rastrear el destino de una comisión de 600.000 euros que Blasco habría cobrado en 2008.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Audiencia de Valencia revoca el archivo de la investigación por blanqueo de capitales contra Rafael Blasco.
- ¿Quién está detrás? La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, a instancias de la Fiscalía, que recurrió el cierre del caso.
- ¿Qué impacto tiene? Blasco vuelve a estar bajo la lupa judicial por una supuesta mordida de 600.000 euros en plena trama Azud, sin que el paso del tiempo lo haya borrado.
Por qué el delito no ha prescrito
El origen de esta pieza separada del caso Azud se remonta a una comisión de 600.000 euros que una promotora inmobiliaria investigada pagó a Blasco en enero de 2008, según los datos bancarios obtenidos por la Guardia Civil a través de una comisión rogatoria a Suiza. El titular del Juzgado de Instrucción 10 de Valencia archivó las actuaciones al entender que el delito había prescrito, situando los hechos entre 2008 y 2012.
Sin embargo, la Audiencia ha corregido ese razonamiento. La última operación sospechosa data del 16 de julio de 2012, y la pena máxima por blanqueo puede alcanzar los quince años de inhabilitación según el artículo 131.1 del Código Penal. La Sala concluye que, si el cómputo se inicia en esa fecha, el plazo de prescripción no se habría consumado: “el delito de blanqueo imputado todavía no ha prescrito”, recoge el auto.
Seis años después de que estallara el caso Azud, la sombra de la corrupción sigue proyectándose sobre la política valenciana sin que el paso del tiempo la disipe.
El rastro que la Fiscalía quiere seguir
El fiscal sostiene que es “procedente averiguar el rastro de estos fondos o su transformación” para determinar si Rafael Blasco cometió blanqueo de capitales y situar con precisión el momento exacto del delito. La Audiencia le da la razón: no cabe analizar actos aislados, sino la actividad de lavado en su conjunto, y la fecha de cierre marca el inicio del cómputo de prescripción.
La decisión es firme: contra el auto no cabe recurso ulterior, lo que obliga al juzgado a reabrir las diligencias y practicar todas las pruebas que la Fiscalía solicite. Blasco ya acumula varias condenas por corrupción —entre ellas la del caso Cooperación—, pero esta nueva investigación vuelve a poner el foco en los tentáculos del entramado Azud, uno de los mayores escándalos de la historia reciente valenciana.
El Escenario Valenciano
La reapertura del caso llega en un momento en que el PP gobierna la Generalitat Valenciana de la mano de Vox, y aunque Rafael Blasco ya no ocupa cargo público desde hace años, su figura recuerda las viejas sombras del partido en la plaza que ahora controla Carlos Mazón. La oposición, con PSPV y Compromís, no ha tardado en vincular la noticia con la necesidad de una regeneración democrática que, a su juicio, sigue pendiente.
A nivel nacional, el caso Azud sigue coleando en los tribunales y cualquier avance judicial tiene eco en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE y sus aliados lo utilizan como argumento contra el PP. La proyección inmediata es la reapertura de diligencias: la Fiscalía podrá reclamar nueva documentación bancaria, tomar declaración a testigos y, si encuentra indicios suficientes, solicitar la imputación formal de Blasco por blanqueo. Mientras, la política valenciana seguirá mirando por el retrovisor de una etapa que muchos creían ya cerrada.
Ficha del Caso
- El caso: La Audiencia de Valencia reabre una investigación por blanqueo de capitales contra Rafael Blasco, exconseller del PP, a raíz de una presunta comisión de 600.000 euros en el contexto del caso Azud.
- Datos importantes: El pago habría llegado en enero de 2008 de una promotora investigada; la última operación detectada es de julio de 2012; el plazo de prescripción de 15 años aún no se ha cumplido.
- Resumen: La justicia valenciana desautoriza al instructor y reabre el caso, lo que alarga la sombra del Azud sobre la política autonómica y reactiva el debate sobre la corrupción en el PP valenciano.
