La cuarta ola de nacionalizaciones en un siglo recorre Europa con una fuerza que no se veía desde la década de 1970. Así lo documenta el historiador Nicholas Mulder en un artículo de F&D Magazine, la revista del Fondo Monetario Internacional: entre 239.000 y 544.000 millones de dólares en activos han pasado a manos de los Estados en la última década, una cifra que reabre el debate sobre el capitalismo de Estado.
Los tres catalizadores: geopolítica, crisis de suministro y transición energética
Mulder identifica un triángulo de factores que explica esta oleada: la inestabilidad geopolítica, los cuellos de botella en las cadenas de suministro y la prisa por la transición ecológica. La semilla se plantó con los rescates bancarios de 2008 —en España, Bankia—, pero la pandemia y la guerra de Ucrania convirtieron la intervención estatal en una estrategia deliberada.
Francia y Alemania han protagonizado los movimientos más visibles. París nacionalizó por completo la eléctrica EDF y situó bajo su paraguas a los astilleros Chantiers de l’Atlantique, el mayor del continente. Berlín absorbió la gasista Uniper para garantizar el suministro energético. Al otro lado del Canal, el Reino Unido reagrupó las líneas ferroviarias en Great British Railways, devolviendo el ferrocarril al sector público.
La dinámica no es exclusiva de Europa. Estados Unidos ha tomado una participación mayoritaria en MP Materials, el único productor local de tierras raras, y ha adquirido una cuota en Intel. La guerra de Ucrania aceleró las confiscaciones rusas de activos extranjeros por más de 48.000 millones de dólares, mientras que países como Chile, México y Bolivia aumentan el control estatal sobre el litio y otras materias primas.
España: de Bankia a la omnipresencia del Estado en la economía
El rescate de Bankia en 2012, que costó más de 22.000 millones de euros al erario, fue el primer gran episodio de nacionalización en España desde los años ochenta. Aquella operación sentó un precedente que, dos décadas después, se ha ampliado con formas más sutiles de intervencionismo.
La línea entre la intervención estratégica y la confiscación se difumina cuando los Estados compran empresas que nunca serán rentables con el único fin de mantenerlas en territorio nacional.
El Gobierno no ha recurrido a expropiaciones directas, pero sí ha desplegado herramientas como los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), que canalizan fondos europeos hacia sectores como el vehículo eléctrico, los semiconductores o las energías renovables, condicionando la inversión privada a criterios públicos. Además, la SEIS (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) mantiene posiciones clave en compañías como Indra o Telefónica, reflejando una voluntad de control estratégico en tecnología y defensa.
«La entrada del Estado ahora se ha hecho socialmente más aceptable», advierte Mulder en su artículo, «si el objetivo es que las empresas se queden en el país por mucho que nunca lleguen a ser rentables». En España, el debate se centra en si los fondos públicos están distorsionando la competencia o si, por el contrario, son inevitables para frenar la deslocalización.
El Eje del Poder Europeo
La vuelta del Estado accionista y regulador está remodelando las reglas de juego comunitarias. La Comisión Europea ha tenido que flexibilizar las normas sobre ayudas de Estado —especialmente tras la crisis energética— y el debate sobre la autonomía estratégica ha dado cobertura política a movimientos que hace una década habrían sido rechazados por Bruselas. Francia y Alemania lideran este giro, con el sur —España, Italia— alineándose de buena gana y los países frugales del norte vigilando la deuda.
La nacionalización de sectores clave plantea una tensión de fondo: ¿hasta dónde puede intervenir un Estado sin vulnerar el mercado único? La experiencia de la crisis del euro demostró que los rescates provocan una reacción en cadena que eleva la deuda soberana y exige más control comunitario. Ahora, con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado, los márgenes fiscales vuelven a complicar cualquier estrategia expansiva.
España se mueve en un equilibrio delicado. Por un lado, los fondos Next Generation le han permitido incrementar la presencia del Estado en sectores estratégicos sin recurrir a expropiaciones formales. Por otro, la nueva regla de gasto —que Bruselas ultima— obliga a reducir el déficit más rápido de lo que Moncloa desearía. El resultado es un intervencionismo «de baja intensidad», basado en participaciones y condicionalidades, que evita el choque frontal con la ortodoxia fiscal pero que, según fuentes comunitarias consultadas, empieza a inquietar a la Dirección General de Competencia.
En el trasfondo, la pugna industrial con China y Estados Unidos legitima este regreso del Estado. Las subvenciones masivas del IRA estadounidense y los subsidios chinos a sus campeones nacionales fuerzan a la UE a responder con una política industrial propia, relajando sus propios dogmas. La pregunta, como ha señalado Mulder, es si esta nueva ola de estatizaciones será una herramienta temporal o un cambio estructural. De momento, la factura de 544.000 millones de dólares sugiere que el capitalismo de Estado ha llegado para quedarse.
