EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Las comisiones de Transporte y Defensa del Parlamento Europeo adoptaron ayer, por 49 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, su posición sobre las nuevas reglas de movilidad militar de la UE.
- ¿Quién está detrás? Los ponentes Michał Szczerba (PPE) y Roberts Zīle (ECR) lideran una propuesta que unió a la mayoría de grupos políticos, impulsada por la urgencia de disuadir a Rusia tras su invasión de Ucrania.
- ¿Qué impacto tiene? La Eurocámara exige adelantar a 2027 la digitalización de los permisos militares, crear un fondo de solidaridad de capacidades y activar un sistema de respuesta de emergencia. Para España, esto supone que sus puertos y aeropuertos estratégicos serán prioritarios en las inversiones de defensa.
La Eurocámara dio ayer un primer paso firme para que la Unión Europea pueda mover tropas y material militar con la misma rapidez con la que hoy fluyen las mercancías por el mercado único. Las comisiones de Transporte y Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo aprobaron —por 49 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones— un conjunto de normas que revolucionará la asistencia militar en el territorio comunitario y refuerza la cooperación con la OTAN, Ucrania y Moldavia.
Un permiso transfronterizo en 48 horas: el corazón del nuevo sistema
El reglamento propuesto, que ahora negociará el Consejo, ataca directamente la maraña administrativa que hoy frena el movimiento de tropas. El Parlamento quiere que en 2027 ya esté operativo un sistema digital seguro de información que gestione permisos de transporte militar, trámites aduaneros y ordenación del tráfico, adelantándose tres años a la fecha que proponía la Comisión (2030). La interoperabilidad con los sistemas de la OTAN será obligatoria desde el primer día.
Los permisos permanentes deberán concederse en un plazo máximo de un mes, y los puntuales, en dos días hábiles. Además, cada Estado miembro designará un coordinador nacional de movilidad militar y se creará un grupo específico de transporte militar para supervisar el sistema. En Moncloa.com entendemos que esta agilidad es la que demandan los aliados del flanco oriental, pero también la que necesitaría España si tuviese que desplegar una fuerza rápida en el Báltico o en el Mediterráneo.
Infraestructuras duales y un fondo solidario: el músculo presupuestario
La norma obliga a los Estados a identificar y priorizar las infraestructuras de uso dual –carreteras, puentes, túneles, puertos, aeropuertos y terminales de carga– que soportarán el paso de convoyes militares. El Parlamento insiste en que haya financiación comunitaria y nacional suficientes y exige a la Comisión un calendario claro de inversiones. Para España, eso abre la puerta a fondos europeos para modernizar nodos como el Puerto de Algeciras o la conexión ferroviaria con la frontera francesa, claves en cualquier despliegue hacia el este.
El plato fuerte es el fondo de solidaridad de capacidades que Bruselas deberá poner en marcha seis meses después de que entre en vigor el reglamento. Agrupará vehículos, material sanitario, sistemas informáticos, barcos o trenes de los Estados miembros para trasladarlos donde se necesiten. El Parlamento quiere que el fondo se abra también a los aliados de la OTAN que no son de la UE y a Ucrania y Moldavia. “Dejémoslo en un ‘ya veremos’”, piensan algunas capitales, pero el movimiento es imparable.
La movilidad militar deja de ser un asunto burocrático para convertirse en la próxima prioridad presupuestaria de la Unión: la capacidad de respuesta rápida determinará la disuasión creíble ante Rusia.
‘El Eje del Poder Europeo’
La votación de ayer no es un gesto técnico: revela la geometría de la defensa europea en 2026. Polonia y los países bálticos, con Michał Szczerba como ponente, llevan meses presionando para acelerar los plazos; su experiencia con el corredor de Suwalki y las amenazas híbridas de Bielorrusia los convierte en los motores del expediente. Berlín y París, por su parte, apoyan la medida pero insisten en que no duplique las capacidades de la OTAN, mientras mantienen el foco en su propio rearme industrial.
España se sitúa en una posición cómoda pero expuesta. El Gobierno de Sánchez ha respaldado todas las iniciativas de la brújula estratégica, pero la adaptación de las infraestructuras civiles a estándares militares –con sus costes asociados– puede reabrir el debate presupuestario en un momento de reglas fiscales estrictas. No obstante, la industria de defensa española (Navantia, Indra) ha visto cómo el contexto geopolítico multiplica sus contratos, y esta normativa consolidará esa tendencia. La fricción real, si llega, estará en la obligación de ceder capacidades del fondo solidario en una crisis: ¿están el Congreso y la opinión pública preparados para que España aporte, por ejemplo, un buque de desembarco a una operación en el Báltico?
En esta redacción observamos que el nuevo reglamento va más allá de la logística: es la constatación de que la UE ha interiorizado la guerra de Ucrania como un shock estructural, no como una emergencia pasajera. El precedente de la PESCO de 2017 y de la Iniciativa de Movilidad Militar de 2018 quedó cojo por falta de financiación y de voluntad política real. Ahora, con el pleno del Parlamento previsto para julio y las negociaciones con el Consejo a punto de empezar, la pregunta es si los Estados estarán dispuestos a ceder la soberanía logística que exige un espacio militar europeo que funcione con la misma fluidez que el mercado único.
