La liquidación del sistema de financiación autonómica de 2024 que acaba de publicar FEDEA arroja un dato incómodo: Cataluña recibe 3.759 euros por habitante ajustado, un 2,6% más que la media de las quince comunidades de régimen común. Decir que está infrafinanciada, al menos si se entiende como recibir menos que la media, no es correcto.
La caída en el ranking: de la tercera a la octava plaza
Cataluña parte de un índice de ingresos tributarios homogéneos de 110,6, el tercero más alto, solo por detrás de Madrid y Baleares. Sin embargo, tras la acción del sistema de nivelación, su índice cae hasta 102,6, cediendo ocho posiciones y situándose cerca de la octava plaza. En ese camino, la comunidad aporta 2.315 millones de euros al mecanismo de solidaridad, lo que supone el 7,28% de sus ingresos tributarios homogéneos.
La comparación con otras regiones es reveladora. Extremadura, con un punto de partida de 64,3, finaliza en 110,6. Madrid pasa de 135,3 a 100,3 y Baleares de 118,5 a 109,2. El resultado es una inversión del orden inicial: las que más contribuyen acaban por debajo de las que reciben, vulnerando el principio de ordinalidad que técnicos y políticos catalanes defienden desde hace décadas.
FEDEA ya había advertido en estudios anteriores que, en la media del período 2002-2021, Cataluña perdía ocho posiciones entre su capacidad fiscal y los recursos finales. La fundación calificó entonces el funcionamiento del sistema como una «violación sistemática del principio de ordinalidad» y señaló que el mecanismo de garantía inicial reduce desigualdades sin invertir el orden, pero la acumulación de fondos adicionales —Suficiencia, Competitividad, Cooperación— desbarata la lógica.
El dato que hoy expone FEDEA obliga a afinar el relato político. Cataluña no está infrafinanciada en términos absolutos, pero su posición en la cola del ranking contradice su peso económico. La discusión debe centrarse en por qué la nivelación, legítima y necesaria, acaba dando la vuelta al orden de los contribuyentes.
Cataluña aporta como la tercera comunidad con mayor capacidad fiscal y termina recibiendo como la octava. El sistema no solo reduce la brecha, sino que invierte el orden natural de quienes sostienen la solidaridad.
Ordinalidad: el principio que España diluye
El concepto de ordinalidad es simple: quien parte de una renta alta debe, tras la redistribución, seguir estando por encima de quien partía de una renta baja, aunque la distancia se acorte. Aplicado a la financiación, esto implica que Cataluña no debería caer por debajo de comunidades con mucha menor capacidad fiscal. La propia FEDEA ha demostrado que la pérdida de ordinalidad no depende del volumen de la solidaridad, sino de una ingeniería financiera que introduce correcciones ad hoc, muchas veces sin transparencia ni justificación técnica.
El mecanismo de nivelación español se ha convertido en lo que algunos economistas llaman una «paella administrativa»: un plato en el que se mezclan fondos de suficiencia, competitividad, cooperación y garantías históricas sin un hilo conductor claro. La Generalitat, en su Informe econòmic i financer 2026, insiste en la necesidad de separar la financiación autonómica de otros componentes del déficit fiscal, algo que ni elEstado ni las comunidades han querido abordar con decisión.
El déficit fiscal, la otra cara de la moneda
El informe de FEDEA se circunscribe a la financiación autonómica, pero el debate reaparece inevitablemente ligado al déficit fiscal. Según los últimos cálculos de la Generalitat, correspondientes a 2022, Cataluña aportó (con el déficit estatal neutralizado) 77.742 millones de euros y recibió 56.650 millones. El saldo negativo fue de 21.092 millones, el 8,2% del PIB catalán, si se mide por flujo monetario, o de 14.665 millones (5,7% del PIB) con el método de carga‑beneficio.
La diferencia entre ambas cifras ya alerta sobre la dificultad de usar el déficit fiscal como arma arrojadiza. Una parte importante de ese saldo corresponde a la redistribución interpersonal (pensiones, prestaciones), a servicios generales del Estado (defensa, deuda) y a inversiones territorializadas, conceptos que poco tienen que ver con un supuesto maltrato político. Sin embargo, la opacidad en la publicación de las Cuentas Públicas Territorializadas, que el Estado dejó de elaborar con regularidad, impide discernir qué parte del desequilibrio es solidaridad razonable y qué parte responde a una asignación injusta de recursos.
La conclusión es más incómoda que el eslogan, pero mucho más útil: Cataluña no sufre infrafinanciación en el sentido de recibir menos que la media, sino un sistema que la hace perder posiciones de forma arbitraria y que mantiene bajo llave los datos necesarios para separar la redistribución lógica del trato territorial injustificado. Mientras no se publiquen unas cuentas territorializadas con metodología estable, el debate seguirá girando sobre cifras gruesas y poca pedagogía.
El verdadero problema, como tantas veces en España, no es solo cuánto se paga, sino con qué regla se decide quién paga y quién recibe. Y, a juzgar por la liquidación de 2024, la regla sigue sin respetar la ordinalidad.
