EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó el jueves por la tarde una solicitud de emergencia ante el Tribunal Supremo para desbloquear las deportaciones a terceros países, suspendidas por un juez federal de distrito en febrero y confirmadas en apelación el 18 de septiembre.
- ¿Quién está detrás? El abogado general del Gobierno, D. John Sauer, firma un escrito de 42 páginas en el tercer intento de la Administración ante el alto tribunal. La jueza Ketanji Brown Jackson gestiona las urgencias del Primer Circuito y ha dado a los abogados de los migrantes hasta el lunes a las 16.00 horas.
- ¿Qué impacto tiene? España no figura entre los 31 países receptores del programa, pero sigue de cerca un modelo de externalización de fronteras que Bruselas lleva años explorando y que presiona las rutas migratorias de África Occidental hacia Canarias.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, la agencia federal que gestiona fronteras y migración en Estados Unidos) ha pedido al Tribunal Supremo que le deje reanudar de inmediato las deportaciones a terceros países seguros. La solicitud llegó el jueves por la tarde, en forma de escrito de emergencia, apenas unas horas después de que un tribunal de apelaciones levantara la suspensión que mantenía viva la política.
Firma la petición el abogado general del Gobierno, D. John Sauer, que ha dirigido un documento de 42 páginas a los nueve magistrados del alto tribunal. Es la tercera vez que la Administración lleva este litigio hasta arriba. En las dos anteriores, el Supremo falló a su favor. Lo que pide ahora es que se congele la sentencia de febrero del juez federal Brian Murphy, nombrado por Joe Biden, que anuló el programa de expulsiones a terceros países del DHS.
Una petición de emergencia que reactiva una orden judicial de febrero
El Primer Circuito de Apelaciones había respaldado la mayor parte de esa sentencia el pasado 18 de septiembre. El miércoles por la noche, después de que los abogados de los migrantes advirtieran de un vuelo programado a varios países africanos, el tribunal disolvió la pausa que había impuesto en marzo. La orden de Murphy volvió a estar en vigor de forma inmediata, y con ella el bloqueo completo de las expulsiones. Según la versión de Sauer, el Gobierno no puede ejecutar ahora mismo ningún tipo de deportación.
Los llamados terceros países seguros son naciones que nunca aparecieron en la orden de expulsión de un migrante concreto. La Administración recurre a ellos porque una parte de los gobiernos de origen se niega a aceptar de vuelta a sus propios ciudadanos, una negativa enquistada desde hace décadas en el sistema migratorio americano. De ahí la lógica del mecanismo: si nadie recibe al detenido, se busca un tercer país dispuesto a hacerlo.
Sauer describe a los afectados como ‘algunos de los peores entre los peores criminales’ cuyos países de origen no los aceptan. La política lleva 15 meses en funcionamiento y ha sacado del país a miles de detenidos, con miles más en condiciones de ser expulsados. El DHS tuvo que cancelar además un vuelo con destino a tres países distintos que transportaba a 70 deportados, algunos con antecedentes penales.
La política migratoria más dura en décadas depende ahora de una sola pregunta: cuánto puede un juez federal frenar al Ejecutivo.
De 70 deportados varados a 31 acuerdos diplomáticos: la maquinaria que sostiene el programa
Las cifras dibujan la escala. Organizaciones de derechos humanos contabilizan más de 25.000 migrantes expulsados a 29 países desde que arrancó el programa, con México como destino mayoritario. El Departamento de Estado que dirige Marco Rubio ha cerrado acuerdos de tercer país seguro con hasta 31 naciones, la mayoría en África y Latinoamérica, por un coste de al menos 410 millones de dólares autorizados o comprometidos hasta finales de junio.
Al otro lado del caso, la abogada Trina Realmuto, de la National Immigration Litigation Alliance, sostiene que el tribunal de apelaciones ya resolvió la cuestión y que el Gobierno pretende seguir enviando personas a países donde su vida corre peligro. La pelota está ahora en manos de la jueza Ketanji Brown Jackson, encargada de las urgencias del Primer Circuito, que ha dado a los abogados de los migrantes hasta el lunes a las 16.00 horas para responder.
En España el eco llega de forma indirecta, pero no es ruido de fondo. El país no figura entre esas 31 naciones receptoras y ninguna resolución del Supremo estadounidense obliga a nada dentro de la Unión Europea.
Lo que observan Bruselas y Madrid es la arquitectura: acuerdos bilaterales con países sin vínculo con el migrante, financiación a cambio de cuotas de readmisión y presión creciente sobre las rutas de África Occidental que desembocan en Canarias. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, en aplicación por fases desde junio de 2026, camina en esa misma dirección.
La Lógica de Washington
Lo que hay detrás de esta petición de emergencia no es un capricho. Es un problema administrativo muy concreto: miles de órdenes de expulsión firmes que nunca se ejecutan porque el país de origen no abre la puerta. Cuba, Venezuela, Nicaragua o Somalia llevan años negándose a recibir a sus nacionales, y ninguna agencia federal puede deportar a alguien a un país que no lo acepta. La coalición que sostiene esta política es la misma que convirtió la frontera en el eje de las elecciones de 2024: el electorado republicano del sur, con Texas a la cabeza, exige resultados visibles y medibles.
El precedente americano es viejo. La doctrina de plenos poderes del Ejecutivo en materia migratoria se remonta a finales del siglo XIX, cuando el Tribunal Supremo ya reconocía al Gobierno federal un margen casi absoluto para decidir quién entra y quién no. Ronald Reagan la invocó en los ochenta, Bill Clinton la amplió con la ley de inmigración de 1996, y el acuerdo de tercer país seguro entre Estados Unidos y Canadá, firmado en 2002, institucionalizó la fórmula que ahora se discute. Washington no está inventando una herramienta: está estirando una que ya existía.
Para España, la lectura estratégica es otra. Un fallo favorable en Washington legitimaría el modelo de externalización ante Bruselas, en un momento en el que varios socios europeos negocian ya sus propios acuerdos de readmisión con Mauritania, Senegal o Túnez.
La incógnita es jurídica: el Primer Circuito ha respaldado que un juez federal pueda tumbar por completo la política de terceros países, y el Supremo tendrá que decidir si el Ejecutivo puede sostenerla sin el aval del Congreso. El plazo del lunes, a las 16.00 horas, marca el primer hito. Después, la jueza Jackson elevará el caso al pleno, y nada impide que el alto tribunal vuelva a fallar a favor de la Administración, como ya ha hecho dos veces en este mismo litigio.
Ficha del Caso
- El caso: El DHS pide al Tribunal Supremo que levante el bloqueo judicial sobre las deportaciones a terceros países seguros, una política activa desde hace 15 meses y suspendida por la Justicia federal.
- Datos clave: Escrito de 42 páginas; más de 25.000 migrantes expulsados a 29 países; 31 acuerdos de tercer país seguro; al menos 410 millones de dólares comprometidos; plazo de respuesta el lunes a las 16.00 horas.
- Para España: Sin efecto jurídico directo, pero relevante como precedente para el modelo europeo de externalización de fronteras y para las rutas migratorias de África Occidental que llegan a Canarias.
