Una coalición de fiscales generales republicanos pide a la SEC que revise cómo las agencias de calificación ESG miden el riesgo climático. La carta, fechada el 24 de septiembre y liderada por el fiscal general de Montana, pone el foco en las tres grandes firmas del sector y llega después de un primer aviso firmado por 23 estados.
Los fiscales generales estatales no son una figura decorativa en el sistema americano. Son cargos electos en 43 de los 50 estados y acumulan dos poderes que Washington no puede arrebatarles: investigan y demandan. Cuando el Gobierno federal afloja la presión regulatoria, ellos la aprietan. El manual no ha cambiado.
Una carta a la SEC, tres exigencias y un informe de agosto bajo la lupa
El destinatario no es casual. La Oficina de Calificación Crediticia de la SEC (el supervisor federal de las agencias de calificación reconocidas) examina si sus metodologías cumplen la normativa y si gestionan bien los conflictos de interés. Moody’s, S&P Global y Fitch Ratings operan bajo ese paraguas. La coalición pide tres cosas: explicar o revertir las notas que considera contaminadas por criterios ESG, publicar metodologías sectoriales, y aplicarlas de forma consistente, y revelar sus compromisos ESG y los conflictos de consultoría.
En el centro del escrito está un informe que Moody’s publicó en agosto sobre el calor extremo y el estrés hídrico. Los fiscales sostienen que la agencia sigue apoyándose en el escenario RCP 8.5 —la senda de emisiones altas que se usa para modelar el calentamiento futuro— incluso después de que varios investigadores lo hayan descrito como implausible. La agencia responde que es uno de varios escenarios posibles y que sirve para que aseguradoras, bancos e inversores hagan pruebas de estrés; en partes del análisis empleó también el RCP 4.5, de emisiones más bajas.
El segundo frente es una cifra: los 41,4 billones de dólares en pérdidas que Moody’s atribuye al riesgo físico climático de aquí a 2050, cerca del 14,5% del PIB mundial. La carta sostiene que ese cálculo se apoya en un estudio publicado en 2024 y retirado después por sus propios autores, tras detectar problemas en los datos de base. El informe mide el impacto a escala global; los fiscales lo leen como una pérdida para el PIB de Estados Unidos. La cifra no es neutra. Ni las agencias ni la SEC respondieron a las peticiones de comentario.
La batalla no es sobre el clima: es sobre quién fija el precio del capital en Estados Unidos y con qué criterios lo hace.
Los apoyos externos han llegado rápido. ‘Las calificaciones deben reflejar la realidad financiera, no una agenda ESG’, resume Jason Isaac, consejero delegado del American Energy Institute. En una línea parecida se pronuncia Will Hild, director ejecutivo de Consumers’ Research, que acusa a las agencias de ignorar los avisos previos de los estados. Un criterio climático discutido se traduce en un coste de capital más alto para el productor de energía. El argumento se repite en cada carta.
Por qué importa en España: deuda soberana, bonos verdes y doble estándar
Las tres agencias califican la deuda soberana española y a buena parte del Ibex 35, así que cualquier cambio metodológico aterriza en Madrid con nombre y apellidos. Si los factores ESG pierden peso en Estados Unidos, el greenium —la prima que hoy disfrutan los bonos verdes— se estrecha. Para el Tesoro Público, que colocó su primer bono verde en septiembre de 2021 por 5.000 millones de euros, y para emisores como Iberdrola, Santander o BBVA, la etiqueta sostenible deja de pagar parte de la factura.
El efecto tiene dos caras. Una rebaja por motivos ESG encarece la financiación del emisor señalado; una retirada de esos criterios abarata el dinero para compañías energéticas como Repsol o Endesa. El problema de fondo para las empresas españolas es el doble estándar: la UE mantiene un marco de divulgación exigente, con normativa de finanzas sostenibles y un estándar europeo de bonos verdes, mientras el regulador americano discute si esas variables deben influir en una nota crediticia. Dos metodologías, dos precios, un mismo balance.
En Madrid, la la CNMV y el Tesoro siguen el expediente con atención, porque el calendario juega en contra de quien emita en en dólares: cada temporada de colocación obliga a elegir con qué reglas se presenta ante el inversor. En Bruselas, el movimiento se lee como una señal más de fragmentación regulatoria. El calendario manda.
La Lógica de Washington
La pregunta útil no es si los fiscales tienen razón, sino qué problema creen estar resolviendo: que una agencia de calificación —un actor privado capaz de mover miles de millones en coste de capital— aplique criterios políticos envueltos en lenguaje técnico. La coalición que sostiene la ofensiva es reconocible: estados productores de energía como Montana, Luisiana, Texas o Virginia Occidental, y un Partido Republicano que ha hecho de la dominancia energética una de sus banderas. Cada punto básico que sube la financiación de una petrolera se lee ahí como una derrota política, no como una señal de mercado.
El precedente americano que mejor explica el método no es Reagan ni Nixon: son los fiscales generales de los años noventa y su asedio judicial a la industria del tabaco. Una coalición de estados construyó una pinza legal que desembocó en 1998 en el mayor acuerdo sectorial de la historia del país. La técnica se repitió con Microsoft y, en 2013, con S&P, demandada por el Departamento de Justicia por las calificaciones de productos hipotecarios estructurados: el caso se cerró en 2015 con 1.375 millones de dólares y sin admisión de culpa. La lección es doble: la vía judicial funciona a medias y tarda años, pero la presión sostenida cambia comportamientos.
Queda la incógnita jurídica. La SEC puede exigir procedimientos, transparencia y gestión de conflictos, pero no dicta a una agencia qué variables ponderar en una nota; y una calificación es, a efectos legales, una opinión protegida. Eso descarta cualquier desenlace rápido. Lo que sí mueve el tablero es la vía estatal: fondos de pensiones públicos que dejen de contratar determinadas notas o leyes locales que condicionen su uso. El próximo movimiento está en la Oficina de Calificación Crediticia de la SEC y en los estados, que no necesitan permiso federal para seguir apretando.
Ficha del Caso
- El caso: Una coalición de fiscales generales republicanos, liderada por Montana, pide a la SEC que audite las metodologías climáticas de las tres grandes agencias de calificación y revele sus compromisos ESG.
- Datos clave: Carta remitida el 24 de septiembre; primer aviso firmado por 23 estados; informe de la agencia de agosto sobre calor y estrés hídrico; escenario RCP 8.5; 41,4 billones de dólares en pérdidas atribuidas al riesgo climático hasta 2050, cerca del 14,5% del PIB mundial.
- Para España: Las tres agencias califican la deuda soberana y a las grandes empresas del Ibex. Si el criterio ESG pierde peso en Estados Unidos, el greenium de los bonos verdes se estrecha y las compañías españolas afrontan dos marcos de divulgación, el europeo y el americano.
