La crisis del alquiler dispara los desahucios en Valencia: 8,2 lanzamientos al día y el 72,1% por arrendamiento.
El Sindicat d’Habitatge de València lleva meses repitiendo la misma frase: la sociedad había normalizado el drama de la vivienda. El caso de Mari Carmen y su desahucio en Madrid les sirvió de altavoz; ellos ven lo mismo cada semana en Valencia. Pequeños y grandes propietarios presionan a sus inquilinos con subidas de renta en cuanto expira el contrato de cinco años. «Se niegan a renovar o les suben la renta un 50% con la idea de ponerlo a precio de mercado», explican desde el colectivo. Ese precio ronda ya los 1.300 euros al mes. «Es comer o pagar el alquiler», resumen.
Un desahucio cada tres horas: el mapa judicial ha cambiado de dueño
Los datos del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces y responsable de la estadística judicial, confirman el vuelco. En la Comunitat Valenciana, los lanzamientos por alquiler representan el 72,1% del total, frente al 21,3%, de las ejecuciones hipotecarias. En términos medios, los juzgados valencianos ejecutan 8,2 lanzamientos al día: uno cada tres horas.
La serie histórica confirma la transformación. En 2018 se practicaron en la Comunitat 8.083 lanzamientos: 4.485 de alquiler y 3.344 hipotecarios. Siete años después, los hipotecarios se han desplomado hasta los 637, mientras los de alquiler se mantienen en 2.158. El perfil del desahucio ha cambiado por completo.
Detrás de cada cifra hay un nombre. Daniel, profesor e investigador de la Universitat de València, vive de alquiler en la misma vivienda desde 2009 y el próximo 30 de septiembre se enfrenta a un desahucio. Una resolución decreta su expulsión y la reclamación de 36.000 euros, tras un periplo en el que el piso ha ido cambiando de manos. Tiene dos sentencias favorables sobre su derecho a comprar la casa y su contrato sigue vigente. «Mis alegaciones y la apelación han sido totalmente desatendidas e ignoradas por el Juzgado de Paterna», explica en un escrito.
El desahucio valenciano ha dejado de tener acento hipotecario: hoy es la factura del alquiler, y la pagan quienes nunca dejaron de pagar.
Los perfiles se multiplican. Jerónimo, de 60 años, lleva más de dos décadas en la misma casa sin faltar a un solo pago; la propiedad quiere echarle para alquilar el piso por habitaciones. Remedios, en Torrent, paga 300 euros por un alquiler social y la empresa aceptó mantenerla con una condición: subirle la renta a 600 euros y quitarle la bonificación. El Sindicat sostiene que la maniobra incumple lo acordado al amparo del real decreto ley estatal de vivienda.
Según el informe de la Fundación FOESSA para la Comunitat, ligada a Cáritas, el 19,4% de la población vive de alquiler, porcentaje que sube al 37,8% entre las personas en riesgo de pobreza. La tasa de riesgo de pobreza alcanza el 48,3% entre los inquilinos y el 18,3% entre los propietarios. El alquiler es hoy la puerta de entrada a la vulnerabilidad.
Fin de contrato, subida del 50% y cambio de propietario: así se fabrica un lanzamiento

Hay un mecanismo que se repite con pocas variantes. Termina el quinquenio del contrato, el propietario comunica que no renueva o plantea una subida que ronda el 50%, y el inquilino negocia sin margen. Si el piso cambia de manos, el problema se multiplica. La división por habitaciones, como en el caso de Jerónimo, eleva la rentabilidad por metro cuadrado y expulsa al inquilino de siempre.
Las respuestas llegan por vías distintas. El Sindicat acompaña a los afectados ante los juzgados y reclama más parque público y control de rentas. La competencia de vivienda es autonómica, pero el marco general lo fija el Estado, a través de la Ley por el derecho a la vivienda, que permite declarar zonas tensionadas y limitar precios.
El Escenario Valenciano
La política valenciana mira el fenómeno con el calendario en la mano. El Consell de Pérez Llorca, con el apoyo de Vox, gestiona las competencias de vivienda desde la Generalitat, mientras PSPV y Compromís han convertido el precio del alquiler en uno de sus ejes de oposición en las Corts Valencianes, el parlamento autonómico de 99 escaños. Nadie discute el dato: los lanzamientos por arrendamiento triplican ya a los hipotecarios. La discusión es qué se hace con él.
La dimensión nacional es inevitable. El desahucio por alquiler es ya un fenómeno estatal, no local, y la estadística judicial describe un patrón que se repite en las grandes ciudades. El precedente histórico tampoco es lejano: entre 2008 y 2013 el desahucio tenía firma hipotecaria y movilizó a una generación entera; el actual es su versión silenciosa. En el Congreso, la vivienda sigue siendo materia de disputa entre el Gobierno y el PP.
El próximo hito es inmediato: el 30 de septiembre, el Juzgado de Paterna tiene una cita con Daniel. Después llegará la siguiente tanda de datos del CGPJ y, con ella, la comprobación de si la tendencia se frena o se consolida. Mientras la renta media en la ciudad no baje de los 1.300 euros, el Sindicat avisa de que los casos seguirán entrando. Valencia lleva años hablando de vivienda; ahora empieza a contarla en desahucios.
Ficha del Caso
- El caso: La Comunitat Valenciana encabeza el cambio de perfil de los desahucios: el lanzamiento por impago de alquiler ha sustituido al hipotecario como causa principal.
- Datos importantes: 72,1% de lanzamientos por alquiler frente al 21,3% hipotecario; 8,2 al día, uno cada tres horas; 2.158 lanzamientos por alquiler y 637 hipotecarios en el último ejercicio, frente a los 4.485 y 3.344 de 2018.
- Resumen: El encarecimiento del alquiler, con rentas que rondan los 1.300 euros, traslada la presión a los inquilinos y coloca la política de vivienda en el centro del debate autonómico y estatal.
