Vox defenderá la próxima semana en el Pleno una moción sobre Ceuta que pide la expulsión inmediata de los inmigrantes irregulares. El GPVOX suma la paralización del reparto de menores no acompañados y la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos.
La iniciativa es una moción consecuencia de interpelación urgente al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre las medidas adoptadas ante la situación de interés para la Seguridad Nacional declarada en Ceuta. El grupo la defenderá ante el Pleno del Congreso de los Diputados.
Qué exige Vox y con qué argumentos sostiene su moción
El texto parte de un diagnóstico sin matices de lo ocurrido a finales de julio. Según la formación, ‘los pasados días 30 y 31 de julio, la ciudad de Ceuta sufrió una invasión por parte de decenas de miles de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos’. La acusación al Ejecutivo es directa: ‘la inacción deliberada, la pasividad sumisa y la total falta de previsión y reacción’ convirtieron la frontera en una vía libre.
La demora en declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional ocupa otro eje. Vox la califica de ‘escandalosa e injustificable’ y describe la reacción del Gobierno como ‘tardía, reactiva y tibia’, con la ciudad ‘ya desbordada y la población ceutí sumida en el pánico.
Los datos judiciales sostienen buena parte del argumentario. Según el texto registrado, los órganos judiciales de Ceuta incoaron 37 procedimientos por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre, con decenas de mujeres víctimas y todos los agresores identificados varones entrados ilegalmente.
Las 37 causas por agresión sexual en seis semanas son el dato con el que Vox quiere llevar el debate de Ceuta al terreno que incomoda al Gobierno.
A eso se suma la crítica al gasto. La formación censura el envío de ‘cientos de millones de euros’ a Marruecos en cooperación, material fronterizo, ayuda al desarrollo y préstamos blandos, y sostiene que ese dinero alimenta a un régimen que usa ‘la inmigración ilegal como herramienta de chantaje político’.
El reproche alcanza a los paquetes de emergencia del Consejo de Ministros, con ‘asignaciones multimillonarias dirigidas prioritariamente a la acogida de los invasores y la distribución de menores’. Para el grupo, es ‘un parche asistencial que promueve el efecto llamada’.
De ahí sale el bloque de exigencias. La moción pide la expulsión inmediata de cualquiera que entre o permanezca ilegalmente en España, el retorno de los menores a sus familias o a la tutela del país de origen, y la paralización de cualquier reparto por el resto del territorio nacional.
También reclama una auditoría de los costes extraordinarios, la suspensión del tratado con Marruecos, la revisión de las relaciones bilaterales bajo el principio de reciprocidad y el refuerzo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta y Melilla.
La votación: qué se juega el Congreso con el texto del GPVOX
Una moción consecuencia de interpelación cierra el debate de una interpelación urgente y somete al Pleno una propuesta de resolución sobre la actuación del Ejecutivo. Carece de valor normativo directo, pero fija la posición de la Cámara y obliga a cada grupo a retratarse con su voto.
Para prosperar necesita mayoría simple, más votos a favor que en contra, sin exigir la mayoría absoluta de la Cámara. Los 33 diputados del GPVOX, tercera fuerza del Congreso, no bastan por sí solos: el resultado depende del resto de los grupos.
No consta por el momento respuesta pública del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a los puntos de la moción. El PP tendrá que decidir si respalda el texto o se desmarca en los apartados más duros, una disyuntiva repetida desde que Vox rompió los gobiernos autonómicos de coalición en julio de 2024.
Por qué Vox elige Ceuta para apretar al Gobierno y al PP
La moción no se mide por su aritmética, sino por el marco que instala. Cada iniciativa de Vox sobre inmigración persigue dos objetivos: erosionar al Gobierno donde su gestión resulta más vulnerable y obligar al PP a pronunciarse sobre un asunto en el que la distancia se mide en palabras, no en escaños.
El precedente está fijado. Desde la ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición en julio de 2024, la dirección de Vox ha convertido las condiciones explícitas en su forma habitual de tratar con los populares, y la inmigración en el eje donde esas condiciones se hacen visibles.
El flanco que explota es la contradicción entre discurso y gasto. El Ejecutivo declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional con la ciudad ya desbordada y, en paralelo, movilizó ayudas millonarias para la acogida mientras los juzgados ceutíes contabilizaban 37 procedimientos por agresión sexual y la ciudad acumulaba costes sin auditar.
El Pleno de la próxima semana dará la primera medida real del envite. Lo que ocurra con los votos dirá qué grupos sostienen por escrito la expulsión inmediata y cuáles prefieren no dejar rastro.
Después quedará el calendario parlamentario de otoño, con nuevas ocasiones de volver sobre Ceuta. La apuesta del partido es instalar el asunto como prioridad de la agenda nacional antes del próximo ciclo electoral.
