Salvador Illa cumple este 10 de agosto dos años al frente de la Generalitat con una estabilidad institucional que ningún presidente catalán lograba desde José Montilla (2006-2010), pero también con una acumulación de crisis de gestión que ha erosionado la imagen de su Govern y ha puesto en la picota a varias consejeras.
Un Govern estable pero con los pies en el barro
La aprobación de los Presupuestos autonómicos ha sido el principal bálsamo para el Govern de Illa en este ecuador. Los socialistas catalanes sudaron tinta para sacarlos adelante, pero con ello blindan la legislatura: es muy probable que sean las únicas cuentas que se aprueben en el cuatrienio, dado el calendario electoral de 2027 y 2028 que deja poco margen para cesiones pactistas. La estabilidad parlamentaria, basada en los apoyos de ERC y Comuns, ha resistido pese a que los temas más espinosos de aquellos pactos de investidura —el nuevo modelo de financiación autonómica y la cesión del IRPF— siguen encallados. Paradójicamente, no han sido esos asuntos los que han tumbado al Gabinete, sino la gestión del día a día.
Las crisis que han marcado el ecuador de la legislatura
El accidente ferroviario de Gelida a principios de año, con un maquinista en prácticas muerto por el derrumbe de un muro de la autopista sobre las vías, fue el detonante de un colapso en Rodalies que se ha prolongado durante meses. Las revisiones de infraestructuras paralizaron servicios esenciales y dejaron a cientos de miles de usuarios sin alternativas reales. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, fue reprobada en el Parlament, y la creación de la empresa mixta Rodalies de Catalunya —anunciada con bombo platillo— quedó en anecdótica al verse superada por la urgencia de lo inmediato.
En Educación, la consejera Esther Niubó acumula dos crisis consecutivas: el año pasado, un error en las adjudicaciones de plazas docentes obligó a reiniciar un proceso que afectó a decenas de miles de profesores; este verano, Cataluña quedará fuera del análisis comparativo del Informe PISA por un exceso de alumnos exentos de las pruebas. Además, las huelgas de docentes que empezaron en febrero y amenazan con replicarse en otoño evidenciaron una negociación mal calibrada: el Govern pactó primero con CCOO y UGT y dejó fuera a los sindicatos mayoritarios del sector, lo que enquistó el conflicto hasta que la consulta entre los trabajadores de Ustec rechazó el preacuerdo en marzo.
Mientras tanto, la consejera de Interior, Núria Parlon, presume de reducción en las cifras de delitos, pero más de una decena de muertes violentas en lo que va de año han disparado la percepción de inseguridad. La infiltración de dos agentes de los Mossos en una asamblea de docentes y el plan piloto de policías de paisano en centros educativos, abocado al fracaso tal y como está planteado, han completado un trimestre negro para la conselleria.
El Govern de Illa aguanta por la estabilidad parlamentaria, pero la gestión lo desgasta cada día.
En abril, la consejera de Salud, Olga Pané, tuvo que retirar su plan de vincular la financiación de los CAP a la reducción de las bajas laborales por salud mental, que encendió a los sindicatos y al personal sanitario. La propia Pané inició una baja médica de tres meses por una fractura, sumándose a las bajas que ya habían sufrido Illa y Niubó en los meses anteriores.
La paradoja de la estabilidad: por qué Illa no capitaliza el fin del procés
La gran baza del president ha sido mantener la legislatura sin sobresaltos políticos de calado. No es poca cosa en una Cataluña que viene de dos décadas de convulsiones independentistas. Pero esa estabilidad institucional no se traduce en rédito electoral. Las encuestas empiezan a detectar un retroceso del PSC en intención de voto, especialmente acentuado después de las últimas crisis. La oposición de Junts, con una durísima Mònica Sales al frente, acusa a Illa de «hundir Cataluña», y en Esquerra crece el descontento por la falta de avances en el acuerdo de investidura.
Lo cierto es que Illa ha logrado que su Govern tenga una imagen alejada del sectarismo y ha hecho concesiones simbólicas al legado de Pere Aragonès, algo que irrita a Junts pero mantiene a ERC a bordo. Sin embargo, la sospecha de que la legislatura se agota sin transformaciones de fondo empieza a calar entre los votantes. Los casos de corrupción que rodean al PSOE y las recurrentes crisis de gestión —desde Rodalies hasta el fiasco del Informe PISA— han ido erosionando la credibilidad del Ejecutivo. La única remodelación hasta ahora, el relevo en Derechos Sociales, no ha bastado para transmitir una imagen de control absoluto.
Precedentes como el Govern de Montilla (2006-2010) muestran que una mayoría parlamentaria estable no garantiza reconducción del electorado si los servicios públicos fallan. Las huelgas de docentes de 2026 recuerdan a las protestas contra los recortes de 2010, y la crisis ferroviaria es casi un déjà vu de los colapsos de Cercanías de los años 2000. Illa necesita que 2027, con municipales y generales, no sea una factura anticipada del desgaste autonómico.
El president ha demostrado habilidad para sortear mociones y presupuestos con geometría variable. Pero dos años después, la pregunta ya no es si agotará el mandato —parece que lo hará—, sino con qué capital político llegará a la recta final.
