El ranking que sitúa a Ourense a la cabeza de la deuda por vecino
Los datos del Ministerio de Hacienda correspondientes al cierre de abril de 2026 sitúan al Concello de Ourense como el municipio español con mayor deuda comercial por habitante. Cada ourensano soporta 260,96 euros en facturas impagadas a proveedores, una cifra que supera a la de localidades como El Puerto de Santa María (227 euros), Parla (217 euros) o Badalona (194 euros). El informe sobre el periodo medio de pago a proveedores confirma así los temores de las empresas que trabajan con la administración local.
En el conjunto de los 106 grandes municipios españoles del régimen de cesión, la capital ourensana se alza como líder absoluto en morosidad per cápita. La radiografía de Hacienda revela que la ciudad, con apenas 105.000 habitantes, acumula un agujero de 27,2 millones de euros en pagos pendientes reconocidos. En términos absolutos, Ourense es la sexta ciudad con mayor volumen de deuda comercial retenida, por encima de urbes que la triplican en población como Sevilla (26,3 millones), Zaragoza (22,7 millones), Córdoba (21,2 millones) o Málaga (20,9 millones).
Ourense debe más dinero a sus proveedores que ciudades que la triplican en tamaño, una anomalía que refleja una crisis financiera de larga duración.
El informe del Ministerio también revela la falta de agilidad administrativa del consistorio. El Concello tarda una media de 83,80 días en abonar sus obligaciones, lo que lo convierte en el séptimo más lento de España y casi triplica el límite legal máximo de 30 días establecido por la normativa de morosidad. Este dato, unido al volumen total de impagos, completa un panorama de colapso financiero que estalló públicamente a mediados de este mes de junio.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Concello de Ourense lidera el ranking español de deuda municipal por habitante, según datos del Ministerio de Hacienda del primer cuatrimestre de 2026.
- ¿Quién está detrás? La responsabilidad es del gobierno local encabezado por Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, que gobierna en minoría.
- ¿Qué impacto tiene? 27,2 millones de euros en facturas pendientes y un periodo medio de pago de casi 84 días, lo que agrava la crisis institucional y perjudica a los proveedores locales.
La crisis institucional y las reacciones políticas en Ourense
El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, reaccionó a mediados de este mes de manera polémica. Lejos de asumir la responsabilidad política, culpó al departamento de Intervención del propio consistorio y llegó a instar a las empresas a acudir al juzgado para reclamar sus deudas. Unas declaraciones que reflejan la grave crisis institucional que atraviesa el Concello y que han tensado aún más las relaciones con la oposición y con los proveedores.
La situación financiera del Concello de Ourense no es nueva, pero los datos de Hacienda correspondientes al cierre del primer cuatrimestre de 2026 revelan un empeoramiento sostenido. Ya en ejercicios anteriores, el municipio figuraba entre los peores pagadores del país, pero ahora escala hasta el primer puesto en deuda por habitante. El bloqueo político en el pleno municipal, donde Democracia Ourensana gobierna en minoría, dificulta la adopción de medidas correctoras. Los presupuestos municipales llevan prorrogados desde 2023 y la capacidad de gestión financiera está seriamente limitada.
Desde el PSdeG y el BNG se ha exigido la dimisión del alcalde y la convocatoria de una moción de censura, mientras que el PPdeG ha evitado posicionarse con claridad sobre un posible cambio de gobierno en el concello ourensano. La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha calificado la situación de «vergüenza para Galicia» y ha pedido la intervención de la Xunta. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha limitado a señalar que «los concellos son responsables de su gestión» y ha instado al diálogo entre las fuerzas políticas locales.
El Laboratorio Gallego
La crisis financiera del Concello de Ourense no es un caso aislado en Galicia, sino el ejemplo más extremo de un problema estructural que afecta a las administraciones locales gallegas. En los últimos años, concellos como Vigo, A Coruña o Lugo también han registrado tensiones de tesorería, aunque lejos de los niveles de Ourense. El debate sobre la financiación local y la capacidad de los municipios para prestar servicios con recursos limitados es recurrente en el Parlamento de Galicia.
Desde la oposición, el BNG ha vinculado la situación de Ourense con la necesidad de reformar el sistema de financiación municipal y ha reclamado a la Xunta que asuma un papel más activo en la supervisión de las cuentas locales. La Xunta, gobernada por el PPdeG, mantiene que son los propios concellos quienes deben garantizar el cumplimiento de los plazos de pago y recuerda que el Fondo de Cooperación Local ha aumentado en los últimos ejercicios. Sin embargo, la cifra de 27,2 millones de euros en Ourense es un síntoma de que las medidas actuales no están siendo suficientes.
La lectura nacional de este caso es evidente: Ourense compite en volumen de deuda con megaciudades como Madrid o Barcelona. Que un municipio de tamaño medio lidere el ranking de morosidad per cápita revela una gestión financiera excepcionalmente deficiente que trasciende lo local. En un momento en que el Gobierno central debate una posible reforma de la financiación autonómica y local, los datos de Ourense refuerzan el argumento de quienes piden mayor control sobre las cuentas municipales. La proyección es clara: si el Concello no logra aprobar un plan de ajuste antes de que finalice 2026, el Ministerio de Hacienda podría activar medidas coercitivas que incluyan la retención de transferencias del Estado, un escenario que agravaría aún más la crisis institucional en la capital ourensana.
Ficha del Caso
- El caso: El Concello de Ourense lidera el ranking español de deuda municipal por habitante con 260,96 euros por vecino, según datos del Ministerio de Hacienda del primer cuatrimestre de 2026.
- Datos importantes: 27,2 millones de euros en pagos pendientes; periodo medio de pago de 83,80 días, casi el triple del máximo legal de 30 días; sexta ciudad en deuda comercial total.
- Resumen: La crisis financiera ourensana refleja un problema de gestión local con implicaciones nacionales, ya que compite en deuda con grandes urbes españolas y podría enfrentar medidas coercitivas del Ministerio de Hacienda si no se aprueba un plan de ajuste en los próximos meses.
