La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha confirmado este lunes que el 80% de los estudiantes que reclamaron la nota de euskera de la PAU mantienen calificaciones próximas a cero tras la revisión.
Los 4.223 estudiantes que solicitaron volver a corregir 8.127 pruebas de todas las asignaturas, de ellos 1.778 correspondientes al examen de euskera, apenas han visto alteradas sus calificaciones, según los datos facilitados por el rector, Joxerramon Bengoetxea.
Las cifras clave de la revisión de los exámenes
El rector ha puesto en valor las “garantías” del proceso de corrección, que depende de una normativa estatal y está compartido con personal de institutos no universitarios. En el caso del euskera, el 75% de los correctores procedían de enseñanzas no universitarias. Bengoetxea ha rechazado la idea de de que se haya producido “arbitrariedad” contra determinados colectivos. “Las calificaciones no pueden determinarse por la presión social, política y mediática”, ha insistido.
En el tribunal de Bilbao, el más señalado por la acumulación de ceros, los ceros “absolutos” han pasado de 76 a 11. Sin embargo, la distribución general apenas ha variado. Del total de revisiones, 876 estudiantes de todas las materias vieron mejorada su nota, mientras que a 442 se les ha bajado. Solo si la variación supera los dos puntos se activa una tercera corrección definitiva.
La consejera Pedrosa pide transparencia y cambios
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha comparecido casi a la misma hora en el Parlamento Vasco para señalar que la preocupación por los resultados “no era infundada”, ya que cerca del 50% de los ceros fueron impuestos por un mismo corrector en un tribunal concreto. Ha exigido que se analicen “con rigor absoluto” las reclamaciones, aunque ha recordado que es la universidad quien coordina el proceso. “El Gobierno vasco no corrige exámenes, pero sí exige garantías”, ha subrayado.
La distribución general de las calificaciones apenas ha registrado cambios relevantes, según la universidad.
Pedrosa ha detallado cuatro líneas de mejora para próximas convocatorias: fortalecer la comunicación interinstitucional para que no se repitan los retrasos de información; hacer pública la composición de los tribunales correctores; distribuir al alumnado para evitar que un grupo del mismo modelo educativo sea evaluado siempre por el mismo corrector; y elaborar un reglamento más preciso que refuerce la transparencia. “La PAU debe ser una prueba exigente, pero también transparente”, ha zanjado.
La ley de 2023 y las tensiones institucionales
La controversia se produce en un momento de tensión entre el Ejecutivo de Vitoria y el rector Bengoetxea, que accedió al cargo con una candidatura alternativa alejada del PNV. Desde entonces, financiación y otros desencuentros han marcado la relación institucional. La ley vasca de Educación de 2023 exige que los estudiantes finalicen la etapa obligatoria con un nivel B2 tanto en euskera como en castellano, independientemente del modelo lingüístico cursado. Los centros concertados del modelo A, que tienen el castellano como lengua vehicular, fueron los que concentraron mayor cantidad de ceros en Bilbao, aunque la universidad descarta que haya existido un sesgo contra ese alumnado.
Bengoetxea ha pedido que no se traslade la idea de “arbitrariedad” y ha recordado que la posibilidad de descontar hasta dos puntos por errores ortográficos o gramaticales puede explicar los ceros. La revisión, en todo caso, apenas modifica la realidad de unas notas que seguirán siendo, en su inmensa mayoría, suspensos claros.
