El Tribunal Constitucional no podrá pronunciarse sobre la amnistía a Carles Puigdemont antes de septiembre u octubre. La resolución del Tribunal de Justicia de la UE, prevista para el 16 de julio, deja sin margen al pleno de final de curso —el día 20— y obliga a posponer el fallo al próximo otoño judicial. El líder de Junts sigue en el punto de mira: mientras el tribunal de garantías no resuelva su recurso de amparo, la orden de detención nacional se mantiene activa.
El fallo europeo marca el calendario
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicará su sentencia el 16 de julio, apenas cuatro días antes del último pleno del año judicial del Constitucional. Según fuentes del Tribunal Constitucional, el orden del día de esa sesión ya está cerrado, lo que impide incluir un análisis en profundidad de la respuesta del TJUE a las cuestiones prejudiciales planteadas desde España.
El Constitucional tendrá que esperar al arranque del nuevo curso, en septiembre, para dar respuesta al recurso de amparo de Puigdemont. El expresidente de la Generalitat recurrió la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación, el escollo que bloquea su regreso sin ser detenido.
Los apoyos jurídicos a la amnistía
El abogado general del TJUE, Dean Spielmann, ya se pronunció en noviembre pasado en un informe no vinculante que avalaba la ley de amnistía y descartaba un perjuicio directo a los intereses financieros de la Unión. Aunque sus conclusiones no obligan al tribunal, la estadística muestra que el sentido final de las sentencias suele coincidir con el del abogado general.
Según fuentes jurídicas consultadas por este medio la Fiscalía y la Abogacía del Estado también se han posicionado a favor de amparar a Puigdemont. Ambos órganos consideran que el Supremo interpretó la norma de forma “irrazonable y arbitraria” al excluir la malversación del procés.
Mientras el Constitucional decide, la orden de detención nacional mantiene a Puigdemont en la incertidumbre judicial y política, con el otoño como horizonte.
Un otoño con impacto en el independentismo
La resolución del Constitucional —prevista para septiembre u octubre— no cerrará el caso. Será el Tribunal Supremo quien aplique la doctrina que fije el tribunal de garantías, y la decisión final podría demorarse hasta finales de 2026. Mientras tanto, el marco jurídico del procés se dilata y condiciona la agenda del Govern de Salvador Illa, que necesita tejer mayorías parlamentarias con un Junts que mantiene la cuestión de la amnistía como línea roja.
No es la primera vez que la justicia constitucional entra en la madeja del procés. Ya en 2021 el TC anuló parte del referéndum del 1-O y en distintas sentencias ha marcado los límites competenciales del Parlament. Ahora, en un contexto de distensión parcial, el fallo reabrirá el debate sobre el alcance real de la ley de amnistía y si el Supremo la aplicó de forma restrictiva.
Una eventual sentencia favorable a Puigdemont facilitaría su vuelta, pero la última palabra la tendrá el alto tribunal, que ya en 2024 optó por no archivar las órdenes de detención hasta que el Constitucional se pronunciara. El otoño judicial se presenta, por tanto, como un nuevo capítulo de una batalla legal que sigue paralela a la política.
