Trump amenaza con aranceles del 100% a Europa por el impuesto digital a Google y Apple

Francia, Italia, España y Reino Unido ya gravan los servicios digitales de Google, Apple y Meta. La Casa Blanca amenaza ahora con una respuesta arancelaria que podría triplicar el coste de las exportaciones europeas a Estados Unidos.

Donald Trump ha disparado este fin de semana una nueva andanada en la guerra comercial con la Unión Europea. El presidente estadounidense amenazó el viernes con imponer aranceles del 100% a todos los países que apliquen impuestos a los servicios digitales de empresas como Google, Apple o Meta. La advertencia reaviva una disputa latente y coloca de nuevo a España, Francia, Italia y Reino Unido en el punto de mira.

La nueva amenaza arancelaria

En su mensaje en Truth Social, Trump escribió que ‘cualquier país que imponga un impuesto así recibirá inmediatamente un arancel del 100% sobre todos los productos que envíe a Estados Unidos. Este arancel anulará los acuerdos comerciales alcanzados con ese país, estén implementados, firmados o no’. La advertencia llegó un día después de que el Consejo de la Unión Europea aprobara los compromisos arancelarios pactados con Washington en 2025, eliminando los aranceles restantes sobre bienes estadounidenses cubiertos por el acuerdo.

No está claro si los aranceles del 100% se aplicarían solo a los países que introduzcan nuevos impuestos digitales o también a los que ya los tienen en vigor. En la actualidad, Francia, Italia y España aplican un gravamen del 3% sobre determinados ingresos digitales, mientras que el Reino Unido impone un 2% a los grandes motores de búsqueda, redes sociales y mercados online. Austria grava con un 5% los ingresos por publicidad digital, y Turquía aplica una tasa del 7,5% a los servicios electrónicos. Estas cargas afectan principalmente a gigantes como Google, Apple, Microsoft y Meta, que dominan el mercado europeo.

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Además, el anuncio coincide con un clima de creciente tensión regulatoria: la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales de la UE han sido señaladas por funcionarios estadounidenses como instrumentos que discriminan a las empresas norteamericanas, y la amenaza de aranceles añade presión sobre el el comercio transatlántico.

La amenaza de Trump llega cuando Bruselas acababa de ratificar los compromisos comerciales de 2025, y coloca a las grandes tecnológicas en el centro del tablero transatlántico.

La tensión regulatoria entre Bruselas y Washington

La ofensiva arancelaria del presidente estadounidense se enmarca en un conflicto más amplio sobre la regulación de las plataformas digitales. La Unión Europea ha desarrollado un marco normativo —conocido como Ley de Mercados Digitales (DMA) y Ley de Servicios Digitales (DSA)— que impone obligaciones de competencia, transparencia y moderación de contenidos a las grandes tecnológicas. Washington ha denunciado reiteradamente que estas leyes discriminan a sus empresas, y las ha calificado de barreras comerciales encubiertas.

Francia ha ido un paso más allá con su concepto de ‘soberanía digital’. El gobierno de Emmanuel Macron ha impulsado la migración de servicios públicos del software de Microsoft a soluciones propias, y este mismo mes París anunció que el servicio de inteligencia DGSI reemplazará el software de inteligencia artificial del contratista de defensa estadounidense Palantir por una alternativa doméstica. Estas iniciativas, aplaudidas en algunos sectores europeos, son vistas por la Casa Blanca como ataques directos a los intereses corporativos estadounidenses.

guerra comercial UE

Equilibrio de Poder

La amenaza de Trump de aranceles del 100% a los países con impuestos digitales reconfigura el tablero transatlántico en un momento de fragilidad económica. Para Estados Unidos, se trata de una defensa de sus campeones tecnológicos, cuyos ingresos en Europa dependen en gran medida de un entorno regulatorio favorable. La Casa Blanca ha dejado claro que no tolerará que sus empresas sean gravadas en el exterior sin contrapartidas, y está dispuesta a romper los acuerdos comerciales alcanzados si no se pliegan a sus exigencias.

Para la Unión Europea, la disyuntiva es compleja. Por un lado, los gravámenes digitales buscan compensar la falta de tributación de empresas que generan enormes beneficios en su territorio pero apenas pagan impuestos allí. Por otro, la UE depende de sus exportaciones a Estados Unidos, y una guerra comercial a gran escala afectaría a sectores sensibles, desde el agroalimentario al automovilístico. Bruselas tendrá que decidir si mantiene el pulso fiscal o cede para preservar el acceso al mercado estadounidense.

España se encuentra en una posición especialmente delicada. El impuesto digital español, conocido como ‘tasa Google’, grava con un 3% los ingresos por publicidad online, servicios de intermediación y venta de datos de empresas con ingresos mundiales superiores a 750 millones de euros y más de 3 millones generados en España. Si Washington activase los aranceles del 100%, las exportaciones españolas a Estados Unidos —que en 2025 superaron los 20.000 millones de euros, lideradas por el aceite de oliva, el vino, componentes de automoción y maquinaria— se enfrentarían a un golpe devastador. Sectores estratégicos como el agroalimentario y el industrial sufrirían pérdidas millonarias. Al estar integrada en la política comercial común, España no puede negociar bilateralmente con Estados Unidos, por lo que su suerte dependerá de la respuesta coordinada que adopte Bruselas.

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En el horizonte inmediato, el riesgo de una escalada es real. La amenaza de Trump podría ser una táctica negociadora para forzar a la UE a suavizar la DMA y la DSA, pero si no hay cesiones mutuas, la imposición de aranceles llevaría a contramedidas europeas, alimentando un conflicto que enturbiaría la recuperación económica en un contexto de inflación persistente. A medio plazo, es probable que la UE acelere su apuesta por la ‘soberanía digital’, lo que añadiría una mayor fragmentación al mercado digital global.

La próxima reunión del Consejo de Comercio de la Unión Europea, prevista para julio, será el primer test de la firmeza europea. España, mientras tanto, deberá evaluar si mantiene su impuesto digital —arriesgándose a represalias— o lo modifica para evitar una guerra comercial que pondría en jaque a sectores clave de su economía.