La cooperación judicial entre España y Marruecos vuelve al centro de la polémica política tras la grave crisis registrada en Ceuta. El Partido Popular ha presentado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer qué actuaciones se han llevado a cabo desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para esclarecer los hechos, identificar a los fallecidos y facilitar el retorno de los menores y adultos que llegaron a la ciudad autónoma.
Las diputadas Concepción Gamarra y María Jesús Moro han reclamado explicaciones al Ejecutivo sobre el funcionamiento de la Magistratura de Enlace española en Rabat, una estructura diseñada precisamente para facilitar la cooperación judicial entre ambos países. El escrito recuerda que España cuenta también con una magistrada marroquí de enlace ante las autoridades judiciales españolas y que ambas instituciones mantienen canales de colaboración con la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado.
El PP pone el foco en la cooperación judicial con Rabat
El documento registrado en el Congreso recupera además la declaración conjunta suscrita en marzo de 2025 por el ministro Félix Bolaños y su homólogo marroquí, Abdellatif Ouahbi. En aquel compromiso, ambos gobiernos acordaron reforzar los mecanismos de cooperación judicial para responder a la dimensión transnacional de la delincuencia y a los desafíos planteados por el crimen organizado.
Precisamente por ese antecedente, los populares cuestionan ahora qué papel ha desempeñado esa estructura de cooperación durante la crisis de Ceuta. El PP quiere saber cuándo se activó la Magistratura de Enlace después de la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma y qué actuaciones concretas realizó el magistrado español destinado en Marruecos.
La formación también reclama información sobre la identificación de los fallecidos y sobre los contactos mantenidos con las autoridades marroquíes para localizar a sus familiares. El escrito plantea incluso si España ha solicitado formalmente asistencia judicial a Marruecos para cruzar información sobre personas desaparecidas con los cadáveres recuperados en ambos países.
Identificar a los fallecidos se convierte en una de las prioridades
Uno de los principales interrogantes planteados por el PP afecta a la gestión de los cuerpos de las personas fallecidas durante la crisis. Las diputadas preguntan quién está coordinando jurídicamente su entrega o repatriación y si el Gobierno puede garantizar que ningún cadáver será enterrado o trasladado sin agotar las posibilidades razonables de identificación y localización de sus familiares.
La cuestión adquiere una dimensión especialmente sensible por la presencia de menores que, según el escrito parlamentario, permanecen separados de sus familias. El PP reclama conocer qué ha hecho exactamente la estructura de cooperación judicial para identificar a las personas fallecidas, localizar a sus allegados y facilitar la reunificación de los menores con sus familias marroquíes.
El documento pregunta además por las actuaciones desarrolladas desde el 30 de julio para facilitar la expulsión y recepción de los adultos que accedieron a Ceuta. De esta manera, la oposición trata de situar bajo el foco no solo la respuesta humanitaria, sino también la dimensión jurídica y administrativa de la crisis.
La oposición reclama saber qué ha hecho Bolaños
El PP lleva su crítica directamente hasta Félix Bolaños. Si el Ministerio de Justicia considera que la cooperación con Marruecos funciona de manera eficaz y con una relación institucional especialmente estrecha, los populares preguntan por qué esa cooperación no se ha traducido, a su juicio, en una respuesta judicial de una dimensión equivalente a la gravedad de los acontecimientos registrados en Ceuta.
La pregunta afecta también a los contactos políticos entre Madrid y Rabat. El Congreso reclama conocer qué conversaciones ha mantenido Bolaños con Abdellatif Ouahbi desde que comenzó la crisis y qué medidas se han puesto en marcha en cumplimiento de los compromisos asumidos en la declaración conjunta de marzo de 2025.
La ofensiva parlamentaria del PP busca así determinar si los mecanismos existentes entre ambos países han sido utilizados plenamente en una crisis que afecta simultáneamente a la seguridad, la inmigración, la identificación de víctimas y la situación de menores.
El PP quiere que se investigue quién organizó la operación
La última parte de las preguntas eleva todavía más el alcance de las explicaciones reclamadas al Gobierno. Los populares preguntan expresamente si España está dispuesta a investigar a quienes organizaron, financiaron, facilitaron o instigaron la operación desde territorio marroquí, con independencia de dónde se encuentren.
También reclaman conocer si el Ejecutivo colaborará plenamente con la investigación abierta por la magistrada de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia.
El escrito, registrado el 11 de agosto, convierte así la cooperación judicial entre España y Marruecos en uno de los principales focos de la batalla política posterior a la crisis de Ceuta. Más allá de las decisiones adoptadas durante la emergencia, el PP pretende que el Gobierno detalle ahora qué contactos activó, qué información recibió de Marruecos y qué actuaciones concretas se realizaron para esclarecer los hechos.
La presión parlamentaria llega además en un momento especialmente delicado para la relación bilateral. El Gobierno español y las autoridades marroquíes han construido en los últimos años una relación basada, entre otros elementos, en una estrecha colaboración institucional y judicial. Ahora, la oposición reclama que esa cooperación se traduzca en resultados concretos ante una crisis que ha dejado abiertas numerosas incógnitas sobre la identificación de los fallecidos, la situación de los menores y las responsabilidades que pudieran derivarse de la organización de los cruces hacia Ceuta.
La respuesta de Bolaños tendrá que determinar, por tanto, hasta dónde llegó realmente la cooperación judicial hispano-marroquí durante la crisis y si los mecanismos que ambos gobiernos calificaron previamente de eficaces fueron utilizados con toda su capacidad.
De los Santos anuncia una ofensiva contra Bolaños
En este sentido, y en declaraciones a los medios en Barcelona el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, anunció que el Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas para que Félix Bolaños tenga que responder sobre todas las gestiones y contactos con su homólogo marroquí tras la invasión a Ceuta hace dos semanas.
“Qué tipo de coordinación ha tenido con su homólogo marroquí? ¿Tiene algún tipo de respuesta respecto de las herramientas
jurídicas para devolver a los 11.000 ciudadanos marroquíes que siguen pululando por la ciudad de Ceuta?”, se preguntó. Destacó también que estas preguntas forman parte de la ofensiva parlamentaria del PP, en la que se cuestionará al ministro Bolaños si activó la Magistratura de Enlace con Marruecos y qué ha hecho el magistrado de enlace español desde el 30 de julio.
Recordó que en esta crisis han muerto cerca de 150 personas, de las que no ha informado el Ministerio de Justicia. Por ese motivo, el PP pregunta también si España ha solicitado asistencia judicial a Marruecos para identificar a los fallecidos, si existe una relación de personas desaparecidas, y quién está coordinando jurídicamente la entrega o repatriación de los cuerpos.
Por otro lado, censuró el silencio de Bolaños después de que el ministro de Justicia marroquí haya puesto en cuestión la españolidad de Ceuta y Melilla y el acuerdo de extradición con nuestro país: “Nos acaba de amenazar incluso diciendo que va a romper el tratado de extradición con España, que es el que nos debería hacer posible devolver a todos estos hombres y mujeres que han saltado la valla”.
Resaltó que todo el PP ha defendido la españolidad de Ceuta y Melilla y que solo Margarita Robles lo ha hecho por parte del Ejecutivo: “Ninguno de los otros ministros han hecho unas afirmaciones de esas características. Es inaceptable”. Reprochó que Bolaños se dedique a fotografiarse de vacaciones en el Cabo de Gata y a recomendar viajes: “La única ciudad que debería visitar es Ceuta”.
Retrató el falso liderazgo internacional de Pedro Sánchez y los reproches de los socios europeos a la gestión de la crisis en Ceuta, con la carta de 22 Estados miembros y una misión especial de la Comisaría de Asuntos de Interior y Migración: “¿Cómo es posible que el comisario de Migraciones europeo nos haya mandado una delegación para saber qué está pasando en Ceuta?”
Denunció la negativa de los ministros Marlaska y Albares a comparecer en el Senado y las presiones de Moncloa a Margarita Robles por estar dispuesta a hacerlo: “Se han habilitado los plenos necesarios, las comisiones que eran susceptibles de acoger las comparecencias, y el señor Marlaska, que es juez, se salta la Constitución a la torera”.
“¿Tiene algún sentido que la primera ministra danesa vaya a comparecer una semana antes que los ministros españoles ella en su país para dar explicaciones por lo que ha ocurrido en Ceuta?”, agregó.
