Moncloa ha roto la baraja en la política de vivienda catalana. La entidad estatal Casa 47 ha abierto la convocatoria para alquilar 93 viviendas públicas en nueve municipios de las cuatro provincias sin esperar al acuerdo de cesión que negocia con la Generalitat desde octubre de 2025.
Casi diez meses después de la fotografía entre Salvador Illa e Isabel Rodríguez, el traspaso de una de las mayores carteras públicas de alquiler de Catalunya sigue sin materializarse. Los primeros pisos se adjudicarán con los criterios de Casa 47, sin intervención del Govern. La decisión sitúa a Moncloa y al Govern en una posición incómoda, con la vivienda como campo de batalla simbólico.
El desacuerdo de fondo: quién fija las reglas del juego
El protocolo firmado el 17 de octubre de 2025 no suponía una entrega inmediata. Abría la puerta a ceder a la Generalitat, en régimen de usufructo, la gestión de los pisos de alquiler asequible y a incorporar los terrenos a la Reserva Pública de Solares de Catalunya. Sin embargo, las 13.000 viviendas y los más de 300 suelos estaban en distintos estados de disponibilidad. La incorporación debía hacerse por fases, empezando por un inventario detallado de los activos recibidos de Sareb.
Aquel protocolo debía desarrollarse mediante un convenio que concretara las condiciones de la cesión. En abril, fuentes del Ministerio de Vivienda aseguraron a EFE que el acuerdo se estaba terminando de negociar. Cuatro meses después, las posiciones siguen muy alejadas. Así lo explican fuentes conocedoras del proceso, consultadas por Moncloa.com.
La discrepancia esencial es el reparto del poder sobre los inmuebles. La Generalitat aspira a gestionar las viviendas con sus propios criterios, procedimientos y condiciones. Casa 47, en cambio, rechaza quedar reducida a un propietario meramente formal y defiende su capacidad de decisión sobre un patrimonio que sigue siendo suyo.
Fuentes oficiales del Ministerio rebajan las diferencias. Aseguran que se trabaja ‘de una forma fluida y leal’ y que se ha ‘avanzado prioritariamente’ con los suelos. Respecto a las viviendas, admiten que ‘se ha decidido que estas las saque Casa 47 en lo que se cierra el convenio’. Traducción práctica: decisión unilateral mientras la negociación siga abierta.
Diez meses de protocolo no han resuelto una cuestión de poder: quién decide sobre el parque público de alquiler en Catalunya.
El precedente de Asturias y las cifras de la convocatoria
El modelo firmado con Asturias ayuda a entender qué asuntos quedan pendientes. La comunidad puede gestionar las viviendas en usufructo, pero bajo las condiciones estipuladas por Casa 47, que conserva la titularidad. Quedan por concretar la duración del usufructo, el reparto de gastos, las necesidades de rehabilitación y el régimen de alquiler asequible. La coordinación de los sistemas de información figura también entre los puntos pendientes.
La titularidad otorga a la entidad estatal una posición de fuerza. Mientras no exista un convenio que limite sus facultades, puede continuar gestionando directamente los inmuebles. La convocatoria del 7 de agosto demuestra que está dispuesta a ejercer esa capacidad y que no piensa paralizar sus planes a la espera del Govern.
Del total de 93 viviendas, 56 están en la provincia de Tarragona, 25 en Barcelona, 7 en Lleida y 5 en Girona. Los precios oscilan entre 350 y 1.012 euros al mes, con una media de 7,50 euros por metro cuadrado. Los contratos tendrán una duración inicial de 14 años y podrán prorrogarse en periodos de siete años hasta alcanzar los 75, siempre que los inquilinos mantengan las condiciones exigidas.
La lectura política: Illa necesita ese traspaso
El movimiento llega en un momento delicado para Salvador Illa. El president de la Generalitat hizo de la política de vivienda una de las banderas de su pacto de investidura con ERC y los Comuns. La gestión de estas 13.000 viviendas era, en la práctica, el gran activo que debía demostrar que la vía Illa produce resultados tangibles. Diez meses después, el Govern no ha recibido ni una vivienda. La ausencia de avances complica la aritmética parlamentaria de un Ejecutivo que depende de ERC para aprobar los presupuestos.
La comparación con otras comunidades agrava la lectura. En Asturias, Casa 47 sí ha reconocido a la comunidad la gestión en usufructo, aunque con condiciones estatales. En Catalunya, la negociación se ha enquistado en en el reparto del poder. De hecho, Moncloa no tiene incentivos evidentes para acelerar una cesión tan simbólica justo cuando el PSC necesita con urgencia un gesto ante ERC.
Observamos que la decisión de Casa 47 es legal y previsible. La entidad ejerce facultades propias de propietario público. La cuestión es política: el Gobierno central ha elegido no congelar sus planes mientras dure la negociación. Eso deja en evidencia la debilidad del Govern en uno de los ejes de la legislatura.
La negociación continuará, pero Casa 47 ya ha enseñado sus cartas. Si no hay acuerdo, sacará las viviendas al mercado con sus reglas. El próximo movimiento está en el aire: el convenio puede cerrarse en septiembre o puede seguir esperando. Mientras tanto, los primeros contratos se firman sin que la Generalitat haya podido decir ni una palabra.
