El Gobierno formaliza este miércoles ante Bruselas el último tramo de los fondos europeos: 25.861 millones de euros. Es la solicitud de pago más elevada que ha presentado un Estado miembro desde que arrancó el Next Generation EU, y cierra sobre el papel el Plan de Recuperación que España negoció en 2020 con la Comisión Europea.
Con esta séptima petición, el Ejecutivo da por cumplidos 148 hitos y objetivos, el 30% de los programados en su plan. De ellos, 130 corresponden a transferencias no reembolsables y 18 a préstamos. El desembolso solicitado asciende a 21.463 millones en transferencias —18.711 netos, descontada la prefinanciación recibida al inicio del Plan— y 4.398 millones en préstamos, 4.166 en términos netos. Ningún otro socio comunitario ha llegado a una cifra semejante en una sola solicitud.
Si la Comisión Europea valida la petición, España habrá cobrado 101.300 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR, el instrumento que canaliza el dinero del Next Generation EU).
Lo que España acredita y lo que deja por el camino
El listado que Moncloa ha remitido a Bruselas mezcla vivienda, energía y crédito público. El Gobierno declara iniciadas 23.000 viviendas de alquiler social, de las que 16.000 ya estarían concluidas. En rehabilitación residencial, acredita 53.375 certificados de eficiencia energética con una reducción media del 30% del consumo de energía primaria no renovable. Las deducciones fiscales acumuladas por estas obras alcanzan los 734 millones.
A eso se suma el fondo España Crece, dotado con 13.300 millones a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y 7.500 millones en ayudas movilizadas para el hidrógeno renovable, la transición ecológica y la descarbonización industrial. Hay también hitos en movilidad sostenible, cohesión social e igualdad, digitalización y emprendimiento.
El Plan de Recuperación se cierra con cifras récord en Bruselas y con dos incumplimientos propios que cuestan a España 1.500 millones.
Ahí está la letra pequeña. El Ejecutivo no ha podido dar por cumplidas la ley de lobbys ni la modificación del impuesto del diésel, dos compromisos que arrastraba desde 2021. Bruselas ya ha descontado esos flecos: en torno a 1.500 millones que España no cobrará.
El último desembolso abre la batalla por el dinero que venga después
La validación del séptimo pago depende ahora de los servicios de la Comisión, que revisan cada hito antes de dar el visto bueno. No es un trámite menor: Bruselas ha congelado desembolsos a Hungría y a Polonia por dudas sobre el Estado de derecho. España llega a esta ventanilla con el expediente más voluminoso de la UE y con el aval de haber mantenido un ritmo de ejecución por encima de la media.
El problema es que este es el último cheque. Con 101.300 millones desembolsados, España entra en el ciclo político de 2027 sin red de seguridad europea. El Plan de Recuperación no se prorroga: los fondos no ejecutados en plazo se pierden. A partir de ahí, cualquier inversión pública vuelve a depender del presupuesto nacional y de la regla de gasto (el límite anual que Bruselas impone al aumento del gasto público) que acompaña a la nueva gobernanza fiscal.
Ese hueco tendrá que cubrirlo el presupuesto nacional, y llega en el peor momento: debate presupuestario abierto, comunidades autónomas pendientes del reparto y la regla de gasto como marco de referencia para los próximos ejercicios.
El Eje del Poder Europeo
El cierre del Plan de Recuperación deja a España en una posición incómoda dentro del tablero europeo. Durante seis años ha sido el mayor beneficiario neto del MRR después de Italia, con una combinación de transferencias y préstamos que ningún otro Estado ha logrado movilizar. Ese músculo se agota justo cuando arranca la negociación del Marco Financiero Plurianual (MFP, el presupuesto de la UE para el periodo 2028-2034).
Los ejes ya se han alineado. Los frugales del norte —Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia— sostienen que el Next Generation EU fue una respuesta excepcional a la pandemia y que no debe repetirse. El eje franco-alemán acepta discutir un nuevo instrumento, pero lo quiere atado a reformas estructurales y a la condicionalidad fiscal. España, Italia, Portugal y Grecia reclaman continuidad y advierten de que, sin capacidad inversora común, la UE pierde la carrera tecnológica frente a Estados Unidos y China.
La lectura que hacemos es doble. Por un lado, España llega al debate con la carta de haber ejecutado y de haber cerrado el Plan sin prórrogas forzadas, un argumento que Moncloa usará en cada Consejo Europeo. Por otro, el Gobierno no ha conseguido acreditar dos hitos emblemáticos —lobbies y diésel— que le habrían dado músculo moral en la negociación. Cada incumplimiento pesa más en Bruselas que en Madrid.
Conviene recordar el precedente. Tras la crisis del euro de 2010-2012, la UE respondió con austeridad y con el MEDE (el fondo de rescate), sin deuda mutualizada. El Next Generation fue la excepción y llegó por la pandemia. Observamos que el ciclo político europeo vuelve a mirar hacia la disciplina fiscal, y que España tendrá que defender sus intereses sin el paraguas de un gran fondo común. La próxima cumbre del Consejo Europeo, prevista para finales de octubre, y la propuesta oficial del MFP que la Comisión presentará antes de que acabe el año marcarán el terreno. Ahí se sabrá si el cierre del Plan de Recuperación es el final de una etapa o el prólogo de otra mucho más dura.
