EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Mesa de la Comisión de Educación del Congreso, con mayoría de izquierdas, ha admitido a trámite una enmienda de Sumar que modifica la ley de nietos dentro de una reforma educativa, pese al informe de los letrados de la Cámara.
- ¿Quién está detrás? El PSOE y Sumar imponen su mayoría; el Grupo Parlamentario Popular anuncia un recurso ante la Mesa del Congreso.
- ¿Qué impacto tiene? El PP sostiene que la decisión avala la instrucción de Sofía Puente y advierte de un intento de alterar el censo electoral de residentes ausentes.
El PP denuncia que PSOE y Sumar avalan el fraude en la ley de nietos ignorando a los letrados del Congreso. La mayoría de izquierdas en la Mesa de la Comisión de Educación ha dado luz verde, este miércoles, a una enmienda de Sumar que modifica esa norma dentro de una reforma educativa que nada tiene que ver con ella. Los populares lo califican ya de ‘chapuza legislativa’ y preparan su recurso.
El criterio de los servicios jurídicos de la Cámara Baja era inequívoco. El informe de la Comisión de Educación concluye que la propuesta resulta ‘incongruente con el objeto y la finalidad’ de la iniciativa legislativa en la que se ha insertado. Entre una enmienda sobre nacionalidad y una proposición de ley orgánica sobre ratios de alumnos y jornada docente no aprecian ‘el mínimo punto de conexión material’.
Una enmienda que los letrados consideran inadmisible
El texto de Sumar se incrusta en una proposición de ley orgánica centrada en las ratios de alumnos, la jornada lectiva y las condiciones laborales de los docentes no universitarios. Su objetivo real, sin embargo, es otro: reformar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, esto es, el acceso a la nacionalidad española de los descendientes de exiliados.
El dictamen de los letrados, que no es vinculante, invoca además la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la necesaria congruencia de las enmiendas. Y advierte de un riesgo que no es menor: ignorar ese principio puede ‘lesionar el artículo 23 de la Constitución Española’, que protege la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo.
El PP ha anunciado que recurrirá ante la Mesa del Congreso la admisión de la iniciativa. Fuentes populares denuncian que el PSOE y Sumar han ‘despreciado el criterio de los letrados’ al imponer su mayoría aritmética. El Gobierno, sostienen, mantiene un plan ‘inalterable’ pese a las advertencias de los servicios jurídicos de la Cámara.
La lectura que hace Génova va más allá del trámite. Los populares sostienen que la decisión supone la ‘aceptación tácita’ de que la instrucción de Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes, ‘estaba al margen de la ley’. Y añaden que el Ejecutivo pretende ‘buscar fuera de España los votos que ya no consigue dentro’.
Aceptar una enmienda sin conexión material no es un atajo parlamentario: es admitir que la ley se puede escribir al margen de la ley.
El recurso del PP y el censo exterior, en juego
La controversia se inserta en el debate abierto por la ampliación del acceso a la nacionalidad y del censo exterior derivada de la instrucción ‘manipuladora’ que Sofía Puente dictó sobre esa disposición de la Ley de Memoria Democrática. Más de 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad al amparo de esta norma, y los expedientes aprobados superaban ya el medio millón en junio.
La conocida como ley de nietos permite optar a la nacionalidad a hijos, y nietos de españoles de origen que perdieron o renunciaron a ella por el exilio. La instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública extendió en la práctica esa condición mediante una presunción aplicable a todas las salidas de España producidas entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Ahí está la clave electoral. Los nuevos nacionales residentes fuera de España pueden ser inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. El Tribunal Supremo acordó la suspensión cautelar de la inscripción electoral de los nacionalizados al amparo de esa instrucción cuando no acrediten el exilio exigido por la ley. La resolución no entra en el fondo, pero aprecia un ‘peligro serio’ de que la limpieza del proceso electoral quede ‘gravemente afectada’.
La Junta Electoral Central ha empezado a ejecutar esa cautelar. Ordenó desglosar las inscripciones cuestionadas y ha limitado la elección de circunscripción de los residentes en el exterior, exigiendo que justifiquen documentalmente el vínculo con la demarcación escogida. El Gobierno ha recurrido la medida y ha advertido al Supremo de que los consulados podrían no llegar a tiempo antes de los próximos comicios.
La enmienda de Sumar pretende incorporar a la ley la presunción de que son exiliados todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955. Con la decisión adoptada este miércoles, la enmienda queda calificada y puede continuar su recorrido parlamentario.
El Eje del Poder Popular
En el PP no hay fisuras sobre el diagnóstico. Génova considera que el Ejecutivo ha convertido el procedimiento legislativo en una herramienta para compensar lo que pierde en las urnas, y el Grupo Parlamentario Popular ha activado su maquinaria: recurso ante la Mesa, batalla en la Comisión y, si llega el caso, amparo ante el Tribunal Constitucional.
La lectura territorial refuerza ese argumento. Las once comunidades gobernadas por el PP, que suman alrededor del 60% del PIB del país, ya aplican políticas de seguridad jurídica que contrastan con el laberinto normativo del Ejecutivo. Para los presidentes autonómicos populares está en juego algo mayor: si el censo electoral exterior se puede inflar por decreto.
En el fondo subyace una cuestión de principio que el PP ha convertido en bandera: la defensa del Estado de derecho frente al uso instrumental de las instituciones. El grupo popular ya ha demostrado en el Senado que puede frenar leyes con mayoría absoluta, y en el Congreso mantiene la presión. La enmienda de Sumar, admitida este miércoles, no cierra el caso; lo abre.
El riesgo inmediato es de calendario. El recurso ante la Mesa puede prosperar o no, pero su presentación dilata el trámite y sitúa el debate donde Génova quiere tenerlo: en la limpieza del censo exterior. Si la enmienda sigue su curso, la ley de nietos quedará blindada en el peor momento posible, con la Junta Electoral Central ejecutando ya la cautelar del Supremo. La próxima ventana crítica será la primera votación de la iniciativa en la Comisión de Educación.
No es la primera vez que el PP denuncia un uso torticero del procedimiento legislativo. Ya ocurrió con la ley de amnistía y con los decretos ómnibus tramitados por la vía de urgencia. La diferencia, ahora, es que el Supremo y la Junta Electoral Central han puesto cifras y cautelares a un asunto que hasta hace poco parecía técnico. Cada expediente que se cuele en el censo es un voto que se fabrica fuera de las urnas.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Defensa de la seguridad jurídica y de la limpieza del censo electoral frente a la ingeniería normativa del Ejecutivo.
- Protagonista: Miguel Tellado (portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), al frente de la respuesta parlamentaria.
- Próximo hito: Resolución del recurso ante la Mesa del Congreso y primera votación de la iniciativa en la Comisión de Educación.
