EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Pedro Sánchez ha replicado a Juan Vivas que existió ‘comunicación constante’ entre el Gobierno central y Ceuta antes de la entrada masiva del 30 de julio, después de que el presidente ceutí declarase como testigo ante la Audiencia Nacional.
- ¿Quién está detrás? Sánchez, desde La Moncloa y junto a Emmanuel Macron; Vivas, en su comparecencia judicial; y el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, que despliega su propia cronología de refuerzos.
- ¿Qué impacto tiene? El PP convierte la crisis migratoria de julio en un frente judicial, mientras el Gobierno sostiene que reforzó Ceuta desde el 8 de julio, veintidós días antes de la entrada masiva.
Sánchez responde a Vivas con un argumento de peso: hubo comunicación constante con Ceuta antes de la entrada masiva del 30 de julio. El presidente del Gobierno ha trasladado ese mensaje en la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en La Moncloa junto a su homólogo francés, Emmanuel Macron, de viaje de Estado en España.
El jefe del Ejecutivo ha ido más allá y ha situado la coordinación previa en el terreno de las reuniones formales. En los días anteriores al 30 de julio hubo reuniones a tres entre el Gobierno central, la ciudad autónoma y la Delegación del Gobierno’, ha subrayado. ‘No hubo una ni dos, sino bastantes comunicaciones’, ha añadido, antes de recordar que el propio Vivas declaró ante la Audiencia Nacional que nadie previó una llegada masiva como la que se produjo. ‘Tampoco ellos’, ha remachado.
Dos versiones enfrentadas: la decena de llamadas y el canal de la Delegación del Gobierno
La declaración de Juan Vivas como testigo ante la jueza de la Audiencia Nacional que instruye el caso ha dibujado una versión muy distinta de la que sostiene el Ejecutivo. El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta aseguró que intentó hablar con Sánchez en diez ocasiones antes del 30 de julio y que solo obtuvo respuesta en tres, siempre a través del jefe de Gabinete de Presidencia, Diego Rubio.
En la última de esas tres comunicaciones, según su relato, Rubio le trasladó que el canal a partir de ese momento era la Delegación del Gobierno y no la Presidencia. Vivas situó además una llamada directa a Sánchez el 27 de julio que nunca obtuvo contestación y, ya en contacto con Rubio, advirtió de la gravedad de la situación, de acuerdo con fuentes jurídicas.
Fuentes de Moncloa han rechazado esa reconstrucción con dureza. Sostienen que no tienen constancia de la decena de llamadas, retan al presidente ceutí a que haga públicos los registros y le acusan de ‘jugar a un juego muy peligroso’. Su versión es otra: pidió hablar con Sánchez una sola vez, llegó a hacerlo el mismo 30 de julio, cuando miles de personas ya cruzaban de forma irregular, y ‘se le atendió siempre que llamó’.
La crisis de Ceuta ya no se dirime en los despachos: se dirime en dos relatos que compiten ante la opinión pública y ante una jueza.
El refuerzo de Interior desde el 8 de julio: la cronología que sostiene el Gobierno
El Ministerio del Interior ha respondido a las acusaciones de inacción con una secuencia de decisiones fechadas. Según fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, el refuerzo arrancó el 8 de julio, el mismo día en que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que impedía aplicar el mecanismo de rechazo en frontera a las personas que llegaban a nado a la ciudad.
Los números son concretos: 70 efectivos más de la Guardia Civil, de los que 60 se destinaron a seguridad ciudadana en el vallado y diez al control fronterizo marítimo. Desde esa fecha, el instituto armado desplegó siete embarcaciones de vigilancia con sus tripulaciones: un buque de altura, una patrullera de alta velocidad, y cinco embarcaciones semirrígidas.
A eso se suma que el 20 de julio la Policía Nacional amplió su despliegue con un grupo de 35 antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial. El 25 de julio se decidió crear un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Ceuta y, el 30 de julio, la Secretaría de Estado de Seguridad declaró la tramitación de emergencia de las obras y suministros. Interior insiste en un punto: nunca recibió aviso de una avalancha de más de 72.000 personas. Las cifras bailan entre las 80.000 que maneja el Ejecutivo y las más de 72.000 que cita el departamento, una magnitud sin precedentes recientes en la ciudad.
El Eje del Poder Socialista
La lectura que se hace en la dirección federal es que el PP ha decidido trasladar al terreno judicial una crisis que hasta ahora se libraba en el terreno político. La comparecencia de Vivas como testigo, y no como investigado, abre una ventana que Génova quiere aprovechar, pero obliga a los populares a sostener una acusación de descoordinación que choca con la secuencia de refuerzos certificada por Interior. En Ferraz se subraya un detalle que consideran decisivo: si nadie previó la magnitud de la entrada, tampoco cabe repartir responsabilidades en función del interés partidario.
El aterrizaje territorial es inmediato. Ceuta y Melilla son las dos fronteras terrestres de España con África y su gestión depende de la coordinación entre Interior, las delegaciones del Gobierno y los ejecutivos autonómicos. La crisis de mayo de 2021 ya dejó una lección: los refuerzos policiales y la interlocución con Rabat pesan más que cualquier declaración de urgencia. En el PSOE se defiende que la seguridad ciudadana en el vallado es competencia estatal y que los medios se movilizaron en cuanto se conoció el fallo del Supremo, mientras el Grupo Parlamentario Socialista evita alimentar un debate que la oposición quiere convertir en un juicio paralelo a la gestión del Gobierno.
El riesgo inmediato es procesal. El Ejecutivo mantiene que la entrada masiva respondió a un factor externo: la decisión de Marruecos de no contener los cruces y el vacío abierto tras la sentencia del Tribunal Supremo. Ninguna de las dos cosas se resuelve en un juzgado, pero la causa avanza y el PP quiere rentabilizarla en cada comparecencia. La próxima cita será la decisión de la jueza sobre las diligencias que solicite la acusación popular, un movimiento que los populares quieren acelerar para mantener vivo el foco antes del próximo ciclo parlamentario.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Frente a la judicialización de la crisis, el Gobierno reivindica la gestión, la coordinación institucional y los datos como escudo del Estado.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), con el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska como apoyo técnico.
- Próximo hito: Decisión de la Audiencia Nacional sobre las diligencias solicitadas por el PP en las próximas semanas.
