Salvador Illa ha reconocido este miércoles en el Parlament que la liberalización de la AP-7 fue un error y ha pedido a los Comuns que no bloqueen el proyecto del Cuarto Cinturón. El president de la Generalitat respondía así a Jéssica Albiach, que le había afeado la alta siniestralidad en la principal autopista catalana. ‘Quizás nos equivocamos todos cuando pedimos levantar los peajes’, ha admitido Illa, recordando que él mismo fue partidario de la medida cuando era alcalde de la Roca del Vallès.
La admisión supone un cambio de tono significativo en el Govern del PSC. Hasta ahora, el Ejecutivo evitaba una autocrítica tan explícita sobre la gestión de la infraestructura. Pero las cifras de accidentes y la presión de los Comuns —socios parlamentarios imprescindibles— han forzado un replanteamiento.
El error de la liberalización y las medidas sobre la mesa
La AP-7 registra siniestros prácticamente diarios desde que se levantaron los peajes, con especial incidencia los fines de semana de verano. El tráfico se ha disparado y la calidad de la calzada se ha deteriorado de forma notable. Albiach ha reclamado medidas como la prohibición permanente de adelantamiento para camiones, una opción que el Govern se ha comprometido a estudiar.
Illa ha asegurado que su equipo ya ha empezado a analizar actuaciones y que la conselleria de Territori, Vivienda y Transición Ecológica, dirigida por Sílvia Paneque, valorará las propuestas de los Comuns. Pero el president ha ido más allá y ha lanzado un mensaje directo a sus interlocutores: ‘Ahora nos horrorizamos cuando hablamos de hacer nuevas infraestructuras’, en alusión al rechazo sistemático al Cuarto Cinturón.
El Cuarto Cinturón, la batalla que Illa quiere ganar
El president ha mencionado explícitamente la B-40, la autovía orbital que debe conectar Penedès, Vallès y Maresme sin pasar por Barcelona. Tanto Comuns como ERC se han opuesto históricamente al proyecto por motivos medioambientales. Esa oposición tensó las relaciones del anterior Govern de Pere Aragonès con los socialistas hasta bloquear los presupuestos de 2023.
Ahora, Illa quiere romper el bloqueo. Este martes, el Consell Executiu aprobó una modificación del Programa de Encargo de Actuaciones (PEA) para permitir la inyección económica del Gobierno central al tramo Terrassa-Sabadell. Es un paso administrativo que despeja el camino para que la obra reciba fondos estatales. El movimiento, además, refuerza la imagen de un president que apuesta por la colaboración con Moncloa en materia de infraestructuras.
Illa pide a los Comuns que no bloqueen el Cuarto Cinturón mientras admite que todos se equivocaron con la AP-7.
Análisis: un giro que tensiona el tablero catalán
La intervención de Illa tiene varias lecturas. Primero, muestra la voluntad de recomponer la política de movilidad desde una posición de realismo, asumiendo errores del pasado. Esa autocrítica puede ser leída como un gesto hacia los Comuns, que llevan meses exigiendo responsabilidades por la AP-7. Pero, al mismo tiempo, el president utiliza ese reconocimiento para pedir a sus aliados que no obstaculicen el Cuarto Cinturón. En el fondo, Illa les dice: ‘me equivoqué con vosotros en la AP-7, ahora no os equivoquéis vosotros con la B-40’.
El precedente inmediato es la crisis presupuestaria de 2023, cuando la misma obra fracturó al Govern de Aragonès. Entonces ERC se negó a ceder y los socialistas se quedaron sin cuentas. Ahora ERC no está en el Govern, pero sigue siendo necesaria para la estabilidad parlamentaria. Si el proyecto avanza, los republicanos quedarán ante una disyuntiva incómoda: apoyar una infraestructura que rechazaron o desmarcarse del Ejecutivo. Los Comuns, por su parte, verán cómo su presión ha servido para que Illa admita errores, pero a cambio se les pide un peaje político importante.
Desde el punto de vista territorial, la B-40 es una reivindicación histórica de las comarcas del Vallès y el Maresme, donde el PSC tiene alcaldías y el PP catalán ha crecido. La decisión de Illa puede leerse, también, como una forma de ganar terreno en el cinturón metropolitano frente al discurso independentista y a la oposición de Aliança Catalana en zonas como la Cerdanya. El Govern parece diseñar una estrategia de movilidad pragmática que conjugue seguridad viaria, inversión estatal y equilibrio ambiental.
El principal riesgo para Illa es que su órdago aliente una respuesta conjunta de Comuns y ERC, que podrían unir fuerzas para tumbar la modificación presupuestaria o, al menos, para endurecer las condiciones ambientales. De momento, Albiach ha evitado una respuesta contundente al anuncio del president, pero la discusión está servida. La próxima sesión de control en el Parlament medirá hasta qué punto Illa ha conseguido mover el tablero.
