El Ejecutivo de Imanol Pradales asume que la transferencia completa de la gestión de la Seguridad Social, en particular el pago de las pensiones, no se concretará en la cumbre bilateral de finales de julio con Pedro Sánchez, aunque sí espera avances en otras competencias.
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, viajó este miércoles a Madrid para mantener contactos de alto nivel con el Estado. Oficialmente, no ha hecho declaraciones, pero el Ejecutivo autonómico ha dejado entrever que las conversaciones sobre el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y otras prestaciones avanzan a buen ritmo, según fuentes consultadas por está redacción.
El traspaso de las pensiones, fuera del acuerdo de julio
El traspaso del régimen económico de la Seguridad Social está contemplado en el Estatuto de Gernika de 1979 desde hace más de cuatro décadas. Se trata de una competencia de gestión, ya que el Estado mantendría la potestad legislativa y la caja única solidaria. Así, Euskadi no podría fijar pensiones más altas, aunque sí podría complementarlas con fondos propios, como ya hace con el Ingreso Mínimo Vital.
El coste de las pensiones en Euskadi superó en 2025 los 13.000 millones de euros, una cifra equiparable a la totalidad del presupuesto autonómico. La complejidad técnica y la magnitud económica del traspaso explican, según fuentes del Ejecutivo, que el acuerdo definitivo se aplace más allá del verano.
Las competencias que sí se esperan cerrar este mes
La reunión entre Pradales y Sánchez, prevista para muy finales de julio, podría sellar la transferencia de la gestión del Fogasa, las mutuas colaboradoras, las prestaciones por incapacidad temporal y las prestaciones familiares contributivas ligadas al nacimiento y los cuidados. El Gobierno Vasco ya dio un primer paso simbólico en 2025 al asumir la gestión de los seguros escolares, la primera vez que una comunidad autónoma gestiona funciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.
A esto se suma el traspaso de las políticas pasivas de empleo —prestaciones y subsidios del SEPE—, que Lanbide comenzará a gestionar en enero de 2027, un hito que también se enmarca en el calendario de culminación del Estatuto.
El Gobierno vasco prioriza los avances graduales mientras la gestión del pago de las pensiones, la parte más compleja y costosa del traspaso, queda para más adelante.
Estrategia del PNV y margen político
El PNV apoyó la investidura de Sánchez en 2023 con el compromiso de cerrar todas las materias pendientes del Estatuto en 2025, plazo que no se cumplió. Aun así, el Gobierno de Pradales ha optado por aceptar acuerdos intermedios en enero, en Semana Santa y ahora en julio, manteniendo viva la negociación. La filosofía del Ejecutivo vasco, expresada en términos coloquiales, es que mientras haya un Gobierno en Madrid se puede seguir jugando el partido.
En paralelo, Imanol Pradales quiere incluir en la agenda de la cumbre otros asuntos como la seguridad —en concreto, el control de armas blancas— y determinados acuerdos económicos para que las diputaciones forales dispongan de recursos adicionales destinados a dependencia, personas mayores y discapacidad. También insiste en la competencia portuaria, con el foco puesto en el puerto de Pasaia y una mayor capacidad de gestión en Bilbao.
El calendario político da margen al lehendakari. El PNV ha matizado que sus peticiones de elecciones anticipadas se refieren a 2027 o a cuando se constate la imposibilidad de aprobar los presupuestos de ese ejercicio, lo que aleja la presión de una ruptura inminente con el Gobierno central.
