El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha abierto la puerta a recuperar los peajes en las autopistas catalanas apenas tres años después de que el Gobierno central los eliminara. El secretario de Movilidad del Govern, Manel Nadal, ha confirmado este jueves en una entrevista en Aquí Catalunya que la medida podría aplicarse en un plazo de dos o tres años si existe acuerdo político.
Hace tres años y medio, el 1 de septiembre de 2021, el Ejecutivo de Pedro Sánchez suprimió los peajes de la AP-7 y la AP-2, una reivindicación histórica de la sociedad catalana. La decisión fue aplaudida por todos los partidos, incluido el PSC. Ahora, desde el propio Govern, se admite que aquella medida fue un error. El pasado lunes, el president sorprendió en el Parlament al afirmar que ‘quizá nos equivocamos cuando todos pedíamos que desaparecieran’.
Este jueves, Nadal ha ido más allá al detallar el calendario y las condiciones. ‘Es un debate que el president abrió hace dos días y es un tema que, si estamos de acuerdo políticamente —y creo que sí—, dentro de dos o tres años podríamos tener esta solución en marcha’, ha declarado. El secretario ha enfatizado que la medida debe ser de ámbito estatal: ‘sería incomprensible que los camioneros circulasen libremente por el conjunto del país y que, cuando entraran en Catalunya, se les hiciera pagar’.
El objetivo confeso es doble: mejorar la seguridad vial y garantizar el mantenimiento de las carreteras. Nadal ha lamentado que en la actualidad ‘hay coches abandonados y la carretera está en mal estado’ y ha apuntado que el peaje financiaría una conservación que hoy recae íntegramente en los presupuestos públicos. La Generalitat calcula que la falta de ingresos por peajes ha dejado un déficit de cientos de millones de euros en el sistema viario catalán.
La propuesta del Govern llega un día después de que la AP-7 viviera una jornada especialmente complicada, con tres accidentes de camiones que colapsaron en en la autopista. Para el Ejecutivo catalán, el retorno de los peajes no es solo una cuestión de financiación, sino también de reordenación del tráfico pesado. ‘Los camiones se repartían mejor cuando existían’, ha argumentado Nadal.
La Generalitat reconoce, por primera vez y con todas las letras, que la eliminación de los peajes fue un error. La cuestión ahora es si el consenso político será suficiente para devolver el pago a los ciudadanos.
Del peaje suizo a los arcos lusos: las opciones sobre la mesa
La Conselleria de Movilidad maneja dos alternativas técnicas. La primera, un sistema similar a la euroviñeta suiza —tarifa plana anual—, ha sido prácticamente descartada porque la Unión Europea solo la autorizará hasta 2032, lo que la convertiría en ‘una solución muy provisional’. La apuesta ganadora es el modelo portugués de telepeaje por arcos: dispositivos que leen la matrícula al entrar y salir de la autopista y emiten la factura correspondiente. Esta tecnología, ya probada en la A-23 en Aragón, permitiría aplicar tarifas variables según el tipo de vehículo y la distancia recorrida.
Las vías afectadas no se limitarían a la AP-7 y la AP-2. Nadal ha mencionado los ejes que van hacia el Pirineo (C-16, C-14, C-12) y el Eix Transversal, entre otras vías de alta capacidad de titularidad autonómica y estatal. Para las carreteras dependientes del Ministerio, el Govern necesita el visto bueno de Madrid, lo que añade una capa de complejidad política al debate.
El rompecabezas político: consenso en Barcelona, visto bueno en Madrid
La rectificación de Illa no es gratuita. La eliminación de los peajes en 2021 fue una bandera transversal: ERC, Junts, los comunes y el propio PSC la defendieron. Ahora, el president se arriesga a fracturar los apoyos que sostienen su Govern. Nadal ha asegurado que hay ‘un amplio consenso en el Parlament’, pero fuentes parlamentarias consultadas por esta redacción apuntan a que tanto ERC como los Comuns pedirán a cambio medidas compensatorias para las rentas más bajas y el transporte de mercancías de proximidad.
El condicionante estatal es aún más delicado. El Ministerio de Transportes, liderado por el socialista Óscar Puente, tendría que autorizar el cobro en las autopistas de titularidad estatal. En Moncloa, la medida se observa con cautela: reintroducir peajes en Cataluña podría desatar una tormenta política en otras comunidades y comprometer los equilibrios territoriales del Gobierno de coalición. Illa necesita que Sánchez le dé oxígeno, pero en esta legislatura, los pactos con Junts y ERC en el Congreso ya han encarecido las demandas territoriales.
La jugada de Illa tiene, no obstante, una lectura práctica. La saturación de la AP-7 —con una media de 110.000 vehículos diarios en el tramo del Vallès— y el incremento de la siniestralidad en las vías de alta capacidad catalanas han convertido el debate en un problema de gestión urgente. La pregunta es si la solución de los peajes, con el coste político que implica, encontrará el eco necesario en Madrid y en el Parlament.
El calendario que maneja el Govern permite margen: dos o tres años para cerrar acuerdos y desplegar la tecnología. Sin embargo, el mero hecho de poner la propuesta sobre la mesa ya ha agitado el tablero. La semana que viene, el conseller de Territori comparecerá en la comisión parlamentaria. Allí se verá si el consenso del que habla Nadal resiste el primer cruce de reproches.
