Las legislaturas estatales de Estados Unidos están tomando cartas en el asunto de la seguridad nacional, un terreno que durante décadas se ha considerado coto exclusivo de Washington. Sin que medie una amenaza inminente ni un mandato federal, estados como Misuri y Oklahoma han aprobado en las últimas semanas leyes que restringen la propiedad extranjera cerca de bases militares, prohíben vuelos de drones sobre infraestructuras críticas y blindan su sistema educativo frente a la influencia de China. El movimiento, liderado por legisladores republicanos, responde a una doble presión: la percepción de que Pekín actúa a nivel local y la convicción de que la maquinaria federal se mueve demasiado despacio.
Misuri y Oklahoma: dos laboratorios legislativos contra la amenaza china
El senador estatal republicano Nick Schroer llevaba meses escuchando rumores de incursiones de drones en la base aérea de Whiteman, en Misuri. La base alberga la flota de bombarderos furtivos B-2 Spirit, decisivos en la campaña contra Irán y en cualquier hipotético conflicto con China. Cuando en 2025 saltó la noticia de que una pareja canadiense con supuestos vínculos con la inteligencia china había comprado un parque de caravanas a menos de una milla de la valla perimetral, Schroer decidió actuar. El mes pasado, Misuri convirtió en ley una norma que prohíbe el vuelo de drones sobre infraestructura crítica, incluidas las bases militares. “La gente de Misuri no quiere esperar a que el Gobierno federal reaccione cuando hay agentes sobre el terreno ahora mismo”, declaró.
En Oklahoma, la senadora republicana Julie Daniels impulsó la Foreign Principal Lobbying Oversight Act, una ley que obliga a registrarse a cualquier persona que haga lobby en nombre de un gobierno extranjero. La norma, aprobada por unanimidad y firmada en mayo por el gobernador Kevin Stitt, no se limita a China, aunque el contexto es inequívoco. A su lado, el representante republicano Chad Caldwell logró sacar adelante la Military Installation and Critical Infrastructure Protection Act of 2026, que veta que naciones adversarias mantengan inversiones significativas en terrenos agrícolas o propiedades cercanas a instalaciones militares. La ley pasó con un apoyo abrumador (42-6 en el Senado estatal) y los únicos votos en contra fueron demócratas.
El papel de las organizaciones que mueven los hilos
Detrás de este activismo legislativo operan dos organizaciones discretas pero influyentes: State Shield y State Armor. La primera, fundada por Joe Gebbia Sr., trabaja con legisladores en 17 estados para promover proyectos de ley centrados en cinco áreas: participación extranjera en procesos políticos, propiedad de terrenos estratégicos, desinversión de regímenes adversarios, drones sobre infraestructuras críticas e influencia internacional en la educación superior. La segunda, liderada por Michael Lucci, exjefe de política del gobernador republicano de Illinois Bruce Rauner, opera en 15 estados y combina investigación con acción legislativa. Ambas coinciden en un diagnóstico: China lleva años explotando las costuras del sistema federal.
Que Schroer no recuerde haber colaborado directamente con ellas no es casualidad. La punta de lanza sobre el parque de caravanas chino cerca de Whiteman llegó a través de un soplo de State Armor al Daily Caller. La influencia es real, pero difusa. “Muchas de estas cuestiones deberían ser rojas, azules y púrpuras —señala Lucci—. Ahora mismo son más rojas y púrpuras”. La frase describe bien un fenómeno que, por el momento, moviliza sobre todo a mayorías republicanas en estados conservadores.
Los estados no están suplantando al Pentágono. Están legislando porque sus ciudadanos les exigen una protección que Washington no está ofreciendo con la rapidez necesaria.
La Lógica de Washington
Para entender este movimiento hay que recordar que el sistema federal estadounidense está diseñado para que los estados conserven amplios poderes policiales bajo la Décima Enmienda. Cuando el Gobierno federal no actúa —o lo hace con lentitud—, las legislaturas estatales tienen la capacidad y, cada vez más, la voluntad política de intervenir. No es la primera vez que ocurre: la resistencia a la inmigración irregular durante los años de Obama ya provocó que varios estados republicanos aprobaran sus propias leyes. Ahora, la amenaza percibida es China, y la respuesta sigue el mismo manual.
Los legisladores consultados por Moncloa.com —todos ellos republicanos— comparten una lectura común. Primero, que las agencias federales, desde la Federal Aviation Administration hasta el propio Departamento de Defensa, se mueven con una lentitud incompatible con la velocidad de la amenaza. Segundo, que China ha entendido mejor que Washington las vulnerabilidades del sistema descentralizado y está invirtiendo en puntos ciegos: terrenos próximos a bases, universidades con escasos controles y procesos electorales locales donde el dinero extranjero puede colarse. El senador de Nuevo Hampshire Kevin Avard lo resume con claridad: “Queremos asociarnos con el Gobierno federal, pero mientras tanto vamos a protegernos nosotros”.
Desde la óptica española, estas leyes estatales no apuntan directamente al capital europeo. España es un aliado de la OTAN y sus inversiones en Estados Unidos —Iberdrola en renovables, Ferrovial en infraestructuras, Santander en banca— rara vez despiertan sospechas de seguridad nacional. Sin embargo, la proliferación de restricciones estaduales crea un mosaico regulatorio que complica cualquier operación. Si algún estado endurece la definición de “nación adversaria” o amplía las zonas de exclusión, un inversor español podría verse sometido a controles adicionales sin previo aviso. Por ahora, el impacto es mínimo; el riesgo de fragmentación normativa, en cambio, es real y creciente.
Lo que está por venir
El calendario inmediato no marca citas decisivas, pero la tendencia legislativa se acelera. Nuevo Hampshire tiene pendiente un proyecto de ley para cerrar la brecha que permite a gobiernos extranjeros financiar referendos locales. En otros estados, las cámaras han empezado a debatir propuestas que van desde la divulgación obligatoria de vínculos con Pekín hasta la prohibición de contratos públicos con entidades vinculadas al Partido Comunista Chino. La Casa Blanca, de momento, observa: el presidente Donald Trump ha celebrado la iniciativa de los estados en materia económica y de defensa, aunque sin implicarse directamente. En Washington saben que esta ola legislativa, nacida desde abajo, refuerza su propio mensaje proteccionista sin coste político. Mientras tanto, los ciudadanos de Misuri y Oklahoma han logrado que sus representantes actúen. Y eso, en la América de 2026, ya es noticia.
Ficha del Caso
- El caso: Legislaturas estatales republicanas, especialmente en Misuri y Oklahoma, están aprobando leyes propias de seguridad nacional para frenar la influencia de China ante lo que consideran un vacío federal.
- Datos clave: Misuri ha restringido los vuelos de drones sobre infraestructura crítica. Oklahoma ha implantado un registro de lobistas extranjeros y veta la inversión adversaria cerca de bases militares. Ambas leyes entraron en vigor en mayo-junio de 2026.
- Para España: Impacto directo casi nulo, pero la fragmentación regulatoria podría generar incertidumbre para empresas españolas con inversiones en suelo estadounidense si algún estado endurece los criterios de revisión.
