La contaminación silenciosa que amenaza a Fonte Díaz y al río Ulla
Los vecinos de Touro denuncian que la balsa de residuos mineros de la antigua mina de cobre sigue vertiendo filtraciones ácidas con metales pesados a menos de 300 metros de la aldea de Fonte Díaz. La Plataforma Mina Touro-O Pino Non documenta desde hace años un líquido anaranjado que emerge de una zanja junto a la carretera y que acaba en el arroyo Ameneiro Lamas, afluente del río Ulla. “Lleva décadas ocurriendo todos los días del año, las 24 horas”, sostienen los afectados, que alertan de la bioacumulación de metales en el lecho fluvial.
El depósito —clausurado a mediados de los ochenta— está catalogado como peligroso por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC). Julio César Arranz, uno de los científicos que elaboró el inventario, lo confirma sin matices: “Está en el inventario por su capacidad de contaminar aguas superficiales y porque, en caso de rotura, se vería afectada la aldea de Fonte Díaz”. La inclusión se produjo en 2015 tras un desencuentro con la Xunta de Galicia, que defendía que la balsa no debía figurar por tener propietario. La revisión de 2019 elevó además la categoría de riesgo.
La Xunta ata la solución al proyecto minero y la Justicia da la razón a la empresa anterior
Fuentes de la Consellería de Economía e Industria aseguran que la restauración de la balsa “está incluida en el proyecto de la empresa Cobre San Rafael para reactivar la explotación, declarado estratégico por la Xunta y en tramitación ambiental”. La compañía presentó su primer plan en 2017, que fue rechazado por deficiencias ambientales, y un segundo en 2024, que obtuvo la declaración de proyecto industrial estratégico. El pasado mes de junio, miles de personas se manifestaron contra la reapertura durante la exposición pública del nuevo expediente.
En mayo de 2026, la Justicia anuló aquella primera declaración de impacto ambiental negativa por un defecto de forma —no se dio audiencia a la empresa antes de archivar—, pero Cobre San Rafael prefiere continuar con el proyecto estratégico actual. La plataforma vecinal y organismos como Icomos, asesor de la Unesco, temen que la mina dañe el Camino de Santiago que cruza la zona.
Tras una comunicación de los vecinos al Ministerio para la Transición Ecológica en marzo de 2026, se ejecutaron obras para canalizar las filtraciones y separarlas de las pluviales, pero el líquido anaranjado sigue alcanzando la red de aguas limpias. La contaminación persiste sin que exista un plan de emergencia exterior, exigible por el real decreto 975/2009 para depósitos de categoría A. El propia IGME admite que la norma no se aplicó por ser una instalación anterior, aunque el experto subraya que, de aplicarse, “sería categoría A de libro”.
A menos de 300 metros de la balsa hay viviendas, un centro cultural y una residencia de mayores.
El vacío normativo contrasta con accidentes recientes como el de Monte Neme el pasado invierno, otra balsa minera gallega que cedió. La plataforma pregunta si los vecinos deberán estar “pendientes de dos alarmas: la de la balsa antigua y la nueva que instalen, ambas con población a 300 metros y el río Ulla como destino”.
El Laboratorio Gallego
Galicia arrastra desde hace décadas la herencia de una minería intensiva que dejó pasivos ambientales sin restaurar. El caso de Touro condensa la tensión entre el impulso industrial de la Xunta —que ampara proyectos estratégicos como este bajo el paraguas de la Lei de proxectos industriais estratéxicos— y las demandas de los colectivos ecologistas y vecinales, que ven cómo las promesas de restauración quedan supeditadas a nuevas explotaciones. La Consellería de Economía e Industria admite abiertamente que solo actuará si el proyecto de Cobre San Rafael sale adelante, lo que supone un chantaje ambiental de facto para una zona que ya padece filtraciones diarias.
La lectura nacional de este episodio es clara: el modelo gallego de tramitación acelerada de grandes proyectos industriales —con informes ambientales cuestionados y un fuerte rechazo social— podría replicarse en otras comunidades si el PP consolida su apuesta por flexibilizar los controles ambientales. Sin que Alberto Núñez Feijóo haya mencionado expresamente este caso, el paralelismo con la estrategia del partido a nivel estatal de rebajar trabas burocráticas a la industria resulta evidente. La próxima cita será la evaluación ambiental del segundo plan de Cobre San Rafael, que determinará si la Xunta avala una reactivación minera que los científicos del IGME consideran incompatible con la seguridad hídrica de la comarca.
Ficha del Caso
- El caso: La balsa de residuos de la antigua mina de cobre de Touro, clausurada en los ochenta, filtra aguas ácidas con metales pesados hacia el río Ulla y amenaza el núcleo de Fonte Díaz. La Xunta vincula su restauración a un polémico proyecto de reactivación minera.
- Datos importantes: Presa catalogada como peligrosa por el IGME-CSIC desde 2015; proyecto de Cobre San Rafael declarado estratéxico en 2024; manifestación multitudinaria en junio de 2026; sin plan de emergencia exterior ni restauración activa.
- Resumen: La parálisis de la Xunta ante un pasivo ambiental histórico y su apuesta por priorizar el desarrollo industrial evidencian un choque entre economía y medio ambiente que trasciende las fronteras gallegas.
