EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Nueve congresistas republicanos presentaron el 4 de julio una resolución conjunta para derogar la 17ª Enmienda de la Constitución de EE.UU., que desde 1913 establece la elección directa de los senadores por voto popular.
- ¿Quién está detrás? El representante Keith Self (Texas) lidera la iniciativa, apoyada por otros ocho legisladores del Partido Republicano que defienden el federalismo y los derechos de los estados.
- ¿Qué impacto tiene? Para España, el impacto inmediato es inexistente. La propuesta, de improbable aprobación, refleja un debate interno que subraya la deriva federalista de una parte del Partido Republicano.
Un grupo de nueve congresistas republicanos, capitaneados por el representante de Texas Keith Self, ha puesto sobre la mesa una reforma constitucional de calado: derogar la 17ª Enmienda (la reforma de 1913 que impuso la elección directa de los senadores por voto popular) para que los senadores vuelvan a ser designados por las legislaturas de cada estado, tal como establecía el texto original de 1787. La resolución, presentada el 4 de julio, busca devolver al Senado su diseño federalista original.
Junto a Self firman los también republicanos Eric Burlison (Misuri), Andrew Clyde (Georgia), Paul Gosar (Arizona), Andy Harris (Maryland), Scott Perry (Pensilvania), Clay Higgins (Luisiana), Sheri Biggs (Carolina del Sur), Michael Cloud (Texas) y Victoria Spartz (Indiana). La lógica del movimiento es nítida: restaurar el papel de los estados como entes soberanos en la Cámara Alta.
«El sistema actual nos ha dado políticos de seis años más centrados en ambiciones nacionales y en la institución del Senado que en los estados a los que sirven», afirmó Self en un comunicado. El congresista tejano insiste en que la derogación de la enmienda «restaurará ese equilibrio constitucional y hará que el Senado rinda cuentas ante el pueblo de Texas y de todos los demás estados». Burlison añadió que no es casualidad que Washington haya concentrado más poder y deuda desde 1913, precisamente cuando la 17ª Enmienda entró en vigor junto al impuesto federal sobre la renta (16ª Enmienda).
La enmienda que ahora quieren eliminar fue ratificada en en 1913 después de años de bloqueos en las legislaturas estatales y de la influencia de las maquinarias políticas. En aquel momento, 29 estados ya practicaban alguna forma de elección directa mediante compromisos electorales. La derogación propuesta es, constitucionalmente, una tarea titánica: solo otra enmienda puede dejar sin efecto una existente, y EE.UU. solo ha logrado revocar una vez la prohibición del alcohol (18ª y 21ª Enmiendas).
El precedente invita a la cautela. Desde 1826 se presentaron más de 280 propuestas para la elección directa antes de que el Congreso aprobara la 17ª Enmienda en 1912. Hoy, los republicanos federalistas sostienen que la elección directa ha convertido al Senado en un «circo mediático» controlado por grandes fortunas, en palabras del representante Higgins. La portavoz de Spartz sugirió que, mientras se deroga, los estados pueden trasladar las primarias a las legislaturas estatales o a convenciones de partido.
La propuesta: devolver el Senado a los estados
La resolución de Self se apoya en los Federalist Papers, que en 1788 defendían que las legislaturas estatales elegirían a los senadores más «distinguidos por su capacidad y virtud». El objetivo hoy es devolver a los estados una representación soberana que la Cámara de Representantes, por su diseño, no puede ofrecer. La resolución, sin embargo, no tiene visos de prosperar en un Congreso donde los demócratas mantienen capacidad de bloqueo y donde la propia prioridad legislativa está copada por la agenda económica de la Administración Trump.
Para los nueve firmantes, no obstante, la iniciativa es un termómetro del creciente descontento con el statu quo constitucional. No es la primera vez que legisladores republicanos proponen derogar la 17ª Enmienda; en los últimos años, figuras como el senador Mike Lee (Utah) han defendido su eliminación desde el ala más originalista del partido.
Para los republicanos federalistas, la elección directa de senadores es la raíz de un Congreso hipercentralizado y alejado de los intereses de los estados.
La resolución conjunta requeriría el apoyo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de las legislaturas estatales para convertirse en la 28ª Enmienda. Dado el clima político actual, las probabilidades son ínfimas. Pero el gesto moviliza a las bases del partido de cara a las elecciones legislativas de noviembre de 2026.
Un cambio improbable pero con carga simbólica
El recorrido de la 17ª Enmienda enseña hasta qué punto una reforma profunda necesita décadas de presión popular. A principios del siglo XX, los escándalos de corrupción y los bloqueos en la elección de senadores —como el de Delaware, que pasó dos años sin uno de sus escaños— generaron un clamor suficiente. Actualmente, no existe un movimiento de masas que exija la elección indirecta; el proyecto es más una reivindicación doctrinal.
Pese a ello, el debate resucita una tensión irresuelta del sistema estadounidense: ¿debe el Senado representar a los ciudadanos o a los estados? La respuesta de los promotores es clara: los estados, porque son los depositarios de la soberanía federal. La paradoja es que, en 1913, quienes defendían la elección directa también invocaban los principios fundacionales para argumentar que el pueblo debía elegir a todos sus representantes.
La Lógica de Washington
La propuesta encaja en una corriente federalista que ha ganado peso en el Partido Republicano desde el Tea Party. Para sus partidarios, la 17ª Enmienda desnaturalizó el Senado y lo convirtió en una réplica de la Cámara de Representantes, diluyendo la influencia de los estados y facilitando la expansión del gobierno federal. La lectura originalista de la Constitución, tan en boga entre los jueces y legisladores conservadores, proporciona el armazón teórico: los Padres Fundadores diseñaron una cámara que sirviera de contrapeso a las pasiones populares y defendiera los intereses locales.
Desde la perspectiva de Washington, la resolución de Self es también un mensaje hacia dentro del partido. Moviliza a los votantes más conservadores, subraya la distancia con los demócratas en la concepción del Estado y ofrece una bandera de lucha cultural en un momento en que la agenda legislativa compite con la gestión de la economía. El hecho de que nueve representantes —ninguno senador— impulsen la medida refleja que el Congreso puede ser un altavoz de debates identitarios incluso cuando la viabilidad es nula.
Para España, la iniciativa no altera un ápice las relaciones bilaterales. La propuesta no menciona comercio, defensa ni política exterior, y su recorrido legislativo es casi una quimera. Sin embargo, sí subraya el estado de introspección constitucional en el que puede sumergirse Washington, una distracción que, en el corto plazo, aplaza la atención a otros asuntos más relevantes para los socios europeos. El precedente histórico más cercano de enmienda fallida con ecos federalistas fue la propuesta de convocar una Convención de los Estados para limitar el poder federal, que ganó adeptos en la década de 2010 pero nunca alcanzó los apoyos requeridos. En 2026, el contexto repite el mismo patrón: gestos simbólicos que retumban en los titulares pero se diluyen en los pasillos del Capitolio.
Ficha del Caso
- El caso: El representante republicano Keith Self presentó el 4 de julio de 2026 una resolución para derogar la 17ª Enmienda y eliminar la elección directa de senadores, retornando el poder de designación a las legislaturas estatales. Le acompañan otros ocho legisladores del ala federalista del partido.
- Datos clave: La resolución necesita dos tercios de ambas cámaras y la ratificación de 38 estados para modificar la Constitución. La 17ª Enmienda fue ratificada en 1913 tras más de 280 propuestas fallidas. Solo una enmienda ha sido revocada previamente (la 18ª, sobre la prohibición del alcohol).
- Para España: Impacto inexistente. La propuesta es un debate interno estadounidense sin consecuencias directas sobre exportaciones, inversiones o acuerdos bilaterales. Su recorrido es casi simbólico y no afecta a la relación transatlántica.
