EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Cuatro trabajadores del Consulado de Marruecos en Canarias han pedido a los ministros de Exteriores de España y Marruecos que intervengan ante el incumplimiento reiterado de sentencias laborales firmes que suman 108.569 euros.
- ¿Quién está detrás? Los agentes locales denuncian que la cónsul, Fatiha El Kamouri, mantiene un trato vejatorio y no acata los fallos judiciales por acoso laboral y reclamaciones de cantidad.
- ¿Qué impacto tiene? Los empleados exigen la reposición en sus puestos y el cese del hostigamiento. Recurren a ejecuciones forzosas que incluyen multas al consulado.
Cuatro trabajadores del Consulado de Marruecos en Canarias piden amparo a los ministros de Asuntos Exteriores de España y Marruecos ante el reiterado incumplimiento de sentencias laborales firmes. Una situación que se arrastra desde 2022 y que deja al descubierto un choque entre la inmunidad consular y los derechos de los empleados locales.
La conflictividad laboral en la delegación se disparó con la llegada de la cónsul Fatiha El Kamouri hace cuatro años. Desde entonces, los agentes locales —contratados bajo la normativa española— han presentado más de veinte demandas que totalizan 108.569 euros entre reclamaciones de cantidad e indemnizaciones por acoso y daño moral. De todos esos procedimientos, el consulado ya ha sido condenado a pagar cerca de 80.000 euros en resoluciones firmes.
Los fallos judiciales detallan un patrón de humillación constante. A una trabajadora la sentaron ante “la mesa vacía, sin ordenador, con un teléfono desenchufado”, según recoge el auto. Otro empleado fue convertido en chófer personal, con disponibilidad total y llamadas a deshoras. Una sentencia declaró probado el trato denigrante y ordenó el cese del acoso laboral, además de 20.000 euros de indemnización por daños morales. Ninguna de esas medidas se ha cumplido: los afectados siguen aislados, sin funciones y bajo vigilancia constante.
La carta remitida el pasado 28 de abril a José Manuel Albares, Nasser Bourita, la embajadora Karima Benyaich y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, no busca la confrontación, subrayan los firmantes. “Trasladamos una realidad jurídicamente grave que afecta al respeto debido al ordenamiento del país anfitrión”. El silencio de ambas cancillerías ha sido absoluto, lo mismo que el de la legación marroquí.
El incumplimiento de sentencias por parte de una misión extranjera pone a prueba la capacidad del Estado para hacer valer su jurisdicción laboral en territorio propio.
Los trabajadores se ven abocados a ejecuciones forzosas. En diciembre de 2025, una jueza de Las Palmas de Gran Canaria ya impuso “apremios pecuniarios” al consulado por desobediencia reiterada y llegó a citar personalmente a la cónsul en marzo de este año. El Kamouri no se presentó. Además, varias vistas tuvieron que suspenderse tras la renuncia del abogado del consulado.
Los recurrentes insisten en que siempre han actuado con “profesionalidad y lealtad” y que su único objetivo es recuperar sus puestos en condiciones dignas, sin represalias. “Llevamos más de tres años pidiendo, a través de las vías legales, lo que establecen las propias sentencias”, señalan en un tramo de la carta enviada a los ministros.
Una escalada judicial que empezó en 2022
Ya en noviembre de 2022, apenas dos meses después de la llegada de la nueva cónsul, un grupo de seis agentes alertó por escrito del “deterioro del clima laboral” en el Consulado de Marruecos en Canarias. Aquella primera comunicación ya hablaba de hostigamiento, presión indebida y trato impropio. **Nada cambió. Cuatro años después, el sumario judicial engorda mes a mes.**
Las bajas médicas por ansiedad y estrés laboral han sido la norma entre los empleados. “Todos nos hemos visto obligados a solicitarlas”, confiesan los firmantes. La situación ha derivado en un círculo vicioso de incomparecencias, sanciones y nuevas denuncias que dilatan el conflicto y agotan a las víctimas.
La petición a Exteriores: que los fallos se cumplan
La carta pide a Albares y a Bourita que garanticen el cumplimiento “íntegro y efectivo” de todas las sentencias firmes dictadas por los tribunales españoles. También exigen la restitución inmediata en los puestos de trabajo, el cese de cualquier conducta que pueda interpretarse como represalia y un entorno laboral respetuoso con la legalidad. Hasta la fecha, no ha habido respuesta institucional.
Los trabajadores advierten de que, de persistir el incumplimiento, las ejecuciones judiciales pueden desembocar en embargos y multas que acabarían afectando a la operatividad del consulado. Una perspectiva incómoda para las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, en un momento de alta sensibilidad diplomática.
El Pulso Territorial
En Canarias, comunidad insular y región ultraperiférica de la UE, la presencia de consulados extranjeros es particularmente intensa por su cercanía con África. Los agentes locales que trabajan en estas sedes están amparados por la legislación laboral española y, sin embargo, la inmunidad de la misión diplomática se convierte a menudo en un escudo para el incumplimiento de las sentencias. No es un caso exclusivo de las islas, pero la dimensión del conflicto marroquí —con más de veinte demandas y 108.569 euros en litigio— lo coloca entre los más graves del mapa autonómico. La comparación con otras comunidades como Castilla y León o Extremadura, donde los consulados son escasos, resulta imposible; aquí el peso de la red consular marroquí es estructural. El Gobierno de España, a través de Exteriores, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales en su territorio, sin que eso suponga un conflicto diplomático. La incógnita es si José Manuel Albares moverá ficha antes de que las ejecuciones forzosas conviertan un problema laboral en una crisis bilateral. Con las próximas elecciones en las islas a la vuelta de la esquina —previstas para 2027—, cualquier roce con Marruecos podría adquirir un eco político imprevisto.
Ficha Autonómica
- El caso: Cuatro agentes locales del Consulado de Marruecos en Canarias denuncian el incumplimiento sistemático de sentencias laborales firmes, entre ellas una por acoso y otra por daños morales, y piden la intervención de los ministros Albares y Bourita.
- Datos importantes: Más de 108.000 euros reclamados, cerca de 80.000 en condenas firmes. Una indemnización de 20.000 euros por daño moral. En diciembre de 2025 se impusieron multas coercitivas al consulado.
- Resumen: Los trabajadores agotan la vía judicial con ejecuciones forzosas y piden a los ejecutivos español y marroquí que garanticen el cumplimiento de los fallos. El consulado sigue sin acatar y las cancillerías guardan silencio.
