EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La administración Trump ha gastado 2.700 millones de dólares para cancelar nueve proyectos eólicos marinos en las costas Este y Oeste.
- ¿Quién está detrás? El Departamento del Interior ha firmado acuerdos con TotalEnergies, Invenergy y otras compañías.
- ¿Qué impacto tiene? Los fondos se redirigen a infraestructura de gas y petróleo. Las ambiciones verdes europeas y empresas como Iberdrola notan el golpe.
Washington ha vuelto a mover ficha en su guerra contra la eólica marina. Esta primavera, el Departamento del Interior ha cerrado una serie de acuerdos millonarios con grandes energéticas para recomprar concesiones eólicas marinas y frenar en seco nueve proyectos que debían levantar molinos frente a las costas de Estados Unidos. La factura total asciende a 2.700 millones de dólares, una cifra que la administración Trump defiende como reembolso a las empresas y que sus detractores califican de pago ilegal.
El primer pacto llegó en marzo, cuando el gobierno estadounidense aceptó pagar 928 millones de dólares a la francesa TotalEnergies a cambio de que renunciara a dos parques eólicos en Carolina Long Bay y la zona de New York Bight. A cambio, la compañía se comprometió a invertir ese dinero en infraestructura de gas natural y petróleo, y a no volver a presentar proyectos eólicos en aguas federales. El patrón se repetiría en abril y junio: 765 millones a los promotores de Bluepoint Wind, 120 millones a Golden State Wind y otros 765 millones a filiales de Invenergy, todas con el mismo destino: el dinero debía fluir hacia combustibles fósiles.
El último anuncio, cerrado a finales de junio, canceló una concesión en Carolina Long Bay a Duke Energy por 129 millones, con la empresa obligada a reinvertir en capacidad de generación para sus clientes. La administración insiste en que se trata de devoluciones “dólar por dólar” de lo que las compañías pagaron por las licitaciones, aunque la realidad es que en varios casos el reembolso solo fue parcial. El mensaje político es inequívoco: la Casa Blanca no quiere nuevos aerogeneradores en sus costas.
Iberdrola y el impacto en las renovables españolas
Para España, el giro energético de Washington tiene un nombre propio: Iberdrola. La compañía, a través de su filial estadounidense Avangrid, es uno de los mayores actores en eólica marina del país. De hecho, Vineyard Wind, el proyecto que Avangrid desarrolla con Copenhagen Infrastructure Partners frente a Massachusetts, empezó a verter electricidad a la red esta misma primavera tras superar los intentos de la administración de paralizarlo. No todos los parques han tenido tanta suerte: la cancelación masiva de nueve concesiones reduce drásticamente el horizonte de negocio para las empresas que habían apostado por el mercado estadounidense.
Iberdrola no está directamente entre las afectadas por estos acuerdos de recompra, pero la señal regulatoria es demoledora. Si el gobierno federal puede comprar retroactivamente licencias ya concedidas y obligar a las empresas a desinvertir en el país, cualquier plan de expansión renovable queda en suspenso. La compañía que preside Ignacio Galán mantiene, de momento, su apuesta por EE.UU., pero los próximos pasos se analizarán con lupa en la sede de Madrid.
Cancelar nueve proyectos con 2.700 millones en reembolsos no es un reembolso, es una política industrial con chequera.
La Lógica de Washington
Cuando los medios europeos reducen estas maniobras a una “guerra contra las renovables”, se pierden la parte más importante: la lógica interna que mueve a la administración Trump. La eólica marina se ha topado en los tribunales con una batería de demandas y obstáculos regulatorios, pero la Casa Blanca ha descubierto un camino más rápido. En lugar de litigar durante años, compra los derechos de explotación y los entierra. A cambio, el dinero se reinvierte en gas natural y petróleo, sectores que el presidente ve como garantía de independencia energética y de empleo en estados clave.
El precedente no es nuevo. Ronald Reagan ya protegió el acero nacional con aranceles en 1984 y George W. Bush impuso restricciones al acero importado en 2002 con el mismo argumento: seguridad nacional y empleo local. Ahora, Trump amplía ese manual a la energía. El electorado republicano entiende que las centrales de gas crean puestos de trabajo estables en Indiana, Wisconsin o Kansas, mientras que las turbinas eólicas se perciben como un capricho de las élites costeras. La matemática electoral pesa más que los compromisos climáticos.
Para España, el impacto va más allá de Iberdrola. La Unión Europea aspira a liderar la transición energética global, pero si su principal aliado atlántico compra las renovables para sustituirlas por gas, los objetivos verdes se vuelven papel mojado. La administración, sin embargo, no necesita el permiso de Bruselas. La próxima batalla judicial —siete estados demócratas ya han demandado por violar la Ley de la Plataforma Continental Exterior— dirá si estos acuerdos son legales. Mientras tanto, Washington sigue su hoja de ruta.
Ficha del Caso
- El caso: El Departamento del Interior ha gastado 2.700 millones de dólares para recomprar concesiones eólicas marinas y cancelar nueve proyectos en las costas Este y Oeste, redirigiendo los fondos a infraestructuras de gas y petróleo.
- Datos clave: Casi 2.700 millones desembolsados en cuatro acuerdos entre marzo y junio de 2026; TotalEnergies, Invenergy y Duke Energy, principales afectadas; Fondos obligatoriamente reinvertidos en combustibles fósiles.
- Para España: Aunque Iberdrola (a través de Avangrid) se ha librado por ahora de la cancelación en Vineyard Wind, la política de recompra mina la confianza de las empresas españolas en el mercado renovable estadounidense y pone en riesgo futuras inversiones.
