La Generalitat Valenciana ha sacado a licitación un servicio de intervención urgente antiokupación para su parque público de viviendas con un presupuesto de 796.831 euros y un tiempo máximo de respuesta de una hora.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consell ha licitado un contrato para desalojar okupas de viviendas públicas en menos de una hora, con un valor de 796.831 euros.
- ¿Quién está detrás? La Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA).
- ¿Qué impacto tiene? Busca recuperar el 13% de las 14.500 viviendas del parque público que están ocupadas ilegalmente, agilizando la respuesta a las familias vulnerables en lista de espera.
Así funciona el nuevo dispositivo antiokupación
El servicio, que operará las 24 horas durante todo el año, se activará ante cualquier aviso de ocupación o intrusión con un tiempo máximo de respuesta de una hora. La empresa adjudicataria deberá contar con un equipo multidisciplinar formado por un coordinador jurídico y al menos tres inspectores técnicos, además de vehículos y equipos informáticos.
Actualmente, la EVHA gestiona 14.500 viviendas del parque público en la Comunitat Valenciana, de las que el 13% están ocupadas de manera ilegal.
Un plan más amplio contra la ocupación de vivienda pública
Este nuevo servicio se enmarca en una estrategia integral que la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad impulsa desde el inicio de la legislatura. A principios de 2026, la Generalitat adjudicó la instalación de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas del parque público, con una inversión de 4.743.200 euros.
Desde julio de 2023, se han realizado 1.231 actuaciones para impedir el asalto de viviendas, que incluyen descerrajados, tabicados, cambios de puerta y la instalación de 608 puertas antivandálicas. Asimismo, se ha reforzado la seguridad privada en grupos de vivienda para frenar el uso indebido de garajes y la okupación de inmuebles vacíos.
El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 30 de julio de 2026, según recoge la Plataforma de Contratación del Estado. El contrato tendrá una duración inicial de tres años y podrá prorrogarse por dos más.
La Generalitat busca cerrar la brecha entre la vivienda pública disponible y las familias que esperan, con contundencia jurídica y rapidez operativa.
El Escenario Valenciano
La licitación refuerza el discurso del Partido Popular en materia de vivienda y okupación, una de las banderas del pacto de gobierno con Vox. Mientras la coalición recalca la necesidad de proteger la propiedad pública, la oposición formada por PSPV y Compromís advierte de que la solución pasa por aumentar el parque de vivienda social y no tanto por medidas coercitivas. Sin embargo, el dato del 13% de ocupaciones ilegales en viviendas de la propia Generalitat da munición al Ejecutivo autonómico para justificar la urgencia.
A escala nacional, la okupación sigue siendo un asunto de confrontación política. El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por una vía más garantista con la Ley de Vivienda, mientras que el PP insiste en reformas legislativas que agilicen los desalojos. El Consell de Mazón, con acciones como esta, se alinea con el discurso de su partido a nivel estatal y manda un mensaje a sus bases conservadoras.
La previsión es que la empresa adjudicataria empiece a operar antes de final de año, una vez culminado el proceso de contratación. El seguimiento del servicio se medirá con indicadores de transparencia y evaluación continua. La clave estará en si logra reducir de forma efectiva el porcentaje de inmuebles okupados sin descuidar la atención a las más de 1.800 familias que aguardan por una vivienda pública en las listas de demanda.
Ficha del Caso
- El caso: La Generalitat Valenciana licita un contrato de 796.831 euros para un servicio de intervención inmediata que recupere viviendas públicas okupadas en menos de una hora.
- Datos importantes: 14.500 viviendas del parque público, 13% okupadas ilegalmente; equipo con coordinador jurídico y tres inspectores; contrato de 3 años prorrogable; respuesta máxima de una hora.
- Resumen: El Consell intensifica su lucha contra la okupación en el parque público con una medida que combina celeridad y refuerzo técnico, en un contexto de tensión nacional por la política de vivienda.
